• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Donde dije digo, digo Diego

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Manuel Rodríguez Rivero, en su columna Sillón de Oreja, refiriéndose al actual tema político español, expresa: “…estos días de zafarranchos y sorpresas poselectorales, de insultos y chulerías, de prepotencias y cobardías sin cuento, en los que, más que nunca todos los líderes en presencia (y alguno en su proverbial ausencia) nos han obsequiado con su tediosa orgía de “donde dije digo, digo Diego”, persuadidos, supongo, de que los ciudadanos somos idiotas desmemoriados.” (El País, edición del sábado 30 de enero de 2016).

La Constitución de 1999 dispone que Venezuela se constituye en un Estado democrático que propugna como valores superiores, la ética y la preeminencia de los derechos humanos (artículo 2),y uno de estos derechos humanos es, según el texto constitucional, el de la vivienda propia, pues el Estadose halla obligado a garantizar los medios para el acceso a las políticas sociales que permitan la adquisición de las viviendas (artículo 82).

La mentira como herramienta de manipulación política se considera una conducta antiética y por ende contraria a esos valores superiores. Según el oficialismo, Misión Vivienda ha tenido como fin “dotar” a las familias de una vivienda digna, esto debe significar que dicho programa persigue la aplicación de la norma constitucional citada y por tanto facilitar la adquisición de viviendas por parte de sus beneficiarios.

Sin embargo, cuando la oposición plantea una Ley para concretar la titularidad de estas viviendas, este mismo sector oficial afirma que “si la ley de privatización se aprueba, termina la misión vivienda” y se declara en rebelión respecto del cumplimiento de la norma.

Es decir que “donde dijo digo, ahora dice Diego”, pues donde dijo “se dotará de vivienda a quienes la necesiten”, ahora dice que esta asignación la hará tan sólo en uso y no en propiedad, y la razón de esto es que contrariamente a lo que dispone la Constitución, en el modelo económico de la revolución bolivariana ni el sector privado ni el pueblo mismo tienen derecho a la propiedad privada, sino a una de índole colectiva o familiar, la que trató de imponerse mediante la reforma constitucional de 2007 rechazada por el pueblo.

La génesis de este proceder del “donde dije digo ahora digo Diego”, práctica común de la revolución bolivariana, la tenemos en la entrevista realizada por el conocido periodista Jorge Ramos a Hugo Chávez, el 5 de diciembre de 1998, un día antes de la primera elección que le convirtiera en presidente.

Tres preguntas le formuló del siguiente tenor, la primera, sobre si estaría dispuesto a entregar el poder después de los cinco años que le corresponderían constitucionalmente de ganar esa elección presidencial. A lo que contestó que claro que lo haría. La segunda, sobre si tenía la intención de nacionalizar empresas privadas, a lo que respondió que no lo haría. La tercera, respecto de si nacionalizaría algún medio de comunicación, lo cual negó de forma rotunda, e incluso en su respuesta dio por entendido que era suficiente con el Canal 8 del Estado, y su interés en profundizar y ampliar sus relaciones con los demás canales privados.

O sea que claramente dijo: que entregaría el mandato al cumplirse el período, que no habría nacionalización alguna de la empresa privada, que no se eliminaría ningún canal privado de televisión y que se mantendrían y mejorarían las relaciones con los privados.

 

Y ¿porque pensar que aquí quizá la génesis de este característico proceder del liderazgo revolucionario de, como dice el dicho español,“donde dije digo, ahora digo Diego”?,pues porque no entregó el poder, sino que realizó una reforma constitucional que le permitiría perpetuarse y nunca lo cedió al término de sus varios sucesivos mandatos, sino que se quedó en el cargo hasta que la muerte lo apartó del mismo.

Además ejecutó la política de nacionalizaciones más agresiva de la historia reciente, pasando al sector público, por compra, expropiación y apropiaciones fácticas, las grandes empresas de servicios (Cantv, Electricidad de Caracas, Sidor y otras corporaciones privadas en materia de explotación del hierro, las empresas que realizaban actividades conexas a la explotación petrolera en el Lago de Maracaibo, y muchas otras del sector privado productivo, tales como Agroisleña, Invepal, la compañía nacional de válvulas, el Banco de Venezuela, una muy conocida cadena de mercados, de una exitosa inversión extranjera, que como muchas dejó el país ante esta política económica estatal de inseguridad jurídica absoluta).

Por otra parte, no sólo expandió el sector público de la televisión al punto de que a nivel nacional de la gama de canales que acompaña al canal 8 del Estado, tan sólo 4 son privados, sino que ordenó, por motivaciones estrictamente políticas, la no renovación de la concesión a la emisora más antigua del momento, Radio Caracas Televisión, y mantuvo una relación de confrontación verbal pública y constante con los otros medios, además de ejecutarse a través de Conatel una política de censura, control de policía desproporcionado y obligación de transmisiones ilimitadas en cadena, lo cual unido al trato a la prensa y periodistas en general, permite afirmar que desde entonces se fue instalando la ausencia de libertad de expresión en el país.

No sólo es asunto del desprecio que implica respecto del ser humano a quien el discurso se dirige, esta conducta engañosa del “donde dije digo, digo Diego” que según el autor citado implica que se le consideraría como un “idiota desmemoriado”, sino de la violación de los valores superiores de nuestro ordenamiento constitucional, más aún cuando también es la Administración Pública la que procede con falta total de la transparencia que le impone el artículo 141 de la Constitución en su accionar que ha de estar al servicio exclusivo del ciudadano y no de otros intereses ajenos a la concreción del ordenamiento jurídico.

Citando al escritor Javier Marías, el periodista español aludido, indica que la ficción es lo único verdaderamente irreversible porque queda para siempre, mientras que la historia siempre es revisable. Y aunque lo ocurrido en Venezuela en los últimos años parece cuento de ficción, no lo es, y por tanto este modelo que en lo económico, político y social resulta contrario a los valores éticos y superiores que consagra la Constitución es reversible, admite rectificación, y a ese rescate del proceder legítimo del Estado y sus agentes, para someterlos a derecho, debe procederse cuanto antes.