• Caracas (Venezuela)

Marta Colomina

Al instante

Gobierno asfixia a medios para silenciar sus delitos

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A medida que se acelera el deterioro del régimen de Maduro dentro y fuera de Venezuela, y la crisis económica, política y social crece impulsada por la corrupción e incapacidad oficiales, la iracundia del gobierno estalla contra imaginarios “enemigos terroristas que conspiran” contra la inexistente estabilidad democrática, y acusa a los pocos diarios y medios críticos que sobreviven al acoso oficial, de ser los grandes instigadores de ese desprestigio que ya luce imparable ante la debacle del país y las groseras ofensas que Maduro profiere a diestra y siniestra contra mandatarios y figuras públicas nacionales e internacionales que han expresado su rechazo a la violación de derechos humanos en Venezuela y solicitado la liberación de los presos políticos.

A un gobierno cuyos altos cargos son señalados por organismos internacionales de violación de derechos humanos, corrupción desmedida y lavado de capitales, para cuyos delitos han utilizado pasaportes diplomáticos emitidos por la Cancillería venezolana a nombre de “asesores” con antecedentes penales por tráfico de drogas al supuesto servicio de un ministro y hasta del jefe de la División Antidrogas (como demuestra la documentación de la Fiscalía y policía de Andorra) le urge silenciar a los medios críticos, para que no conozcamos esos delitos y los que abultan el dossier del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y la triangulación de capitales entre Venezuela, Panamá y Andorra con dinero de Pdvsa. Mientras otros países petroleros ahorraron durante la bonanza de los precios del crudo, el chavismo dilapidó a manos llenas recursos que habrían alcanzado 1,5 billones de dólares entre ingresos fiscales y petróleo. El régimen endeudó al país, destruyó la agricultura y la industria y derrochó esa fortuna en regalos a sus compinches; en chatarra militar para guerras e invasiones imaginarias, y en las cuentas de boliburgueses en paraísos fiscales que ahora salen a flote. La hegemonía comunicacional y la censura han venido silenciando la enorme corrupción sobrevenida con la bonanza. Tareck el Aissami, gobernador de Aragua, acaba de reconocer que Chávez le pidió silenciar la gran corrupción de Rafael Isea, su antecesor en el cargo, hoy testigo protegido en Estados Unidos y presunto responsable del milmillonario desfalco de las notas estructuradas y otras grandes corruptelas cuando fue ministro de Economía, que también fueron permitidas a otros muchos militares y civiles rojos. Ahora Maduro está liquidando los activos del país: el BCV acaba de empeñar el oro de las reservas por 1 millardo de dólares. Mucha gente pasa hambre, como revela la encuesta Encovi (UCV-USB y UCAB): 80% dice que no le alcanza el dinero para comprar comida; 11,3% hace 2 comidas o menos diarias; la lista de alimentos más comprados son harina, arroz y pan, mientras que alimentos ricos en proteínas, como el huevo o las sardinas, ya no están en la lista de los más consumidos. El pueblo sustituye la carne con mortadela. La pobreza subió a 48% mientras Maduro insulta a Fedecámaras (“oligarquía especuladora, parásita, ladrona, que tiene los hilos de distribución de productos y los esconden”). Gran mentira, porque es el gobierno el que tiene el control de la distribución de alimentos, cuyas plantas no producen ni harina de maíz ni nada. Los que producen son los empresarios, a quienes se les niegan los dólares que acaparan las empresas rojas de maletín. Maduro asfixia a los diarios críticos al negarles la compra del papel que necesitan, mientras los pasquines rojos lo tienen por toneladas. El Nacional, Tal Cual, El Carabobeño, El Correo del Caroní y otros agonizan sin papel por no haberse rendido ante el poder. La arremetida es general: Conatel abrió un proceso al programa 100% Venezuela, de Televen, por “contener mensajes para ofender al pueblo de Venezuela, para humillar y descalificar”, cuando en realidad el programa  es una de las pocas ventanas que tiene el pueblo llano para testimoniar su opinión sobre la inseguridad reinante o los pésimos servicios públicos, o  solicitar ayuda para sus muchos problemas generados por la desidia oficial y la pobreza. Todos los directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla fueron demandados por Diosdado Cabello por haber publicado unas declaraciones hechas por su ex jefe de escoltas, Leamsy Salazar, hoy testigo protegido en Estados Unidos, aparecidas en el ABC de España. Lo que se hace en democracia es pedir un derecho de réplica y demostrar la posible falsedad de lo publicado, aunque nos tememos que el fin de esa demanda no es restaurar “el buen nombre” del demandante, si no amedrentar y hasta cerrar las únicas ventanas democráticas que nos quedan.

Ocho demandas judiciales ha sufrido Tal Cual. En su editorial “Diosdado, no te tememos”, relata cómo los jueces rojitos cumplen el objetivo del poder, que siempre ha sido el mismo: “Silenciarnos, que nos autocensuremos, que seamos complacientes con el gobierno. Que aceptemos, apoyemos y ocultemos la violación permanente de la Constitución; que miremos para otro lado ante la profusa e intolerable corrupción (...) que aceptemos la pretensión de convertir a Venezuela en un cuartel. Que seamos cómplices ante la creciente violación de los derechos humanos”. Y concluye: “No nos vamos a autocensurar (...) Seguiremos dando la pelea. Los venezolanos demócratas pueden tener la plena seguridad de que seguiremos diciendo las cosas claro y raspao”.

¿Vamos a seguir indiferentes y dejar a estos medios y directivos valientes a merced de la furia delictiva de un gobierno sin apoyo popular y violador de nuestros derechos? Nunca como ahora la protesta pacífica en defensa de los medios fue tan necesaria y tan justificada.