• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

43 estudiantes y 44 reos

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La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero en México y la reciente muerte de, al menos, 44 reos de la cárcel de Uribana en Venezuela son 2 horrendos hechos que guardan entre sí diferencias, pero también muchas coincidencias.

Los jóvenes normalistas eran estudiantes; los reos, reclusos de una prisión. Los primeros, residentes de la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, México; los segundos, internos de la prisión de Uribana ubicada en el estado Lara, Venezuela. Los primeros, desaparecidos luego de una acción de protesta; los segundos, muertos consecutivamente también luego de acciones de protesta en el penal, y a causa de un envenenamiento por ingesta de productos tóxicos. De los primeros solo hace unos días se confirmaba que el cuerpo sin vida de un chico hallado en una de las escenas de las investigaciones correspondía a uno de los jóvenes, lo que hace sospechar que los demás habrían corrido igual destino. La versión oficial apunta a que los jóvenes, capturados por la policía local durante las acciones de protesta, fueron entregados por órdenes del alcalde a un cartel que se habría encargado de asesinarlos e incinerarlos en un basurero de la zona.

De lo ocurrido a los presos circulan versiones, la oficial, en el sentido de un envenenamiento colectivo voluntario, aunque no intencional, producto del consumo descontrolado de medicamentos como consecuencia de un supuesto síndrome de abstinencia también colectivo, y la no oficial, debido a la ingesta de un coctel de la muerte.

Las coincidencias de estos dos desgraciados hechos, todos hombres, todos seres humanos, afectados fatalmente por un hecho de violencia, pero lo más relevante, todos víctimas de unas instituciones oficiales que no dan una clara y contundente respuesta acerca de lo acontecido. En México ha sido apresado el señalado alcalde, pero se pide la renuncia del procurador del estado y hasta del presidente mismo. En Venezuela se está enjuiciando al director del penal, pero se pide la renuncia de la ministra encargada del tema carcelario. Estos no son, en ninguno de los casos, los causantes de los gravísimos hechos, pero sí responsables de su investigación y, sobre todo, de una versión oficial creíble y confiable, así como de una explicación acerca de las medidas serias y responsables para castigar a los culpables.

Otra coincidencia, es que en ambos casos surge la responsabilidad patrimonial del Estado, en el primero, porque las muertes o desapariciones habrían sido provocadas por el hecho de la acción policial, en el segundo, porque los reclusos estaban bajo la responsabilidad del Estado en una de sus instituciones carcelarias. Así que con independencia de las responsabilidades penales, por la autoría de los hechos que dieron lugar a las muertes, en ambas situaciones existe responsabilidad patrimonial del Estado. En el caso de los reclusos esta responsabilidad surge por la sola circunstancia de que las muertes se habrían debido, de acuerdo con la versión oficial, a una falla del servicio. Poco importa, a los fines de la responsabilidad patrimonial del Estado, si la tesis oficial es la correcta, en todo caso, el Estado es responsable.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 19 de noviembre de 2002, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, corrigió mediante recurso de revisión una sentencia de la Sala Político-Administrativa que negaba la responsabilidad del Estado por la muerte provocada por agentes policiales. En el histórico fallo se impuso con todo su rigor el régimen constitucional de responsabilidad integral del Estado, la cual no sustituye la responsabilidad personal del funcionario ni de los autores materiales del crimen, pero obliga al Estado a reparar los daños causados si existe un vínculo con el servicio prestado por este, más aún cuando la Constitución del 99 establece en forma directa la obligación del Estado venezolano de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos que le sean imputables o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.

Si es cierta la versión oficial, el Estado, custodio de los reos y custodio de los medicamentos y de su correcta administración, es responsable. Si de las investigaciones resultare que la muerte del numeroso grupo de personas ha debido responder a un mecanismo de suministro colectivo del tóxico, intencionadamente o no, también el Estado es responsable. Los familiares de los reclusos deberían iniciar una acción de responsabilidad patrimonial colectiva y hacer que el Estado responda, al menos patrimonialmente, de estas muertes que enlutan tantas familias y que ponen de manifiesto una gravísima falla del sistema carcelario.

43 estudiantes y 44 reos… todos seres humanos, parte de un colectivo, parte de una protesta, parte de una población de estados que se proclaman como Estados de Derecho, pero en los que las instituciones no funcionan de manera acorde con el significado de esa premisa constitucional, y los ciudadanos sufren las consecuencias de ello.