• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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El blanqueo de dinero y la tonadillera

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El blanqueo de capitales, denominado comúnmente “lavado de dinero”, se define como el delito que consiste en dar apariencia de legitimidad a bienes o activos obtenidos mediante conductas delictivas. Se realiza a través de operaciones económicas para ocultar el origen criminal de los fondos.

Este delito puede concretarse con una multiplicidad de complicadas transacciones o mediante la simple colocación del dinero en instituciones financieras de seguro, de inversión, generalmente de una circunscripción distinta a aquella en la que se habría consumado el delito original. La colocación del dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo y la corrupción constituyen los más importantes casos del delito de blanqueo.

En este sentido y en relación con el lavado de dinero proveniente de la corrupción, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha establecido una categoría que denomina PEP, que significa “Personas Políticamente Expuestas” y comprenden a los “dirigentes que ocupan o han ocupado destacadas funciones públicas como jefes de Estado o de gobierno, políticos y gobernantes de primera línea, miembros de carrera judicial o militar, altos ejecutivos de empresas públicas y miembros destacados de partidos políticos”.

Estas personas y sus familiares y relacionados se consideran sensibles al blanqueo de capitales provenientes del delito de corrupción y la práctica más generalizada de este tipo de blanqueadores es la utilización de la banca privada, de la que es particularmente conocida la suiza, y otra que ha tenido últimamente figuración en este ámbito, que es la de Andorra.

Para combatir este delito se ha realizado un esfuerzo internacional, que se encuentra previsto en las Convenciones de Viena y de Palermo, las Convenciones de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y de corrupción y las directivas de la Unión Europea. También organismos internacionales han sido creados o han añadido a sus funciones labores de control en esta materia. Destaca el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI) creado en 1989 por el Grupo de los 7, el ya mencionado Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, las Unidades de Inteligencia Financiera y el grupo Edmont, la Oficina de las Naciones Unidas sobre Droga y Delincuencia, la red internacional de información sobre lavado de dinero y la Interpol.

Los ordenamientos penales de la mayoría de los países también lo consideran. En Venezuela, la Ley contra la Delincuencia Organizada la tipifica al disponer que: “Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido".

De manera que la noticia de PEP venezolanos con cuentas bancarias en Suiza y otros países con sumas extraordinarias de dinero ameritan, sin duda, la investigación penal internacional e interna. Es lamentablemente común en los países de América Latina la generación de grandes fortunas por quienes no tienen otra actividad económica conocida que la de haber ocupado cargos públicos, o de personas relacionadas con ellos por parentesco o amistad.  

En España, el delito de blanqueo de capitales ha tenido importantes manifestaciones en los últimos tiempos con casos en los que se relacionan desde funcionarios, alcaldes, ministros, presidentes de comunidades autónomas (equivalente a nuestros gobernadores), hasta personalidades de la farándula y de la misma realeza. Pero en la misma España vivió por años, a ritmo de la high society en una de las más exclusivas urbanizaciones madrileñas, el dictador Marcos Pérez Jiménez, un ex militar que pudo mantenerse en el exilio en tales condiciones con dinero cuyo origen no tenía correspondencia con su vida laboral.

También en el exilio han vivido ex presidentes de países latinoamericanos y otros ex funcionarios de alto nivel por años, sin que se les conozca otros ingresos que los percibidos por su remuneración en cargos públicos. Hoy se denuncia la existencia de fortunas multimillonarias, y en todo caso vidas de extravagancia, de personas que al igual que los antes mencionados no tienen otra fuente de ingresos que las de los cargos públicos ocupados por ellos o sus familiares. 

Por mucho menos, la conocida tonadillera española fue condenada a dos años de prisión, se le acusó y sentenció por el reciclaje de 1,8 millones de euros que le fueran entregados por un alcalde de Marbella con quien tenía una relación sentimental.  No solo fue ella condenada, sino que ha cumplido ya gran parte de la pena, lo que augura que pronto podría salir de la prisión.

La justicia nacional e internacional debe activarse para la investigación del lavado de capitales en el caso de los PEP latinoamericanos, pues no solo se ataca así el flagelo de la corrupción, sino en ciertos casos el de otros delitos asociados a este, como el narcotráfico. Y estos organismos que a ello se dedican deben sin duda trabajar por la eficacia de los mecanismos de investigación, que fallan cuando se constata que estos PEP de América Latina puedan tener cuentas bancarias con montos cuyo origen es indudablemente injustificable.