• Caracas (Venezuela)

Mariano De Alba Uribe

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Mariano De Alba Uribe

Democracia, diálogo y no intervención

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La inaceptable detención de Antonio Ledezma ha puesto en evidencia, una vez más, la naturaleza dictatorial del régimen que gobierna Venezuela. Si bien algunos consideran exagerado hablar de dictadura, lo cierto es que con la detención del alcalde metropolitano (y con muchos otros lamentables episodios que suceden día a día en nuestro país) se hace evidente que estamos ante un gobierno que prescinde de al menos una parte del ordenamiento jurídico vigente para ejercer su autoridad. Y eso es dictadura.

Dentro de la oposición, algunos piensan que calificar al régimen de dictatorial supondría admitir que no se le puede enfrentar por la vía electoral. No obstante, existen motivos para diferir de esa tesis. Primero, es totalmente ilógico que mientras se sigan convocando a elecciones, quienes adversan a la dictadura dejen de participar, pues es una manera más de demostrar tangiblemente el descontento que existe. Para muestra, el plebiscito de 1998 en el cual fue derrotado Augusto Pinochet. No votar significaría simplemente facilitarle el trámite al régimen, el cual no tendría que realizar ninguna artimaña para alterar la voluntad popular en todo o en parte.

En segundo lugar, la participación en la ruta electoral no tiene por qué ser el único mecanismo de resistencia que utilice la oposición. No obstante, sí puede ser el más efectivo porque estamos ante un gobierno que pierde cada vez más el apoyo popular.

Por último, hay que tomar en cuenta que la situación del régimen en el ámbito internacional se encuentra cada vez mucho más comprometida. Por eso, desde el Ejecutivo nacional hasta el Tribunal Supremo de Justicia se aferran a invocar el principio de no intervención en los asuntos internos, argumentando que ningún país de la comunidad internacional tiene la legitimidad para juzgar los eventos que suceden en nuestro país.

El problema que tiene el régimen es que esa visión retrógrada de las relaciones internacionales no solo es errada sino que, con el devenir de los acontecimientos, cada vez tiene menor acogida en el continente americano. Venezuela ha firmado y ratificado instrumentos internacionales que exigen el mantenimiento de la institucionalidad democrática y obligan a los Estados del hemisferio a actuar en caso contrario.

Como bien sabemos, pese a episodios muy graves que han sucedido en el pasado, la comunidad internacional no ha actuado porque esos instrumentos condicionan la respuesta de instituciones como la OEA o el Mercosur a la voluntad política de los gobiernos de los países miembros. Pero hoy la gran mayoría de los países de América Latina son más conscientes de la manera autoritaria en que actúa el gobierno venezolano y los riesgos que supone seguir permaneciendo impávidos ante una situación que se está agravando a niveles sin precedentes.

En las próximas semanas, veremos cómo distintas organizaciones internacionales realizan nuevamente llamados al diálogo entre los distintos actores políticos que hacen vida en el país. No obstante, una vez más, todo indica que dichos esfuerzos serán infructuosos porque estamos ante un gobierno que en realidad no quiere dialogar sino imponerse a la fuerza. Además, ya es evidente ante los ojos de un considerable número de países de la región que cualquier esfuerzo por dialogar debe estar precedido de la liberación de los presos políticos, cuestión que será muy difícil que sea aceptada por el régimen.

En consecuencia, las circunstancias exigen más que nunca el trabajo de una oposición unida que tiene que ser consciente de que no tiene margen de error. Desde el punto de vista internacional, toca redoblar los esfuerzos para informar detalladamente las arbitrariedades constantes del régimen, así como constituir un equipo que documente específicamente todas las irregularidades que se cometan antes, durante y después de las elecciones parlamentarias.

La comunidad internacional no va a solucionar la crisis que existe en el país, pero sí puede tener la llave que logre frenar riesgos crecientes como el retraso o cancelación de las elecciones. Asimismo, continúa representando la mayor piedra de tranca para que se produzca un desenlace anticonstitucional que termine de instaurar un régimen netamente militar en el país.