• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

Yacambú

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Yacambú, palabra de origen indígena que significa la conquista del desierto. Así han denominado sus fundadores la universidad cuya sede principal está en la ciudad de Cabudare, en el estado Lara, y que celebra en estos días su vigésimo quinto aniversario, con un ambiente de sintonía total entre autoridades, personal administrativo y alumnos, quienes se desenvuelven en un ambiente académico de alto nivel y al mismo tiempo familiar, desde los valores y principios sobre los cuales se ha construido esta gran institución.

En el marco de esa celebración se realizaron las Jornadas Jurisprudenciales en Derecho Administrativo. Se analizaron los temas a la luz de la jurisprudencia de los últimos tiempos, lo cual llevó a la lamentable constatación de que el juez contencioso administrativo en Venezuela se ha convertido en un juez que en lugar de controlar la administración y someterla a derecho, como ordena el artículo 259 de la Constitución, es hoy un juez que la más de las veces legitima las actuaciones arbitrarias del poder.

En este sentido, causó estupor la sentencia de la Sala Político Administrativa que ha afirmado que la expropiación es algo distinto a la adquisición forzosa, evitando así condenar la arbitraria apropiación que realizó el Estado sobre la empresa Venoco, y justificando tal proceder en que los aceites que allí se elaboraban constituían la sangre de los venezolanos, o algo parecido a este horrendo símil, porque o nos dice que tenemos la sangre negra o cuando menos espesa, ninguna de las dos condiciones deseables en materia de salud.

No hay un solo autor de derecho administrativo que no defina la expropiación en palabras que se traducen en “la adquisición forzosa de la propiedad”, porque eso es la expropiación, una adquisición en la que la voluntad del propietario no se requiere para que opere la transferencia de la propiedad al ente expropiante. Decir que expropiación y adquisición forzosa son cosas distintas es tanto como decir que la prisión es una sanción administrativa o que la lluvia y el agua que caen del cielo son dos conceptos diferentes. Así de absurda es esta negación de la equiparación que se hace con el objeto de legitimar una expropiación ilegal.

Siendo la propiedad un derecho desde la época de los romanos y un derecho que se asocia a la dignidad humana, que se proclamó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, luego de tanto atropellamiento por los arbitrarios monarcas, en el constitucionalismo y a todo evento en el Estado de Derecho, sin que sea necesaria siquiera su consagración constitucional, porque es como se ha dicho un derecho fundamental del ser humano,  la propiedad tiene la protección de las garantías de la expropiación frente al poder del Estado. De allí que su aplicación es excepcional y debe atender solo a la satisfacción de una causa de utilidad pública o social, previa su declaración por ley, la intervención de un juez y la justa y oportuna indemnización. Así es como se verifica la adquisición forzosa por parte del Estado de los bienes de propiedad particular, lo que no es otra cosa que la expropiación, en un Estado donde impera la ley y se respetan los derechos humanos.

No existe en derecho la expropiación administrativa, esa que realiza el Ejecutivo en Venezuela sin control del juez. La expropiación en derecho no es una sanción, es una garantía de que la propiedad solo será transferida coactivamente al Estado para satisfacer un fin de utilidad pública, que así sea declarado por la ley, técnicamente fundamentado y con la intervención del juez y el pago del precio, todo ello como requisito para que una vez que el propietario haya recibido efectivamente su indemnización, sea entonces cuando opere la transferencia de la propiedad. Lo que aquí pasa y está pasando en los últimos años no es expropiación, es un Estado que no respeta la propiedad privada, en sus leyes, en sus decretos ejecutivos, en sus declaraciones políticas y en este tipo de sentencias de los jueces contencioso administrativos, conductas en las que todos los poderes, supuestamente independientes, actúan como uno para desconocer el derecho que debe respetarse, aunque una vez se trató de suprimirse mediante la reforma constitucional rechazada por el pueblo en el año 2007.

Al rescate del Estado de Derecho hay que propender, si queremos ser ciudadanos libres e iguales ante la ley. Si queremos un Estado que no solo proclame en el papel los derechos humanos sino que los garantice efectivamente.

Fue en todo caso una experiencia maravillosa compartir con autoridades y alumnos de esa casa de estudios, rondando los 400 participantes en su mayoría estudiantes, la presencia de jóvenes no solo larenses sino de otras partes del país, como Yaracuy, Portuguesa, Cojedes etc., todos con un interés ávido de conocimientos, anotando y preguntando con profundidad sobre los temas expuestos, y con espíritu crítico, como debe ser en la academia.

Los valores que definen a la Universidad Yacambú se veían reflejados en sus rostros y actitudes, en su comportamiento respetuoso, colaborador, responsable y con el orgullo de pertenecer a esa casa de estudios. Se respiraba optimismo al ver tantas caras jóvenes llenas de entusiasmo, y que no solo entendían la dimensión del problema que atraviesa la justicia en nuestro país, sino que, a su vez, demostraban que se sienten capaces de emprender los cambios que se requieran y ahí es donde quedaba en evidencia que esa universidad, sin duda, los está preparando para conquistar el desierto.