• Caracas (Venezuela)

Maritza Izaguirre

Al instante

Violencia desatada

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En las últimas semanas la prensa día a día a no deja de recoger los acontecimientos violentos que acompañan en el presente la vida de los venezolanos. Delitos comunes, secuestros, robos y atracos que conducen al asesinato de las víctimas, policías atacados y condenados por llevar un uniforme y cumplir con sus responsabilidades, por un lado y por el otro miembros de las fuerzas del orden, investigados por estar involucrados en secuestros, robos y asesinatos, más la queja común de que los involucrados en múltiples eventos, luego de ser capturados, debido alas debilidades del sistema judicial, que dificultan el proceso correspondiente llevan a que muchos de los inculpados, luego se incorporan en corto plazo, de nuevo a las actividades delictivas, incluso cometiendo actos de venganza contra el que denuncio el delito.

Preocupa la violencia desatada, la crueldad de los actos, la juventud de víctimas y victimarios y las consecuencias de la situación: inseguridad, temor, incertidumbre, familias afectadas, quebradas, hijos, padres, nietos, sobrinos, al que se le quita la vida en un acto de violencia en una situación que luce totalmente fuera de control.

Datos señalan la desconfianza ante la autoridad, el sistema de justicia y la percepción de que el problema se ha escapado de las manos, que en barrios y comunidades la gente confía más en sus vecinos que en la protección que puedan prestar las fuerzas del orden, y concluyen que los esfuerzos realizados por el gobierno nacional no han logrado los objetivos previstos, puesto que la violencia se mantiene ahora acelerada por las dificultades asociadas a la pérdida del salarios real consecuencia de la inflación galopante, la escasez y el desabastecimiento, que tienden al fomento de los delitos económicos, tales como estafas, lavado de dinero, poca transparencia en el uso de los recursos públicos y conductas ilegitimas ante el abuso de los controles y limitaciones impuestas por la política oficial.

Es por eso que Roberto Briceño León, responsable por el capítulo sobre “Seguridad Personal” en la Encuesta sobre Condiciones de Vida, llevada a cabo por las universidades, Católica Andrés Bello, Simón Bolívar y la Central, a finales del año 2014, define claramente que la seguridad responde al derecho a la vida, a la integridad física, a una vida libre de miedos y lo más importante al derecho a la libertad y que luego de analizar los resultados de dicha encuesta finaliza con el siguiente párrafo: “En Venezuela unos pierden la vida; otros los sobrevivientes, hemos perdido la calidad de la vida y la libertad”.

Triste pero cierto, por lo tanto como sociedad debemos reaccionar, el problema es general, la violencia y criminalidad nos afecta por igual a todos, debemos exigir y reclamar por la presencia de un sistema de seguridad eficiente y eficaz, que responda y actúe con honestidad y transparencia a todos los niveles, nacional, estadal, municipal y comunitario.

Se requiere por lo tanto un cambio profundo en las políticas públicas y en la manera de enfrentar la violencia y criminalidad desatada que tanto nos cuesta en nuestra calidad de vida.