• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Venezuela: adiós al Estado de Derecho

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Enfrentamiento brutal entre malandros y policías. Los malandros emboscan a policías a tiros y con granadas fragmentarias. El “picure” se instala en una zona de Caracas y posa para la foto con un arma de guerra. Inquilinos asesinan a golpes a una anciana dueña de un hotel en Caracas. De un segundo piso lanzan a camarógrafo, supuestos miembros del PSUV durante enfrentamientos en Aragua.

El presidente de la República declara que está “mandatado” por la Constitución para hacer justicia en el caso Serra y declara culpables, sin necesidad de juicio, a los presuntos implicados, para estos no existe la presunción de inocencia. Esto de estar “mandatado” lo pone en situación de sentenciar en un programa de televisión, y quién sabe para qué quedarán los jueces. Asimismo también, probablemente por estar “mandatado” por la Constitución, sin fórmula de juicio, sentencia que un diputado de la MUD está también involucrado.

Los presos políticos se declaran en huelga de hambre y no hay respuesta de los organismos defensores de los derechos humanos. Presos sin sentencia o presos con sentencias por tribunales sin competencia y sin derecho a la defensa, estudiantes y políticos presos sin delito, presos por protestar, presos por hacer oposición, presos en cárceles inhumanas, presos sin audiencia, presos maltratados y sometidos a hechos que se denuncian por constituir el delito de tortura.

La presidente del Tribunal Supremo de Justicia hace declaraciones políticas al referirse a la visita del expresidente González y señalar que este no puede ejercer el derecho en Venezuela, cuando el juez no debe anticiparse en un pronunciamiento de hechos no acaecidos ni le corresponde dictar pautas de conducta, que son propias de la ley. Ese mismo tribunal es, por cierto, el que sin ser competente, sin cumplir un proceso penal, y sin otorgar derecho a la defensa, condenó a los alcaldes Ceballos y Scarano a una sentencia de prisión, en una decisión sin precedentes y contraria a toda la jurisprudencia de ese mismo tribunal. El primero, a pesar de haberla cumplido, sigue preso.

Las denuncias de corrupción son desechadas por las autoridades, con una solidaridad automática, a través de declaraciones en los medios, sin investigación y con la inmediata persecución de los denunciantes o de a quienes corresponde dar la noticia.

El presidente de la República ha dictado en los últimos años más de 250 leyes por vía de decreto ley, y le acaban de dar otra habilitante, la mayoría de ellas fuera del plazo legal y sin consulta pública. El ministro de la Defensa dicta una resolución que permite el uso de armas de fuego para controlar la protesta.

El presidente del Parlamento Europeo llama a la liberación de los presos políticos y a que se vuelva a la democracia en Venezuela. El Club de Madrid pide que cese la persecución de la disidencia. La ONU da al defensor del pueblo un plazo para que realice actos que demuestren su necesaria independencia.

Las leyes económicas niegan la existencia de los derechos económicos constitucionales: libre iniciativa privada, libre competencia y propiedad privada. Se mina la empresa privada, se mina la propiedad privada, y el sistema de justicia aplica estas leyes inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos.

La Constitución obliga a establecer sueldos apropiados a la elevada misión de los docentes y estos ganan salarios por debajo del mínimo. La Constitución protege la educación, a la cual reconoce como medio de superación y de desarrollo de la personalidad, pero de acuerdo con las declaraciones de un funcionario del gobierno es más importante la labor de un barredero que la de un médico, porque el primero evita la enfermedad y el segundo solo la cura. Esto unido a que ante la carestía de medicamentos se sugiere por parte de candidatos del partido de gobierno a ocupar una curul parlamentaria paliarla mediante la siembra de ilusorias maticas de los preparados químicos, que son producto no de la naturaleza sino de la creación humana a través de la investigación y desarrollo científico, dan cuenta de que no importa el conocimiento como instrumento de progreso.

No hace falta el estudio para pretender ocupar puestos de dirección o de representación, hay un total irrespeto al conocimiento, y de allí que la organización estatal ande como barco a la deriva y sus habitantes como pasajeros de esta nave sin rumbo que amenaza zozobrar todos los días, van quedando ahogados en el camino pero aún hay sobrevivientes, aunque en condiciones precarias, pero aun en ese barco con una tripulación irresponsable que se ha hecho cargo de él y no cede en ello, a pesar de carecer de la más mínima idea sobre la técnica requerida para conducirlo a puerto seguro.

No son juicios de valor sino hechos lo que evidencian no solo la inexistencia de un Estado de Derecho, sino que en Venezuela se vive en un Estado de guerra, no económica, sino de atentado gubernamental continuado, por acción u omisión, a la condición humana de la mayoría de sus habitantes.

Ciertamente, son criterios para determinar que existe un Estado de Derecho:

1) Que exista un control efectivo de los poderes del gobierno.

2) La ausencia de corrupción.

3) El respeto a los derechos humanos fundamentales.

4) El orden público y la seguridad ciudadana.

5) La justicia civil.

6) La justicia criminal.

El proyecto mundial de justicia (del American Bar Association, cuyos postulados son: defendiendo la libertad y buscando la justicia) ubica a Venezuela en el último puesto de una lista de 102 países, basado en el análisis del cumplimiento de los índices antes expresados.

Pero los hechos antes expuestos sirven también para determinar la existencia de una crisis humanitaria, porque hay un estado de emergencia institucional, y hay una situación crítica en materias básicas como la seguridad, salud, alimentación y acceso a los productos básicos, justicia y respeto de los derechos humanos fundamentales.

Es urgente que las fuerzas de la paz, desde el papa hasta los cascos azules, promuevan el restablecimiento de la vida digna en Venezuela y el cese de estos comportamientos criminales de irrespeto a la condición humana de los presos sin juicio, de los presos de conciencia, de los perseguidos y torturados y en definitiva de sus habitantes todos.

La esperanza papal de nuevo saboteada, la supuesta enfermedad presidencial evita el mensaje de esperanza de un llamado a la paz y al respeto a la dignidad humana, especialmente de quien no comparte las ideas de quienes gobiernan.