• Caracas (Venezuela)

María Yanes

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María Yanes

Organizaciones de pacientes se hicieron sentir

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El 16 de este mes acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organizaciones de pacientes de gran importancia como: Amigos Trasplantados de Venezuela, Acción Solidaria en VIH /Sida, Asociación Venezolana para la Hemofilia, de Drepanocitosis y Talasemias, la Fundación de la lucha contra el cáncer de mama (Fundacamama) y la Asociación civil Senos Ayuda. Todas estas organizaciones forman parte de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) la cual también estuvo presente en tan resaltante audiencia, cuyo objetivo principal era precisamente la defensa del derecho a la salud y a la vida, obligación contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en convenios internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, económicos y culturales (PIDESC). En esta ocasión, se hizo entrega de un extraordinario informe con bases sólidas y argumentos totalmente creíbles y demostrables, donde se defiende el derecho humano más sagrado: el derecho a la vida. Una acción como esta es respetada en la mayoría de los países del mundo, por lo que debe serlo también en nuestro país. La CIDH es un “es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA, encargado de la protección y defensa de los derechos humanos en el continente americano”, creada en 1959, instancia que además de autónoma, objetivo e imparcial, a nuestro juicio y debe cumplir estrictamente el papel para lo cual fue creada sin dejarse influenciar por factores externos y políticos.

Quisiera resaltar lo contemplado en el informe presentado y entregado a tan importante organismo internacional. Se realizó un análisis muy completo y detallado del incumplimiento del Estado venezolano a la garantía del derecho a la salud y a la falta de consolidación de un sistema público nacional de salud del cual adolece nuestro país. Este sistema debería ser “descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social” y tal como lo contempla dicho informe, que incluya fuentes de financiamiento, y esto es texto de nuestra carta magna en sus artículos 84 y 85. Además, señala dicho informe que en 15 años no se ha promulgado la Ley Orgánica de Salud que garantiza el cumplimiento de las normas constitucionales, por cierto deuda pendiente de este gobierno. También analiza con bases bien documentadas la situación de los servicios de salud actualmente, como el deterioro de los centros hospitalarios, la disminución importante de las camas operativas en dichos centros, el déficit del personal de salud y la grave escasez de insumos médicos y quirúrgicos que se ha venido exacerbando desde el año 2013 y que en los actuales momentos ha incidido en la suspensión de cirugías electivas y de emergencia y que también ha afectado a otras áreas de servicio como radiología, laboratorio y bancos de sangre.

Se enfatiza igualmente en la crisis de desabastecimiento del sector salud lo que concierne al acceso de medicamentos para todo tipo de pacientes, pero algunos vitales para aquellos que representan estas organizaciones. El informe describe la situación de las personas en riesgo como pacientes con patologías cardiovasculares que ameritan la implantación de marcapasos o stent coronarios. Por ejemplo, la falta de atención oportuna y adecuada de las embarazadas y recién nacidos, de 15.000 personas con problemas renales que ameritan diálisis y no reciben las condiciones mínimas de confort, salubridad, insumos médicos y exámenes rutinarios de sangre, la falta de unidades de diálisis para esta gran demanda de pacientes.

Además, la lista de 5.000 personas en espera de trasplante y que el Ministerio de Salud decidió desde el año 2013, de manera no planificada, encargarse de la procura de órganos y tejidos. Sumo a esto las personas con afecciones como linfomas y mielomas múltiples, cáncer, VIH/Sida y patologías más frecuentes como la hipertensión y diabetes en relación con el acceso de manera muy irregular los tratamientos que requieren y otras muchas situaciones de personas en  riesgo, se describen en este informe. Pero más allá del análisis de la crisis de salud, la cual es inocultable, se hicieron las recomendaciones pertinentes como “el abordaje urgente por parte del Estado de la situación del derecho a la salud actualmente como la toma de medidas oportunas y consistentes con el carácter urgente de las necesidades”. Preocupa la última nota de prensa de la CIDH con fecha 20 de marzo, expresando “su alarma ante intimidación en Venezuela contra las personas que acuden al sistema interamericano de derechos humanos”, hecho que debemos repudiar y rechazar. Ante esto último, la conclusión más importante: las organizaciones de pacientes se hicieron sentir en la defensa de sus derechos, expresando una real y cruda realidad sobre la salud actual en Venezuela.