• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

La omisión legislativa no es un instrumento político

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El recurso de omisión legislativa es un instrumento jurídico, no político. Está previsto en la Constitución del 99 entre las competencias de la Sala Constitucional, y es una figura que no hemos inventado en Venezuela, está establecida en muchos ordenamientos extranjeros (Alemania, Brasil, Bolivia, España, México, entre otros). Es, por tanto, una institución que tiene características propias, que debe ejercerse con un objetivo particular y tiene límites, es decir, que está diseñada con un objetivo específico: garantizar que la Constitución se aplique aun en aquellos casos en los que el Parlamento ha omitido dictar las normas que ella ordena sean dictadas en una materia concreta.

La omisión legislativa supone una ausencia de normas, de leyes que el legislativo debe necesariamente dictar por así disponerlo la Constitución, y al haberlas omitido entonces se contempla que el tribunal constitucional pueda, si se intenta un recurso de omisión legislativa, hacer aplicable esa norma constitucional a un caso concreto, mediante el uso de las técnicas jurisdiccionales de interpretación e integración del derecho. No está previsto que el tribunal dicte las normas omitidas, porque nunca se aceptaría en un Estado democrático de derecho que un cuerpo distinto al Parlamento, que es el representante de la voluntad general, sea el que haga las leyes, es la esencia de la soberanía popular.

Abundante es la doctrina y jurisprudencia constitucional que señalan que el tribunal debe, mediante el recurso de omisión legislativa, remediar la indiligencia normativa del legislador solo con las técnicas de la jurisdicción. El tribunal constitucional español ha dicho que él es en efecto el intérprete supremo de la Constitución, pero que no es legislador. Lo mismo aplica para nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Pero la Asamblea tiene, además, otras competencias políticas que no se traducen en leyes o normas, sino en actos de control, de autorización, de aprobación, de nombramiento. Así es que a ella le corresponde, entre otros, nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral.

Pretender usar el recurso de la omisión legislativa que se refiere a la ausencia de normas para que sea la Sala Constitucional la que realice esta selección, y así soslayar el inconveniente que se causa al no tener un grupo político la mayoría calificada requerida, sería totalmente inconstitucional, antidemocrático y evidentemente un uso político de una institución jurídica creada para un fin distinto.

Si es claro que la norma no la puede dictar el juez a través del recurso de la omisión legislativa, menos aún puede este sustituirse en el acto de nombramiento de tales cargos para los cuales la Constitución establece una mayoría especial, porque precisamente la Constitución requiere que se logre el consenso de las diferentes fuerzas políticas que hacen vida en el Parlamento, porque ellas representan las distintas tendencias que a su vez hacen vida en la sociedad venezolana, eso es democracia. Hacer uso de la omisión legislativa para evitar cumplir con el consenso que ella precisamente exige es burlar la voluntad constituyente.

El recurso de omisión legislativa está previsto en el artículo 336, numeral 7 de la Constitución, el cual prevé como competencia de la Sala Constitucional: “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección”.

Es indubitable que el recurso se refiere a la omisión normativa y que la Sala Constitucional no tiene competencia para dictar las leyes omitidas, solo la tiene para establecer lineamientos para su corrección. La omisión legislativa no es una cláusula que permite al Tribunal Supremo convertirse en el representante de la voluntad popular.

La Asamblea tiene la competencia exclusiva para hacer las leyes, excepcionalmente puede delegar unas materias concretas para que las desarrolle el presidente por decretos leyes. La Asamblea ha desvirtuado esta excepcionalidad dando poderes inconstitucionales e ilimitados al presidente para que este, una persona, un pensamiento, una voluntad, sea el que dicte las leyes con leyes habilitantes generales que constituyen una cesión total de las competencias normativas del Parlamento.

Ahora se plantea que el nombramiento de las autoridades del Poder Electoral se resuelva por el tribunal constitucional mediante el uso distorsionado del recurso de la omisión legislativa, que sean siete individuos, siete pensamientos y siete voluntades los que decidan lo que corresponde a nuestros cientos de representantes elegidos por la voluntad popular para, mediante el consenso político, designar a estas autoridades constitucionales del Poder Electoral.

Mientras en los países democráticos el debate jurídico se plantea para determinar y exigir el respeto a la actividad parlamentaria por parte de los otros poderes, en Venezuela tenemos un Parlamento con parlamentarios que no legislan y renuncian a su deber en beneficio del Poder Ejecutivo, un Parlamento con parlamentarios que no cumplen con sus competencias constitucionales de organización del poder político y pretenden cederlas al órgano jurisdiccional, porque no quieren someterse a las reglas de la democracia.

En conclusión, el uso del recurso de omisión legislativa para pretender transferir al Tribunal Supremo de Justicia las competencias del Parlamento porque no se cuenta con la mayoría constitucionalmente exigida en lugar de ceder al necesario consenso es absolutamente inconstitucional.