• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

La confabulación del poder

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La Ley de Amparo vigente, publicada en Gaceta Oficial el 27 de septiembre de 1988, tiene carácter orgánico, porque así ha debido decidirlo la mayoría absoluta exigida por la Constitución del 61 al admitirse el proyecto. La Constitución del 99 establece también una mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto para las leyes orgánicas. Asimismo, indica que la reforma de una ley orgánica debe tener la misma mayoría, o sea, esas dos terceras partes.

Según noticia de prensa, la nueva Ley de Amparo solo fue favorablemente votada por el PSUV, porque la oposición no habría estado de acuerdo. Es decir, que el carácter orgánico quedaría dado por el voto calificado en la admisión del proyecto, aun cuando tuvo solo una mayoría simple en la aprobación del texto final, lo cual ocurrió porque la versión original fue modificada para incluir un artículo que pretende legitimar la arbitraria sentencia que envió a la cárcel a los alcaldes Ceballos y Scarano.

Este planteamiento no es un aspecto meramente formal, el tema de fondo es que el texto aprobado de la nueva Ley de Amparo configura un terrible comportamiento parlamentario, que es la más patente demostración de que en Venezuela no existe separación de poderes, antes bien, los poderes hoy parece ser que están constituidos para apoyarse en sus respectivas arbitrariedades, y es que, independientemente de la mayoría con que haya sido aprobada, debe tenerse en cuenta que el Estado constitucional se caracteriza precisamente por contener unos valores, principios y derechos que son inamovibles, ni siquiera por la mayoría parlamentaria más absoluta, porque atañen a la existencia del Estado de Derecho y a la prevalencia de los derechos humanos.

Así, no hay ley alguna que pueda decretar la pena de muerte, porque el derecho a la vida es constitucionalmente un derecho absoluto; así fuera aprobada con el 100% del voto parlamentario, esa ley sería inconstitucional y por tanto nula. Tampoco hay ley alguna que pueda respaldar una acción ilegítima y arbitraria de un tribunal, ni de la mismísima Sala Constitucional, si esta llegare a imponer, por ejemplo, una pena de muerte.

Por las mismas razones explicadas, la nueva Ley Orgánica de Amparo no puede, como se pretende, legitimar las sentencias inconstitucionales mediante las cuales la Sala Constitucional decidió aplicar la pena de cárcel por desacato de un mandamiento de amparo a los alcaldes Scarano y Ceballos. Este castigo es según la ley vigente una sanción penal, y la Sala Constitucional era incompetente para ello, de acuerdo con la ley y a la jurisprudencia pacífica y reiterada en esta materia, incluida la suya propia.

Conforme a los principios, valores y derechos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que tienen cuando menos el mismo rango constitucional, la justicia penal solo puede ser aplicada por la jurisdicción penal. La justicia penal requiere un proceso penal y exige la doble instancia, o sea la posibilidad de apelar la sentencia. A los alcaldes los sentenció un juez que no es un juez penal y era parte interesada, pues se trataba del supuesto desacato a su fallo, no hubo proceso penal ni tuvieron derecho a apelación, porque la cuestionada decisión la tomó el supremo tribunal.

Ahora la nueva ley pretende establecer que el desacato en materia de amparo da lugar no a prisión sino a un arresto, que define convenientemente como medida administrativa. Cambia el término prisión por arresto, pero deja un tiempo excesivo para este tipo de sanción (hasta 20 meses, mayor que el actual que es hasta 15 meses), lo cual hace más evidente aun el exceso cometido contra los referidos alcaldes.

El arresto, por definición, o es penal y, en tal caso, provisional y tiene límite corto en lo temporal, o es una sanción administrativa y también por brevísimo tiempo. Veinte meses de privación de libertad no encaja en la definición de brevedad y, por ende, no encaja en el concepto de arresto como sanción administrativa, a cuya eliminación total por cierto tiende el moderno Estado de Derecho.

Veinte meses de privación de la libertad no puede ser impuesta por un juez distinto de aquel que ejerce la jurisdicción penal y con todas las garantías propias del proceso penal. La ley a promulgarse dispone que, por tratarse de desacato a la autoridad, las reglas del proceso penal no procederán, y es que es aquí, precisamente, cuando el ciudadano requiere de la protección de tales reglas, porque el valor de la libertad lo impone.

No hay parlamento ni juez que en un Estado constitucional de derecho pueda tomar decisiones, ni siquiera con la mayoría total de sus miembros, que suspendan los límites que la norma máxima o los tratados o los principios generales desarrollan y establecen para la protección del derecho humano a la libertad personal, que es manifestación de la dignidad humana y, como tal, no admite cabida a la arbitrariedad como ha ocurrido en estos casos, lo cual además se posibilita con carácter general para el futuro con esta regulación, teniendo en cuenta que el amparo no es exclusivo del supremo tribunal, sino que lo ejercen todos los jueces que se convertirían por tal virtud en disponedores de la libertad individual. Aunque la aplicación final del arresto se supedite a la ratificación de la Sala Constitucional, ello no es garantía alguna y no elimina la realidad de que en la nueva ley se establece una sanción privativa de libertad sin las garantías del proceso penal y, por tanto, violatoria de las normas y principios de un Estado de Derecho y de un Estado que respete los derechos humanos fundamentales.