• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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En Venezuela solo el Estado tiene derecho de ser empresario

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De acuerdo con la Constitución, tanto los particulares como el Estado pueden ser empresarios. Así lo dispone el artículo 299 al establecer que “el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional…”. Lo natural es que el particular sea empresario, siendo esta, como es, una actividad privada. Lo excepcional es que se permita al Estado serlo también.

Por ello la doctrina constitucional destaca que cuando se admite la actuación empresarial del Estado, la misma debe estar limitada, en primer lugar, por el interés público que debe condicionar toda actividad económica del sector público, en segundo lugar, por el control de racionalidad y legalidad del uso de los fondos públicos, y finalmente por un estricto respeto de los principios del Estado de Derecho y la economía de mercado, esa misma en la que este, como Estado, estará participando. Tales principios son la libertad de empresa, la libre competencia y el respeto a la propiedad privada.

No obstante lo anterior, en la práctica en Venezuela el Estado solo se reconoce a sí mismo el derecho de ser empresario. La destrucción del sector productivo ha sido una política de Estado verificada mediante el abuso de todos los límites antes señalados. La importancia del respeto de las garantías jurídico-económicas de los particulares ha sido analizada en una brillante obra de José Ignacio Hernández titulada La libertad de empresa y sus garantías jurídicas, un estudio de derecho comparado en el cual se identifican las similitudes normativas entre Venezuela y España y las abrumadoras diferencias en las ejecutorias de ambos países.

En la Venezuela de hoy el Estado es un megaempresario, pero contrariamente a los postulados y restricciones constitucionales antes indicados, este no se limita por interés público alguno, al punto de que se confunden los conceptos de interés público, utilidad pública y servicio público, afectándose hoy en día toda la actividad económica de los particulares mediante el uso errado de los mismos. Los fondos no están sujetos a control de racionalidad ni legalidad de su uso, no hay transparencia en el gasto, la hacienda pública se administra como si fuera el patrimonio particular de quienes la manejan y no se observan ninguno de los principios de ese sistema de economía de mercado en el que se basa su propia participación.

De acuerdo con el Informe Anual de Libertad Económica en el Mundo de 2015, Venezuela ocupa el puesto 157 de 157 países en cuanto a los índices de libertad económica. El ex directivo del Banco Central de Venezuela, en los tiempos en que este era un ente autónomo, conocido experto en la materia monetaria y financiera, Eddy Reyes Torres, expresó en su artículo del pasado 19 de septiembre publicado en El Nacional, que “con su política de aislamiento económico y controles absurdos de los precios, la revolución del siglo XXI ha propiciado la entrada al país de plagas terribles: alta inflación, escasez de productos, cierre de empresas y altas tasas de desempleo”.

Pero el Estado en Venezuela se desdobla en su papel de autoridad abusiva y desconocedora de los derechos económicos de los particulares, y de otro lado, en su rol de empresario que reclama para sí lo que desconoce para el sector privado.

Así, contradictoriamente, en su rol de empresario, el Estado reclama la insostenibilidad de un precio del petróleo a 40 dólares y exige las mejores condiciones de un mercado estable. Aquí sí el Estado invoca la defensa de los precios y el respeto al sistema de mercado, mientras que para el sector privado propugna el control total y absoluto de los mismos. El Estado empresario favorece la inversión en sus empresas y da ventajas económicas a sus socios, tanto tributarias como de acceso a las divisas, en tanto que niega todo ello al sector productivo privado.

Es, en efecto, la errada política económica y el comportamiento arbitrario de un Estado que no respeta los principios que basan constitucionalmente un modelo económico de progreso y generación de mejores condiciones de vida para el ciudadano lo que ha permitido que se implante en Venezuela para sustituirlo, uno de retroceso, escasez y empobrecimiento generalizado, salvo, como bien apunta Eddy Reyes Torres en el artículo citado, para quienes amparados en las prerrogativas del poder están exentos de estas consecuencias desastrosas que para la economía venezolana ha representado la violación de nuestra Constitución, con base en un  modelo político que no encuentra cabida en su texto.