• Caracas (Venezuela)

Mariano De Alba Uribe

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Poderes independientes: ¿tarea imposible?

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A medida que avanza el proceso de selección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, uno se pregunta: ¿podrán existir algún día un TSJ y un CNE verdaderamente independientes?

La pregunta es, primero, pertinente porque, como se ha hecho más que evidente durante los últimos años, un número más que considerable de los magistrados y rectores del TSJ y el CNE, respectivamente, han demostrado de manera recurrente que en vez de responder a la Constitución y las leyes, actúan conforme a las directrices del Poder Ejecutivo o el partido de gobierno. Lo peor del caso es que este grave problema no surgió desde el año 1999 sino que se ha venido presentando en nuestro país desde tiempos inmemoriales.

Segundo, en estos momentos, la politización de la justicia y de la administración de procesos electorales dice presente cuando lamentablemente se observa que el procedimiento ante los comités de postulaciones en la Asamblea Nacional se va a limitar a una mera repartición de las vacantes disponibles entre facciones políticas.

Un indicio de este hecho son las candidaturas de la exministra Delcy Rodríguez para el TSJ o la del hasta hace nada secretario ejecutivo encargado de la MUD, Cristóbal Fernández Dalo, para el CNE.

¿Deberían personas tan vinculadas a tendencias políticas ser candidatas y eventualmente servir en instituciones tan importantes como un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Nacional Electoral? O, peor aún, ¿deben negociarse políticamente los integrantes de dichos poderes entre los distintos grupos políticos que hacen vida en el país?

Las respuestas a esas preguntas deben necesariamente ser negativas. Sin embargo, ello tampoco significa que se pretenda que las personas que ocupen esos cargos sean apolíticas.

En realidad, lo que se pretende es que los futuros magistrados del TSJ y los rectores del CNE sean personas con altísimas calificaciones técnicas para ejercer esos cargos, habiendo demostrado por un período considerable de tiempo no solo una intachable conducta ética, sino un verdadero compromiso en el área jurídica y electoral, correspondientemente.

Pero más importante aún, los integrantes del TSJ y el CNE no solo deben ser independientes de influencias externas al ejercer su cargo, sino que también deben parecer que son independientes. Esto es así porque un tribunal o un ente que administra procesos electorales solo cumplirá su función si es aceptado por la ciudadanía. Dichas instituciones deben contar con la confianza de los ciudadanos de que efectivamente son entes que actúan imparcialmente. Es decir, la única fuente de verdadero poder que pueden y deben tener esos poderes es el respeto de todos los venezolanos.

Por ello, el simple hecho de que en todo el espectro político se pretenda nominar (y eventualmente nombrar) a personas que incluso pudiendo tener las mínimas calificaciones técnicas para ejercer el cargo, responden (o al menos dan la impresión de responder) evidentemente a los intereses de una facción política, demuestra lo lejos que está Venezuela no solo de cumplir lo que prevé su Constitución, sino de sentar las bases fundamentales de un sistema que pueda permitir el verdadero desarrollo del país.

Adicionalmente al nombramiento de personas idóneas e imparciales para tales cargos, deben existir también otras garantías para asegurar el correcto funcionamiento de poderes públicos como el TSJ y el CNE. Por ejemplo: (i) una remuneración adecuada, (ii) la inexistencia de la posibilidad de que el funcionario sea removido de su cargo en caso de tomar una decisión ajustada al ordenamiento jurídico pero contraria a intereses políticos y (iii) transparencia en el ejercicio de esas funciones, lo que no es otra cosa que el derecho de la ciudadanía a observar y vigilar cómo magistrados o rectores ejercen sus funciones.

Todos los elementos descritos anteriormente no existen al día de hoy en Venezuela. Y, lamentablemente, seguirán siendo ficción hasta tanto terminemos de entender que incluso un TSJ (o un CNE) con vacantes finalmente divididas de mutuo acuerdo por los distintos grupos políticos lo único que logrará profundizar es el evidente atraso que existe en nuestro país.