• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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El presidente empresario

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En su intervención en el cuarto encuentro entre jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y los Países Árabes celebrado recientemente en Riad, el presidente venezolano se pronunciaba por la necesidad de crear una fórmula que permita establecer un precio justo de los hidrocarburos. En este caso, el presidente empresario clamaba porque el precio justo fuere el que mayor beneficio otorgase a nuestro país, exigiendo estabilidad en los precios y protestando por los efectos negativos de la baja de los precios de nuestro principal producto de exportación. También se quejaba de la injusticia de que no sea quien invierte y produce el petróleo, es decir, el Estado empresario, el que fija los precios, sino que ello lo hagan otros.

Contrariamente a esta posición, cónsona con la de quien apuesta por el éxito económico de la empresa petrolera, se ha dictado recientemente una nueva Ley de Precios Justos en la cual, precisamente, otros y no los empresarios seguirán siendo quienes fijen los precios de los bienes y servicios en Venezuela. También contrariamente a la postura presidencial en su papel de empresario, la ganancia del sector privado nacional debe ser la mínima posible, y el precio debe conducirse a la baja, sin importar en este caso los efectos negativos, porque, aquí, el empresario es otro.

Así como en lo internacional reclama el jefe del Estado que el precio del producto petrolero debe ser suficiente para tener ganancias que permitan la reinversión y la disposición de beneficios que promuevan una estabilidad económica, hacia lo interno leyes y ejecutorias del gobierno van dirigidas a un ataque sistemático a los elementos que conforman la libertad de empresa y el derecho de todos al acceso a bienes y servicios de primera necesidad, con políticas que arruinan al sector privado, producen el desabastecimiento, y en general crean una condición económica de inestabilidad que afecta por igual a toda la población.

La reciente ley tiene de forma y de fondo defectos, así como las mismas y nuevas inconstitucionalidades que las que aquejaban a la derogada. Para empezar por la forma, no cabe una nueva ley para modificar aspectos de una anterior, para ello el mecanismo es la reforma parcial, cuestión que abona a la seguridad jurídica al facilitar la comprensión del alcance de la nueva regulación. Es decir, en la reforma parcial con solo leer los artículos modificados puede tenerse certeza del cambio producido en la regulación.  Al hacerlo dictando una nueva ley, han de leerse los dos textos al alimón para descubrir los cambios. Oscuridad y no claridad en la regulación.

Entre los nuevos aspectos que destacan en la nueva legislación se encuentra la fijación de un tope máximo a la ganancia, y una mayor penalización a los comerciantes. Pero de gravedad extrema es que esta nueva ley pone de manifiesto la desviación del poder para establecer regulaciones mediante la distorsión de los conceptos. Así se ha reconocido que con esta ley se trata de utilizar el concepto de “patrimonio público” para posibilitar confiscaciones de bienes que de no asociarse a esta noción estarían prohibidas por la Constitución.

El artículo 116 en efecto prohíbe la ejecución de confiscaciones de bienes, “salvo en los casos permitidos por esta Constitución”. Solo por vía de excepción se permite la confiscación, “mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”.

La ley incluye la confiscación cuando se determine el detrimento, directo o indirecto, del patrimonio público, cuando lo que la Constitución dispone es que debe tratarse de un delito contra el patrimonio público, los cuales están definidos como tales en el Código Penal y otras leyes penales.

Existe en efecto toda una distorsión normativa cuando el Estado trata de imponer un sistema económico contrario al previsto en la Constitución. El vicepresidente dice que la ley combate a la burguesía astuta que genera especulación y escasez cuando lo cierto es que son este tipo de normas y políticas estatistas las que producen los efectos negativos denunciados.

Por ello, el que ahora se utilice la noción de patrimonio público como una especie de concepto jurídico indeterminado, que no lo es, para abrir la vía de la interpretación administrativa y posibilitar nuevas confiscaciones de bienes de los comerciantes es totalmente inconstitucional.

Astuto es el uso de esta norma constitucional que limita el decomiso, poniendo de relevancia la importancia de la propiedad privada y la garantía constitucional a su protección, para utilizar el concepto “patrimonio público” dividido del “delito contra el mismo” e insertarlo en las regulaciones económicas a modo de establecer mayores sanciones y continuar con esta política de inestabilidad del sistema económico que ha llevado a una sustitución equivocada del Estado en la actividad que corresponde a los empresarios privados, en la producción, comercialización de bienes y servicios.

Así que para el Estado empresario se piden precios producto de la cartelización de los países productores del petróleo para la fijación de los mayores precios posibles, en tanto que para el comercio interno todo lo contrario y hasta se advierte sin pudor “que les quede claro a los comerciantes honestos –indica el vicepresidente– está prohibido utilizar en sus etiquetas el término precio justo”, “que eso es una facultad del presidente Nicolás Maduro”. (El Nacional, 21 de octubre de 2015).