• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Se busca un juez independiente

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La primacía de la Constitución es un principio fundamental del Estado de Derecho y es tarea del Juez mantenerla. Así lo dispone el artículo 334 cuando atribuye a todos los jueces la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. Es decir, que el juez venezolano tiene la responsabilidad de imponer la aplicación de las normas constitucionales, es él quien garantiza que el Estado se someta a derecho.

El artículo 42 expresamente establece: “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.” El artículo 65 dispone: “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.”

Son derechos políticos el sufragio activo y pasivo. El activo, es el derecho a elegir, el pasivo, a ser electo. O sea que estos derechos, que son políticos, sólo pueden ser suspendidos por un juez, mediante sentencia firme (que no sea recurrible) y como resultado de un proceso judicial.

Conclusión evidente: ningún órgano que no sea el Juez puede suspender el derecho de un ciudadano a participar como candidato en una elección. La Contraloría General de la República no es un tribunal, el Contralor no es un juez, por ende, este órgano del Poder Ciudadano no puede, de acuerdo a la Constitución, suspender el derecho político de las personas al sufragio pasivo.

Conclusión evidente: Las inhabilitaciones políticas que ha producido la CGR son inconstitucionales.

Es verdad que el artículo 105 de la Ley de la Contraloría dispone que en caso de responsabilidad administrativa corresponderá al Contralor General de la República acordarla suspensión del ejercicio del cargo o la destitución, “cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo a  la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes. En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su designación, remoción o destitución. Las máximas autoridades de los organismos y entidades previstas en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, antes de proceder a la designación de cualquier funcionario público, están obligados a consultar el registro de inhabilitados que a tal efecto creará y llevará la Contraloría General de la República. Toda designación realizada al margen de esta norma será nula.”

Es más que evidente que el artículo en cuestión no puede aplicarse de forma contraria a lo que prevé la norma superior constitucional. Por ello ha de entenderse, lo que por demás de su texto expreso se deduce, que esta competencia de la CGR se refiere a la inhabilitación como impedimento para la designación (que no elección) de un funcionario público, por parte de un autoridad, las previstas en la propia ley.

Es decir que se trata de una inhabilitación administrativa para cargos administrativos, que no comprende la afectación de la participación política, la posibilidad de optar a cargos de elección popular, porque ello es parte de un derecho constitucional, el ejercicio del derecho pasivo del sufragio, el cual conforme a la Constitución, sólo el juez, mediante sentencia firme y luego de un juicio, puede limitar.

Ello explica las inmediatas declaraciones del nuevo secretario general de la OEA en relación a las recientes inhabilitaciones políticas aplicadas por la CGR, al señalar “Las inhabilitaciones las hace el pueblo a través de los votos” (El Nacional, 20 de julio de 2015).

Frente a esta “lluvia de inhabilitaciones” todas respecto de candidatos de la oposición (César Pérez Vivas, María Corina Machado, Enzo Scarano, Daniel Ceballos, Pablo Pérez: el nacional editorial edición 20 de julio de 2015), la imposición del orden constitucional en lo interno atañe al poder judicial. Para ello se requiere un juez independiente, un poder judicial que asuma sus competencias, que limite a la administración, que rescate el valor de la justicia y del derecho, y que obligue al respeto del orden constitucional. Es el juez nacional quien tiene la responsabilidad de restablecer el ordenamiento constitucional y hacer valer su rol de garante del Estado de derecho.

Así lo declaró expresamente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el fallo de fecha 1 de septiembre de 2011 (caso: López Mendoza vs Venezuela), al indicar “No corresponde, en cambio, que la Corte se pronuncie sobre la interpretación del derecho interno venezolano y, en particular, sobre la compatibilidad o incompatibilidad del artículo 105 de la LOCGRSNCF con la Constitución.”

Sí le compete no obstante a esta instancia internacional establecer si tales inhabilitaciones por decisión de un órgano administrativo y la consiguiente imposibilidad de presentar candidaturas para cargos de elección popular son o no compatibles con la Convención Americana.  Y en este sentido se ha pronunciado este órgano al señalar que tal inhabilitación sólo puede de acuerdo a este ordenamiento ser impuesto mediante “condena, por juez competente, en proceso penal”, habiéndose incuso pronunciado en el sentido de que en el caso de que lo haga la CGR se violan no sólo las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sino que se violan los derechos políticos de los inhabilitados al privárseles del sufragio pasivo, es decir, del derecho a  ser elegido y por ende se determinó que ello constituye una violación por parte del Estado venezolano a los artículos23.1.b y 23.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.

A pesar de esta contundente sentencia, a pesar de la contundencia de las normas del Tratado y de la contundencia de la disposición  constitucional, el Estado venezolano insiste en prácticas inconstitucionales y en este caso además totalmente antidemocráticas, amparado en la ausencia de un juez independiente que restablezca la legalidad.