• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

La dictadura del juez

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En un artículo anterior intitulado “Justicia selectiva” afirmaba que en Venezuela el régimen revolucionario se sostiene a través de la actuación parcial de la justicia, y que la dictadura del juez es, al fin y al cabo, tan dictadura, como cualquier otra.

Un gran amigo, de profunda inteligencia y fina pluma, me comentó que está de acuerdo con el artículo, pero no con la anterior afirmación. Me dijo que en su opinión, no hay peor dictadura que la del juez. Reflexionando sobre ello debo reconocer que mi amigo, Carlos, tiene toda la razón.

Y lo atinado de su comentario se plasma en otro ejemplo de reciente data, la detención de 17 policías del Cicpc por estar presuntamente involucrados en secuestros e incluso utilizar las instalaciones del cuerpo policial para mantener a los cautivos hasta el pago del respectivo rescate. El caso nos lleva a una conclusión similar, más grave es sin duda un policía delincuente que uno común.

La descomposición de las policías ha sido puesta de relieve por el propio comisionado gubernamental para la intervención de las de carácter municipal, pero además es un tema que de ordinario se oye por quienes se enfrentan al robo, secuestro y otras tropelías en cuya investigación los sabidos comentan que por las características esos habrían podido ser policías o miembros de un cuerpo de seguridad del Estado.

La del Poder Judicial está igualmente a la vista y no se requiere de mayor experticia para constatarla. Que el mismísimo Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional haya utilizado una norma calificada por esta como penal para sentenciar a prisión a dos alcaldes opositores, sin procedimiento, sin defensa, sin derecho a apelar, es más que evidencia de que carecemos de un Poder Judicial independiente.

También lo es que ese mismo supremo tribunal haya decidido que las recomendaciones y fallos de organismos internacionales en materias de derechos humanos no son vinculantes, y por ello deben desecharse sin más, y que así lo hagan los jueces penales de instancia, sin analizar que en el fondo de lo que se trata es de la constatación de la violación de derechos fundamentales de seres humanos, y a pesar de que la Constitución del 99 les ordena que la falta de previsión normativa de tales derechos no menoscaba su ejercicio y que los contemplados en tratados, pactos y convenciones ratificados por Venezuela (caso Naciones Unidas) son de aplicación inmediata y directa por los tribunales del país.

La justicia, conforme a Ulpiano, es dar a cada quien lo que le corresponde. En ese básico postulado es claro que a los cientos de jóvenes que han participado en la protesta no puede entenderse que les corresponda la represión brutal y desproporcionada, lesiones, muertes, tortura, sujeción a regímenes de presentación y cárcel. Las denuncias de tortura a los presos políticos no han tenido respuesta clara y contundente por parte de las autoridades del sistema de justicia en Venezuela. Apenas, ahora, el defensor, con ilegitimidad de origen, porque fue designado sin la mayoría constitucional requerida, se ha atrevido a señalar que la participación de la Guardia Nacional en el control de las manifestaciones debe ser regulada. También, castigada, que no regulada, debería ser el abuso y delitos cometidos en esta participación por estos y aquella de los grupos paramilitares afectos al gobierno que actúan con total libertad e impunidad.

El juez es un funcionario, pero también es un ser humano. Como funcionarios, la falta de conocimiento y experiencia requeridos pueden explicar que se ignore la gravedad de aplicar la justicia penal para reprimir la disidencia, pero como seres humanos nada explica que carezcan del sentido de humanidad que lleva a cualquiera a entender que simplemente no está bien aplicar el poder que se les ha dado para someter a procesos penales, castigos limitantes de la libertad y que posibilitan la tortura, y en general la afectación de la salud física y mental de personas que no han cometido otro delito como no sea el de protestar o disentir del régimen de gobierno.

La dictadura del juez es la peor sin duda, porque permite los abusos y violaciones no solo del ordenamiento jurídico, sino de la dignidad humana. Desde el punto de vista humano, la frase de Andrés Eloy Blanco es demoledora al afirmarse que cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo. Que esos jóvenes a los que han asesinado, torturado, maltratado, y encarcelado son los hijos de alguien y deben sentirse como hijos de todos quienes tenemos hijos, incluidos aquellos que hoy se convierten en sus verdugos utilizando el Poder Judicial para concretar esta grave injusticia.

Con la misma vara que juzgas habrás de ser juzgado dicen las escrituras. La justicia nunca será tal si se pone al servicio de la política, y el juez nunca será digno como profesional ni como persona si se presta a permitir y avalar el atropello de la dignidad humana.

El rescate de la paz social pasa por la construcción de un sistema judicial independiente, calificado y controlado, en el que el juez decida conforme a derecho y a su convicción de la realidad de los hechos de autos y no como ejecutor de las pautas que se le imponen para facilitar el mantenimiento de un régimen arbitrario que desconoce el valor de los derechos humanos como inherentes a toda persona y no solo a quienes están cerca de los cargos del poder o de quienes le apoyan.