• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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La mediación política

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En el lenguaje común, la mediación significa la intervención de una “persona de confianza de quienes sostienen intereses contrapuestos, con el fin de evitar o finalizar un litigio” (RAE). Arbitraje, mediación y conciliación son instituciones jurídicas que sirven para el logro de la solución de controversias, sin necesidad de acudir a los órganos estatales a los que corresponde el ejercicio de la función judicial, lo cual encuentra regulación constitucional en el artículo 258 de la Constitución.

En el arbitraje un tercero designado por las partes decide la controversia. En la mediación y conciliación se busca también la solución de un conflicto, pero mediante el acuerdo de voluntades de las partes, con la intervención de “un tercero neutral con conocimiento y experiencia en la materia objeto de la disputa,  quien ayuda al restablecimiento de la comunicación entre las partes, favoreciendo así la obtención de un acuerdo mutuamente beneficioso que ponga fin a la controversia.” (Definición del Centro de Arbitraje de Venamcham).

La diferencia entre la mediación y la conciliación estriba fundamentalmente en que el mediador debe limitarse a acercar a las partes, a facilitar la comunicación, absteniéndose de proponer soluciones. El conciliador sí participa de forma activa y puede formular propuestas.

Aunque el término es jurídico, la mediación también se concibe en el plano político. La natural relación que existe entre política y conflicto favorece la aceptación de la mediación como una técnica para la solución de las diferencias. La mediación política se define como un instrumento que facilita la comunicación de las partes en conflicto para que por vía de acuerdos éstas puedan superar las diferencias o, al menos, mejorar la comunicación y relajar las tensiones de manera que se permita la construcción del camino de la convivencia pacífica.

La mediación política participa de las características esenciales de la mediación y, por ende, el papel del mediador es el de un facilitador en la negociación, en el mero acercamiento de las partes, debiendo abstenerse de intervenir con proposiciones o con opiniones personales acerca del objeto de la controversia. La solución corresponde a las partes no al mediador.

La mediación política por ende implica aspectos de decisión de las partes confrontadas, y por tanto, se caracteriza  por ser inclusiva, debe propenderse en efecto a que participen todas las partes involucradas. Además, el conflicto y la negociación debe hallarse en el ámbito de facultad de disposición de las partes, el acuerdo ha de ser aquel al que se llegue por virtud del procedimiento de negociación al que contribuye el mediador desde una posición imparcial.  Aunque hay que reconocer que en política se admite que esta imparcialidad pueda ser “sui generis”, es decir, matizada por la necesidad de un conocimiento profundo del problema, lo cual puede involucrar vínculos previos e incluso posiciones políticas determinadas.

Siendo ello así, aunque se aceptase la mediación de los ex presidentes cercanos al gobierno venezolano, la que pretende realizar el ex presidente Zapatero en Venezuela plantea al menos dos graves incongruencias que conllevan al fracaso irremediable de tal intervención.

La primera, pues propone una mediación no inclusiva, por un pretendido veto respecto de los líderes opositores Henrique Capriles y María Corina Machado (ABC, 3 de julio de 2016). No puede haber mediación si todas las partes en conflicto carecen de la posibilidad de participar en el procedimiento, que sea en este caso el propio mediador el que pretenda imponer esta limitación denota, o que se convierte en mensajero de los intereses de una de las partes, o que se involucra con sus propios intereses, distorsionando el rol del mediador.

La segunda incongruencia atañe al objeto de la mediación. La mediación política para el logro de procesos de paz entiende la existencia de un conflicto entre uno o varios grupos frente al ordenamiento jurídico existente, el cual está representado por el Estado y sus instituciones. Sin embargo, en este caso se plantea el supuesto inverso, el Estado en contra del ordenamiento jurídico que lo ata, y el grupo opositor, la otra parte en controversia, tratando de que el mismo se imponga.

Cómo entonces puede un procedimiento de mediación ser exitoso si el resultado no es el restablecimiento de la institucionalidad sino, por el contrario, la legitimación de un Estado actuando contra derecho.

La misma fuente antes citada  revela que “lo único que el chavismo les ha ofrecido es liberar a algunos presos políticos emblemáticos, como Leopoldo López, a cambio de evitar el referéndum revocatorio” (ABC, 3 de julio de 2016). Ambos son aspectos que no entran dentro del poder de negociación de las partes en el marco de un Estado de Derecho, pues el gobierno no puede reconocerse forajido, negociando la libertad de sus rehenes políticos, desde que la vía jurídica será la absolución o la amnistía y ninguna de estas acciones compete al Poder Ejecutivo.

De otra parte, la renuncia de la oposición a la activación del referéndum revocatorio implicaría la renuncia del derecho constitucional que pertenece a los electores que lo exigen y no a los líderes políticos que canalizan esta voluntad del cuerpo electoral.

 

Como todo en este mundo al revés que constituye el Estado en Venezuela bajo la vigencia de la revolución eterna, se está creando con este intento de mediación un instrumento para favorecer la arbitrariedad del poder en contra de sus ciudadanos, mediante la renuncia de sus derechos y la admisión de que el Estado no tiene que someterse al imperio de la constitución y la ley. Se utiliza la mediación de forma desviada, pues ella no puede ser el instrumento para negociar el ilegítimo accionar estatal, al amparo de tres ex presidentes, a quienes por cierto para sus países jamás se les ocurriría posibilitar la continuidad de la anarquía que plantea la inexistencia de un ordenamiento jurídico como forma de organizar la convivencia pacífica de sus poblaciones.

Esta atípica mediación debería en verdad tener como finalidad hacer entender a quien gobierna que la Constitución es para respetarla y que ninguna negociación podría dirigirse a justificar lo contrario.