• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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El gobierno paralelo

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El autor argentino Agustín Gordillo señala que cuando hay gobiernos civiles, “las autoridades militares se hacen sentir y funcionan como grupo de poder”, pero cuando hay un gobierno militar, “se produce una escisión entre los militares que ejercen el gobierno y los que están solo al mando de tropas” y tal circunstancia los lleva a estar constantemente intentando “ejercer poder político, legitimados como lógicamente se sienten dentro del sistema. A fin de cuentas, si otros militares ejercen poder civil por haber tenido comando de tropas, ¿por qué no ellos? Pues al fin y al cabo son todavía más militares, más puros, más profesionales, que los primeros y por tanto tienen ilógicamente aún más legitimación –en ese razonamiento– para hacerlo. Ello produce lo que se ha llamado un gobierno paralelo: Los comandantes de los cuerpos de ejército han actuando en sus respectivas áreas con fuerza de autoridad paralela”.

En definitiva, sostiene el mencionado autor que existe una “tendencia a emerger fuentes de poder que difieren de las de la administración institucionalizada conforme a la Constitución y a las leyes, y que esas fuentes de poder también se organizan y ejercen un poder paralelo”.

En Gaceta Oficial N° 40845 de 10 de febrero de 2016 aparece publicado el Decreto Nº 2231, mediante el cual se autoriza la creación de una empresa del Estado, bajo la forma de compañía anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

El ministro de la Defensa será quien represente las acciones de la República en la asamblea y quien designará a la junta directiva que la administre, conformada por un presidente, un director, y tres gerentes principales y sus respectivos suplentes (artículo 8). O sea, que toda esta actividad económica empresarial va a ser desarrollada y controlada por el Ministerio de la Defensa, lo cual por más que se adorne con justificantes que invoquen la “soberanía” y la “doctrina de la industria militar” es una actividad que no encuadra dentro de la misión y visión de este ministerio que no es otra que la de ser “el máximo órgano administrativo en materia de Defensa integral de la nación, encargado de la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector defensa, sobre los cuales ejerce su rectoría” y que persigue contribuir “efectivamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el proceso de consolidación de la seguridad y defensa integral de la nación y el resguardo de la territorialidad del Estado venezolano”.

La empresa militar en cuestión tiene por objeto realizar todas las actividades económicas –que no militares– lícitas en materia de servicios petroleros, gas y explotación minera, y luego precisa un inmenso listado de actividades que señala se mencionan “en general y sin que ello implique limitación alguna”.

Se trata de una empresa del Estado que controlará la realización de esta actividad empresarial del Estado en servicios relativos a la explotación y comercialización del petróleo, el gas y las minas. Todas estas áreas pertenecen a un ámbito sectorial desarrollado y controlado por el ministerio de la materia, que no es, precisamente el de la Defensa y en el caso petrolero, además, por una empresa de rango constitucional como es Pdvsa. Ello habrá de producir conflictos de poder entre los órganos rectores y entre estos y la misma empresa nacional petrolera. Aunque en este caso, siendo el Ministerio de la Defensa uno de los involucrados, el término conflicto suena aún más disonante, no nos referimos a los temas de la guerra, sino a confrontaciones inevitables en una organización administrativa desorganizada como la que se plantea con esta excepcional y antinatural actividad empresarial militar, en cuanto no respeta los principios esenciales enderezados a un actuar coordinado y  eficiente que solo una línea clara de competencias y responsabilidades garantiza.

Ya en el pasado hubo una situación similar cuando bajo el segundo gobierno de Pérez se atribuyó la materia minera a la Corporación Venezolana de Guayana y siendo su presidente al mismo tiempo ministro de Estado los choques en las políticas y ejecutorias pronto aparecieron entre este y el correspondiente ministro del área (ministro de Minas e Hidrocarburos). ¿Por qué si era tan fácil entender que arrebatar la competencia de las minas al ministerio de minas plantearía problemas graves de la organización esto se llevó a cabo? Lo mismo puede presumirse ahora al atribuirse estas competencias de minas y las de gas y petróleo a una empresa que se encontrará adscrita al Ministerio de la Defensa y no al ministerio del área correspondiente (Ministerio de Petróleo y Minería).

Obvio que las razones, de antes y ahora, no se ajustan a temas de organización administrativa ni del mejor desempeño de una actividad empresarial del Estado en búsqueda del más eficiente aprovechamiento del recurso natural, y de allí que desde el estricto punto de vista de la teoría de la organización administrativa son acciones desacertadas.

El tema político del trato del bien público como botín, o la necesidad de satisfacer obligaciones del poder que no responden a interés general alguno sino a apoyos necesarios para el mantenimiento del mismo, son supuestos que de acuerdo con la doctrina parecen conducir este tipo de acciones contrarias a la más elemental técnica del éxito de la explotación económica de una empresa. Lo cierto es que este tipo de decisiones no obedece en ningún caso a la búsqueda de ese “bienestar colectivo” ni a “la suprema felicidad del pueblo” a que tanto se alude en la pretendida justificación de este decreto que desvela el carácter militarista de un régimen de apariencia civil, en el que por tal real naturaleza aparecen estas manifestaciones del gobierno paralelo al que alude el reputado autor argentino.