• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

Al instante

El valor de los votos y el valor de las encuestas

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La presidente del Consejo Nacional Electoral ha señalado que ese órgano  “no cuenta encuestas, sino votos” (El Nacional, 7 de octubre de 2015).De acuerdo con la Constitución, al CNE compete organizar, administrar, dirigir y vigilar los procesos electorales y ciertamente la organización y administración de dichos procesos puede incluir que éste se reserve el conteo de los votos.

Sin embargo, todas las competencias del CNE están supeditadas a su obligación de garantizar que en las elecciones que él organice se respeten los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia (artículos 292 y 293 de la Constitución).

Por ello cuando son las encuestas las que evidencian que tales principios no son debidamente satisfechos por el CNE, éste debe prestarles también a ellas cierta atención. Después de todo las encuestas son estudios de opinión pública.

La Constitución del 99 se caracteriza por la relevancia que a la contraloría social y participación ciudadana se le ha otorgado. En este sentido, la reprobación de la gestión del CNE mostrada en las encuestas es cuestión que el órgano no debe desechar ni descalificar. Dentro de sus obligaciones está oírlas, analizarlas y tomar los correctivos necesarios para que el ciudadano tenga confianza en la eficiencia y pulcritud del desempeño institucional.

Así, por ejemplo, el estudio de opinión pública cuantitativo denominado “Percepciones ciudadanas del sistema electoral venezolano”, en un muestreo realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, entre septiembre y octubre de 2014, indicaba que para ese momento 56,2% de los venezolanos desconfiaba del CNE y 75,6% afirmaba haber presenciado al menos una de las siguientes irregularidades durante los procesos electorales: autoridades del Estado obligando a votar por un partido político, propaganda electoral en instituciones del Estado o uso de automóviles del Estado movilizando gente, y 4 de cada 5 consideraba que esas irregularidades debían ser castigadas. Por lo que se refiere al principio de igualdad, en dicho estudio se muestra que  63,5% opinaba que “en las elecciones los candidatos opositores no tuvieron las mismas oportunidades ni los mismos recursos que los de gobierno” y 63,3% consideraba que las cadenas presidenciales durante la campaña electoral son ilegales y debían ser restringidas.

 

Estos y otros muchos aspectos aparecen analizados en el referido documento, y siendo que la encuesta es un instrumento de investigación científica para estudiar el estado de la opinión pública sobre un determinado asunto, que la misma fue realizada por una prestigiosa institución universitaria, y que en ella se demuestra la falta de confiabilidad en los procesos electorales organizados por el CNE, es necesario que la preocupación de los directores del órgano comicial no se restrinja a contar los votos, sino a realizar las acciones necesarias para que se cumpla con la norma constitucional antes indicada, y los procesos electorales que administre el CNE estén dotados de “confiabilidad” y “eficiencia”.

Nótese que la ausencia de confianza en el CNE resta eficiencia a los procesos electorales y pone al órgano electoral al margen de los principios constitucionales que lo rigen. El CNE debe ser un órgano estrictamente técnico, por lo cual no es admisible que trate de desconocer o descalificar las encuestas con otras encuestas o con el discurso encendido de la contienda política, sino que como órgano independiente al servicio objetivo de la ley y el interés público, debe tomarlas en cuenta para cumplir con el fin de la mencionada confiabilidad.

La afirmación de que el CNE sólo cuenta votos implica un reconocimiento de que no presta atención a todas las otras líneas de acción que está obligado a tomar para que su labor no sea la de un mero contador de votos sino la del garante necesario de la igualdad de las condiciones de la participación y la veracidad de los resultados electorales.

Además, puede ser que precisamente el conteo de los votos que realiza el CNE a través de máquinas de votación, mediante la transmisión de la data, en un país en el que el Gobierno controla las comunicaciones, impongan que el CNE complemente la necesaria vigilancia e incluso la consideración de la vuelta al conteo manual, donde quien cuente no sea el CNE sino los miembros de mesa, de forma pública y con la participación de la representación política de todas las tendencias de la competencia electoral y observadores imparciales, a modo de promover la confiabilidad que se ha mermado en los últimos tiempos.

Claro está que este planteamiento se considera válido en democracia, donde las propuestas no son vistas como actos conspirativos sino como la manifestación de la libertad de opinar. Quizá podría el CNE hacer una encuesta sobre este tema: quién debe contar los votos?, siempre que esté el órgano dispuesto a analizar la opinión pública que en ella se vierta y no restar sin más el valor que este instrumento de investigación aporta para la toma de las necesarias decisiones.