• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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La importancia de la Asamblea

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La tesis del contrato social (Rousseau) que constituye la base fundamental del Estado, enseña la necesidad de un acuerdo de los miembros de una sociedad, por voluntad propia, para el reconocimiento de la autoridad y de las normas que limiten su libertad. Es así como se explica la existencia del texto constitucional. Pero en un Estado en el que la Constitución no es cumplida por parte de los Poderes Constituidos, la elección parlamentaria se convierte no sólo en el mecanismo de designación del órgano legislativo sino en una oportunidad para restablecer ese pacto, imponiendo una configuración que obligue al respeto de la voluntad popular.

La importancia de la elección parlamentaria que se avecina en Venezuela estriba, precisamente, en que es la oportunidad de la reconstrucción del Estado, pues se brinda la posibilidad para que los ciudadanos, por voluntad propia, sienten las bases para la configuración de un parlamento que garantice su libertad, tranquilidad y seguridad (los postulados de la revolución que acabó con el poder monárquico), mediante leyes producto de la discusión plural y un verdadero control social, siempre en favor de la libertad. También un órgano legislativo que cumpla con el control independiente de los otros poderes del Estado, obligándolos al respeto de la Constitución y de los derechos humanos de todos por igual.

Hoy es fundamental una Asamblea de disenso frente al Ejecutivo, que ejerza a cabalidad el sistema de pesos y contrapesos que el Estado democrático social de derecho exige. Un parlamento que establezca los correctivos necesarios para que todos los otros poderes funcionen de forma autónoma, una Asamblea que rescate el principio fundamental de que este órgano no es gobierno y que sirve primero a los ciudadanos que eligen a sus miembros que a los partidos que les postulan.

Así, en la elección parlamentaria debe privar una verdadera manifestación de voluntad propia. Es el momento en que el voto de conciencia es esencial, porque con el mismo se estará suscribiendo un pacto que habilita a que se limiten nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales y visto el exceso existente es urgente y beneficioso para todos que se construya un órgano de representación que se convierta en el contenedor del poder. Un gobierno limitado por la ley y el respeto a los derechos humanos será siempre un mejor gobierno aun respecto de aquellos que comparten su ideología.

La Asamblea debe retomar su función primordial, a la que ha renunciado en los últimos años. La Asamblea es quien debe dictar las leyes, leyes para el bienestar, leyes para la libertad, leyes para la solidaridad, en armonía y paz.

Debe procederse a la descriminalización de la vida privada, tanto en lo económico como en lo social. Debe ponerse fin a la actividad normativa presidencial que establece como delito todo aquello que desea regular y limitar, desnaturalizando la justicia penal.

Debe terminarse esta regulación desbocada y desordenada, producirse el rescate de la técnica legislativa y de la calidad normativa. Para ello es necesario una Asamblea independiente, y a estos fines, en este momento político, es necesaria una Asamblea de oposición, que como requisito mínimo no se someta a los dictados del Ejecutivo.

Por lo que se refiere a la reconstrucción de la separación de los poderes en lo orgánico, la Asamblea tendrá la responsabilidad de designar nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia y en la pluralidad de la designación y el verdadero control social, ha de garantizarse la selección de destacados juristas.

No es cierto que sea de la competencia de la nueva Asamblea la revocatoria anticipada de los titulares de los otros poderes que esta designa, en base a una norma reglamentaria (Diario de Debates). Esta tesis debe ser rechazada por inconstitucional, más si se trata precisamente del rescate de la legalidad, de erradicar la vía de hecho, de someter al Estado a Derecho y de proscribir la distorsión del ordenamiento para cumplir fines políticos, por más deseables que estos sea, por más que satisfagan la opinión pública de un grupo de interés o de una mayoría aún no circunstancial.

El desmoronamiento del Estado se facilita cuando sus instituciones ceden en el ejercicio legítimo de sus competencias, que es el de la ejecución de la norma que las contempla, para permitir que la presión de grupos de interés, organizaciones no gubernamentales, o grupos de ciudadanos dicten sus ejecutorias.

La igualdad ante la Ley también debe ser un objetivo de un parlamento contrario al gobierno, otro de los postulados esenciales del Estado de Derecho, igualdad que se garantiza cuando la ley se aplica a todos quienes se hallen en el supuesto de la norma, lo cual es sólo posible cuando la norma responde al interés público y no al de un grupo en el poder.

La Asamblea debe a través de la pluralidad rescatar el orden social y la noción de Estado como ordenamiento encargado de hacer cumplir la Constitución y las leyes que ésta dicta, y en el cumplimiento de la norma fundamental, asegurar el respeto de los derechos humanos empezando por la exigencia de que su violación no quede impune.