• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

Una justa indemnización

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Destaco que los comentarios aquí contenidos son de orden jurídico y no político. En ese sentido, el éxito jurídico de Venezuela en el caso decidido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, en virtud de la demanda introducida por empresas del grupo Exxon Mobil contra la República Bolivariana de Venezuela es incuestionable.

En una demanda pecuniaria calculada en 16,8 millardos de dólares, el tribunal arbitral condenó a Venezuela al pago de 1,6 millardos, suma a la que debe deducirse la cantidad de 907 millones ya entregados por Pdvsa a las empresas en compensación por las medidas que afectaron los proyectos Cerro Negro, La Ceiba, y otras medidas expropiatorias producto de la nacionalización, mediante el esquema de la empresa mixta que se impuso en nuestra política petrolera.

En el tema del arbitraje en el derecho administrativo uno de los puntos que lo propugnan es precisamente facilitar la resolución de las controversias en materia de inversiones que se pudieran plantear entre Estados e inversionistas extranjeros. Esta fue la razón principal de suscripción del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados que entró en vigor el 14 de octubre de 1966, y por medio del cual se creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, sistema del cual Venezuela se ha salido a través de la denuncia del Tratado.

El caso es que, en este asunto, el Ciadi ha sentenciado a favor de los argumentos de Venezuela. Ha reconocido, no podría ser de otro modo, que toda expropiación acarrea un derecho de indemnización. También ha reconocido, lo que no ha podido ser de otra forma, que Venezuela es un Estado soberano para decidir sus políticas impositivas y de desarrollo de la industria petrolera. Pero, igualmente, y de aquí el éxito indiscutible, ha determinado que la justa indemnización no es lo que reclamaban las empresas petroleras trasnacionales, sino aquello cercano a lo que ofrecía el gobierno en el momento de negociar el pago de la justa compensación. En definitiva, que, a no ser mezquinos, el trabajo jurídico del equipo de defensa de la posición venezolana ha debido ser impecable, fueron superlativamente competentes. 

El principio de una justa indemnización de la propiedad sacrificada por parte de las ejecutorias en favor del interés general establecido en esta decisión es el mismo que rige y debe ser acogido en el caso de las expropiaciones sometidas a la jurisdicción en el ámbito interno. Si un tribunal arbitral internacional supo hacer justicia a la calidad argumentativa y probatoria de técnicos y juristas al servicio de la república para acordar la indemnización justa y no caprichosa del afectado, qué más quisiéramos que esa misma justicia, imparcial, equitativa, y sobria decidiera el derecho de reparación de todos quienes han sido expropiados o afectados en su derecho de propiedad en los últimos años en nuestro país.

Que la justicia sea una indemnización justa y oportuna, como prevén los principios fundamentales del derecho, así como ha sido aplicada en el ámbito internacional por tribunales arbitrales, que lo sea en el ámbito interno por los tribunales de la república.

Insisto, no admitir el éxito de la república en este juicio de la Exxon sería mezquino.  No reconocer el mérito de técnicos y juristas en la defensa de los intereses de la república sería de una soberbia pecaminosa propia del radicalismo que enferma a nuestra sociedad actual.

Pero, de igual modo, no estar todos en el mismo interés de que el justo precio se pague a todos los expropiados, también en el ámbito interno, sería contrario a la noción de justicia.