• Caracas (Venezuela)

Maritza Izaguirre

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Maritza Izaguirre

Protesta y represión

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En las últimas semanas hemos sido testigos de múltiples incidentes, en los cuales la fuerza pública interviene con violencia para restablecer el orden. Sin embargo, en muchos de ellos se trata de confrontar protestas repetidas en la cotidianidad del día a día a lo largo y ancho del país. Consecuencia, entre otros, del deterioro creciente en las condiciones y calidad de vida de la población, tal como lo demuestran las cifras sobre la inseguridad, el desabastecimiento y la inflación acelerada, que disminuye el poder adquisitivo del salario y provoca angustia y desesperanza. Ello conduce al legítimo reclamo de la ciudadanía por un futuro mejor, en el cual se respeten a cabalidad sus derechos, de allí la legitimidad de la protesta.

Es este contexto, los jóvenes líderes del movimiento estudiantil han ejercido su derecho, consagrado en la Constitución, de convocar a la movilización sin violencia, organizando marchas, caminatas, concentraciones, ocupación de espacios públicos, y han recibido el respaldo de buena parte de la sociedad civil.

Sin embargo, esta conducta ejercida en calles y plazas, con el argumento de que alteran el orden público, ha provocado la represión oficial y laintervención con fuerza y violencia, el irrespeto a los derechos individuales de los afectados, lo que se ha traducido en muertos y heridos, cientos de detenciones, apertura de procesos legales y a cuestionadas actuaciones por parte de fiscales y jueces. Se obstaculiza la actuación oportuna de las ONG especializadas responsables de la defensa de los derechos humanos. De allí que en la actualidad, ante la angustia de sus familiares, se encuentran involucrados cientos de jóvenes y adultos, sujetos a diversos procedimiento legales, con la esperanza de lograr una pronta decisión sobre sus casos.

Lo sucedido destaca la importancia de la presencia en la calle del movimiento estudiantil, donde su participación apoya no solo los reclamos ciudadanos sino que exige a la autoridad respeto a la movilización, y, además, los  cambios necesarios para superar la ineficiencia de la gestión oficial, que se refleja en el deterioro del entorno, en la debilidad del marco institucional y en la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, que aspiran a construir un  país diferente, que facilite la verdadera participación e inclusión social y económica, y para ello tienen el legítimo derecho de luchar por un futuro mejor, en el cual se respete el Estado de Derecho, sin represión ni violencia, donde podamos convivir  en paz y democracia.