• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

Al instante

La denuncia anónima

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

La denuncia se define como el acto de poner en conocimiento de una autoridad competente un hecho que debe ser investigado y sancionado. En el ámbito penal, administrativo, disciplinario, la denuncia opera como mecanismo de activación de la competencia de los órganos estatales para aplicar las normas que contemplan los hechos denunciados como susceptibles de penalización.

La denuncia puede ser vista como un derecho o como una obligación. Como derecho, pues ella es parte del derecho de petición que contempla el artículo 51 de la Constitución, conforme al cual: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria públicas obre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta.”

Como obligación, la denuncia se impone cuando una norma la exige, es decir, la establece como conducta que debe ejecutarse aun en contra de la voluntad, como la obligación de denunciar que se atribuye a los funcionarios públicos que en ejercicio de sus competencias tengan conocimiento de la ocurrencia de un delito.

Vista como derecho o como obligación, la denuncia no impone consecuencias negativas para el denunciante, salvo cuando la propia ley las prevé, y generalmente se limitan a la veracidad de los hechos denunciados. Pero la denuncia, como principio, es un instrumento del Estado, que debe fomentarla, asegurarla y protegerla, porque le sirve al mejor cumplimiento de sus fines. También limitarla para evitar la desconfianza en las relaciones humanas y el abuso en perjuicio del denunciado, lo cual por demás no es el caso cuando lo que se denuncia anónimamente son hechos sin señalar culpables, como la exigencia de que se investiguen las muertes ocurridas en un hospital de Maracay por las graves consecuencias que pudieran causarse si se tratare de una enfermedad epidémica.

En el ámbito penal la denuncia es muy importante, es fundamental, al punto de que en algunos casos ella beneficia al propio delincuente denunciante (delator), si con ella se contribuye a resolver crímenes de la mayor gravedad. Es cierto que mucha discusión se ha hecho respecto de los beneficios y desventajas de la admisión de la figura de la delación y que históricamente se ha planteado desde su admisión y promoción hasta su erradicación y castigo. En la sociedad moderna son muchos los ordenamientos que la admiten pero solo en casos de delitos graves o situaciones en las que el Estado se plantea como objetivo fundamental el castigo de ciertas conductas que atentan contra la vida de las personas o la seguridad del Estado.

En materia penal también es importante destacar que se debe distinguir entre la denuncia y la “noticia criminis”, siendo la segunda más amplia que la primera, en el sentido de que en algunos supuestos la ley justifica el inicio de un procedimiento con el solo conocimiento que tenga la autoridad del hecho, sin que sea necesaria una denuncia y un denunciante, es decir, que se admite, precisamente, la denuncia anónima porque la misma lleva a la autoridad competente el conocimiento o noticia de que un crimen habría podido ser cometido.

De manera que el tema de la denuncia anónima encuentra discusión en la doctrina, pero finalmente dependerá de lo que al respecto establezca el ordenamiento jurídico. Lo cierto es que el argumento más importante para la admisión de la denuncia anónima es que la noticia de un delito debe ser investigada, sin importar el origen de la fuente. Ello, claro está, no implica la aceptación del testimonio anónimo, la investigación precisamente se realiza porque es a través de esta que se pueden recabar las pruebas que determinen la veracidad de los hechos anónimamente denunciados y la responsabilidad de sus autores, a quienes debe garantizarse su defensa mediante el control de la prueba.

Finalmente, la denuncia anónima también debe admitirse por mandato constitucional en los casos de violación de los derechos humanos por parte de las autoridades del Estado, así se desprende del artículo 29 cuando prevé que el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos que contra estos se cometan por parte de sus autoridades. En este caso, la “noticia criminis” puede provenir de una información oficial, de un denunciante formal, de una información de prensa y hasta de una denuncia anónima, porque estos crímenes revisten la mayor de las gravedades, es el poder público actuando en contra el ciudadano y no al servicio de este, clave fundamental del Estado de Derecho que sobre ese principio surgió con la abolición de las monarquías absolutistas.

De manera que ante la violación de los derechos humanos por parte de cuerpos policiales, el anonimato de la denuncia no es excusa para eludir su investigación y sanción.