• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

Se acabó el tiempo

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La competencia temporal implica que un funcionario dispone de un tiempo para ejercer la atribución. La Ley Habilitante confiere, por definición, una competencia temporal al Presidente de la República. El artículo 203 de la Constitución expresamente indica que “las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio.”

Y así lo hizo la Ley Habilitante dictada por la Asamblea Nacional en el año 2013, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No 6.112 de fecha 19 de noviembre de ese año. El artículo 3 de la Ley Habilitante establece: “La habilitación al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, tendrá un lapso de duración de doce meses para su ejercicio, contados a partir de la publicación de esta Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.”

Es decir que el 19 de noviembre de 2014 venció el plazo otorgado por la Ley Habilitante para que el presidente pudiera dictar decretos leyes en las materias delegadas. Dictar leyes significa promulgarlas y promulgarlas significa publicarlas en la Gaceta Oficial, porque de otro modo la Ley no es tal. Así lo dispone el artículo 215 de la Constitución al prever: “La Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente “Cúmplase” en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

Después del 19 de noviembre de 2014 no pueden promulgarse (publicarse) leyes dictadas por el presidente de la República en base a la Ley Habilitante de 2013, porque su plazo para ejercer esta competencia habría expirado.  No cabe la excusa de un retardo por el volumen de publicaciones, o de la falta de papel, porque no se trata de un revista o un panfleto informativo, se trata de una ley, cuya existencia está supeditada a la publicación en la Gaceta Oficial. Tan consciente está el Ejecutivo de esta limitación que le impide publicar Decretos leyes con posterioridad al 19 de noviembre de 2014, que en las gacetas oficiales ordinarias de fechas 18 y 19 de noviembre anunciaron el título de 49 leyes en total, las cuales supuestamente serían publicadas en gacetas extraordinarias de esas mismas fechas.

Es ciertamente grave, que quien ejercer el poder pretenda soslayar los límites que le impone el ordenamiento jurídico con la picardía propia del venezolano, quien lamentablemente tiene la tendencia a no cumplir las reglas o límites que la vida en  sociedad requiere.

Que gravedad tan patente que las leyes estén apareciendo en gacetas predatadas, y la aplicación de sus normas obligantes desde la fecha de la “supuesta” publicación siendo en verdad instrumentos inexistentes para ese momento, produciendo una especie de retroactividad virtual; buen tema para la ciencia ficción, no para el derecho.

Al día de hoy, 25 de noviembre no se encuentran las gacetas con todas las leyes anunciadas, van saliendo a cuenta gotas, violando claramente el plazo de la habilitación, usurpando los poderes de la Asamblea, sin que de parte de esta exista o haya existido doliente y seguirán saliendo en los próximos días, porque elaborar 49 leyes no es cosa simple ni algo que pueda ser conducido con esta arbitrariedad del manejo de los tiempos. Al presidente se le acabó el tiempo y el país marcha como si nada sometido a esta arbitrariedad, como lo hace cuando el Consejo Nacional Electoral favorece descaradamente a uno de los contendientes, o como cuando nos da los resultados en plena madrugada, práctica que debe ser rechazada.

El proceso legislativo es deliberadamente pausado y está condicionado por la profunda meditación y discusión de lo que se va legislar. El procedimiento se desenvuelve por estas razones sin prisa, sin urgencias y sin alteración de los tiempos. Se discuten los textos legales, artículo por artículo, oyendo la opinión de los diputados, asesores, grupos de interés y en general la consulta pública. Esto es una constante en el parlamentarismo mundial, porque las leyes deben tener carácter permanente y responder a la voluntad general que se halla representada en las distintas tendencias parlamentarias.

En Venezuela, se delegaron inconstitucionalmente, casi todos los ámbitos de la ley al presidente mediante una habilitación, ya práctica común de la mayoría del partido de gobierno en los últimos años, produciéndose una delegación de plenos poderes y lo que en el mundo académico hemos calificado como una especie de “abdicación parlamentaria.” Y ahora, cuando ya la mayoría no da para estos procederes, sorprende aún más, la apatía total de una oposición democrática que admite que se vulnere el límite temporal de la delegación sin siquiera alzar una voz de protesta. No se entiende tanta negligencia, en momentos en que el juego democrático nos lleva a unas muy próximas elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional.

Recuerdo palabras del profesor Casado Hidalgo, quien cuando se discutían en la Procuraduría General de la República medidas que el Ejecutivo pretendía imponer, a pesar de la opinión contraria del órgano asesor a quien este representaba, el maestro tomaba la Constitución la tiraba al piso y les decía si la van a pisotear, háganlo pues literalmente.

En momentos en que circula además un proyecto de llamado a una Constituyente, vale la pena preguntarse: para qué tanta norma si no somos capaces de reclamar e imponer su cumplimiento a quienes se les inviste en un Poder constituido que se supone debe someterse a derecho.