• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

Al instante

El informe “Almagro”

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El informe “Almagro”, mediante el cual se activó el procedimiento para aplicar la carta democrática de la OEA a Venezuela, se caracteriza por: (1) Rescatar el papel de la organización como garante de la democracia en la región, (2) Poner de manifiesto los hechos que demuestran la inexistencia de un régimen democrático en Venezuela, y (3) Abrir el camino al juzgamiento internacional de las autoridades venezolanas que han incurrido en crímenes de lesa humanidad.

En cuanto al primer aspecto, el documento contrasta con la cómplice pasividad del secretario anterior y el deleznable respaldo de los representantes de países con regímenes igualmente autoritarios o dependientes de la renta petrolera venezolana, que por ello han eludido su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y el mantenimiento del orden democrático en Venezuela, a pesar de que esto es, como señala el informe “Almagro”: “responsabilidad de todos”.

La intervención internacional “lejos de vulnerar el principio de no intervención fortalece el de la solidaridad regional”, el cual por cierto debe entenderse que opera respecto de los pueblos y no entre gobernantes que se apoyan entre sí, incluso a quienes se separan de la norma para eternizarse en el poder y ejercerlo a su antojo personal. 

La inexistencia de democracia se demuestra porque este concepto exige, según el artículo 3 de la Carta, 5 elementos esenciales: (1) Respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (2) acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, (3) celebración de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal y secreto, (4) régimen plural de partidos y organizaciones políticas y (5)  separación e independencia de los poderes públicos. También se destaca como elemento fundamental para el ejercicio de la democracia la libertad de expresión y prensa.

Venezuela está reprobada en el cumplimiento de todos estos requisitos esenciales y por ende el resultado es que No hay democracia en este país. El informe “Almagro” pone en efecto de manifiesto la inexistencia de valores democráticos en Venezuela al contener la evidencia de:

1) Que en Venezuela se perdió la finalidad de la política porque un sistema democrático no debe tolerar ningún tipo de exclusión o discriminación.  Asimismo se constata la inmoralidad política de quienes sólo piensanen mantenerse en el poder aun a costa de la voluntad de la mayoría, por lo cual se elude que estas se pronuncien por los canales del ordenamiento jurídico.

 

2) Al apartarse el gobierno de las instituciones y del Estado de Derecho se ha agravado la crisis de salud, alimentos, medicinas, acceso a los servicios esenciales (electricidad y agua potable), y a la seguridad ciudadana.

3) El estado endémico de la corrupción y la ausencia de fuentes primarias al respecto indica que Venezuela necesita un operativo de limpieza urgente.

4) La existencia de presos políticos, lo cual es un hecho incompatible con la existencia de democracia.

5) La criminalización de la protesta, el acoso y encarcelamiento de opositores propias de un Estado opresor.

6) El uso del derecho penal para combatir la crítica política, lo cual viola los tratados sobre derechos humanos.

7) Los insultos a opositores que son actos de intimidación y cuando los realiza el Presidente, más grave aún siendo que éste lo hace con la fuerza de su cargo y como jefe de un poder que controla la acción militar, policial y de los cuerpos de inteligencia del Estado.

8) No hay separación de poderes y sin ella no hay democracia.

9) En Venezuela se ha atropellado la función del parlamento, reduciendo su ámbito de competencias a través del estado de emergencia, la “revocación” de leyes y la nulidad de su reglamento interior y de debates.

10) La designación por la mayoría oficialista de 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes antes de que entrara en funciones la nueva asamblea con mayoría opositora, posibilitó una inadecuada anulación de la mayoría calificada al desincorporar a tres de sus diputados electos, así como a la merma de todas las iniciativas legales contrarias a la opinión oficialista del gobierno, quedando desvelado el uso del poder judicial por el poder ejecutivo, citándose como prueba de ello17 decisiones indicativas de la cooptación del poder judicial por el poder ejecutivo.

11) También se reseña el uso de la justicia para atacar a los medios de comunicación, el hostigamiento y el discurso estigmatizador, y la criminalización de los defensores de derechos humanos.

12) El poder electoral actúa sin transparencia, los procesos electorales están plagados de arbitrariedades y la realización de un referéndum revocatorio es un derecho constitucional, por lo cual no debe ser calificado como “golpismo” ni obstaculizado con procedimientos y normas que no tienen justificación constitucional.

El informe “Almagro” representa una investigación fundamentada de los hechos que desvelan la inexistencia de democracia en Venezuela, así como las prácticas violatorias de derechos humanos fundamentales por sus gobernantes y autoridades.

 

Concluye el informe con la enfática afirmación en el sentido de que es necesario que el Poder Ejecutivo cumpla la Constitución y sus compromisos internacionales en materia de democracia. Ello –indica– “es un imperativo unilateral para el poder ejecutivo, que no necesita de una mesa de diálogo para hacerlo, solamente necesita asumir el respeto al Estado de Derecho y el imperio de la ley.”

Por ello, la mediación no puede tener otro objetivo que no sea establecer la hoja de ruta para el rescate del Estado de derecho y la democracia, y, sobre todo, para el juzgamiento internacional de quienes han cometido desde el poder crímenes de lesa humanidad.