• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Todos contra todos

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El saqueo es la acción de entrar en un lugar robando cuanto se halla. El robo es un delito, de allí que la invitación al saqueo configura el delito de incitación a delinquir.

Así, presto debería estar el Ministerio Público en un Estado de Derecho para investigar lo que se ha reseñado en los medios y consta en un video colgado en las redes, como fue el llamamiento realizado por la alcaldesa del municipio Francisco de Miranda (Calabozo) del estado Guárico, el día 11 de abril pasado, a los presentes en un acto para que procediesen a saquear comercios en su localidad.

La inacción del Ministerio Público en un caso como éste, contrastaría con la adelantada para el castigo de la disidencia, la persecución de líderes políticos opositores, al endilgarle por sus discursos, no la incitación directa a cometer delito alguno, más sí los hechos punibles de la protesta que no les eran atribuibles, todo lo cual pone de manifiesto que el sistema habría mutado del denominado Estado de Derecho al de un ente en el que no hay derecho y ni siquiera es Estado.

Cuando se persigue la conducta legítima, mientras que las acciones ilícitas son impunemente ejecutadas, no puede hablarse ya de la ausencia de un Estado de Derecho, sino de la inexistencia del Estado mismo, como organización política que supone una ordenación jurídica que regula el Poder al que se someten los habitantes de un territorio determinado. 

Si a este tipo de llamamiento de autoridades públicas se une el tema de los linchamientos en Venezuela, en respuesta a la "incapacidad del Estado para castigar los delitos" (es decir, la justicia por cuenta propia) y los denunciados “asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad de Venezuela, (abatidos en enfrentamiento) ” que se cuestionan por representar “una nueva forma de pena de muerte” (artículo de  Vanessa Moreno Losada publicado en la página web de “Insightcrime, centro de investigación de crimen organizado” el 1° de marzo 2016), más el “tema de la criminalidad y los ataques a los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional…” (en portal de La Patilla, 18 de abril de 2016), definitivamente puede concluirse que hoy ni siquiera hay Estado en Venezuela.

Si no hay obediencia a la Ley, no hay ese elemento del Poder como atributo del pueblo delegado a una constituyente y plasmado en sus principios, valores y límites en la norma constitucional (Teoría Del Contrato Social, Rousseau), tanto más cuanto son las autoridades públicas las que incitan al desprecio de la ley, lo cual lamentablemente no es la primera vez que ocurre. Hace poco observamos como un Ministro se declaró en rebeldía respecto de las leyes que dicte la Asamblea Nacional y, por otra parte, que el Ministro de la Defensa es quien determina si una ley es inconstitucional.

La acción irreverente ante la norma, que ha sido característica de la conducción política revolucionaria, que en el Poder no ha respetado ni la forma ni el fondo del ordenamiento que regula la institucionalidad democrática, ha pasado a la sociedad misma. Descomposición social y destrucción del Estado y sus instituciones (linchamientos y ejecuciones en enfrentamientos policiales), ciudadanos sin derechos y autoridades sin noción del respeto a la ley y límites a su poder.

Por ello puede afirmarse que esta revolución sin fin ha conducido a la desintegración del Estado, pues autoridades en general y ciudadanos en el caso particular del linchamiento ejercen el poder de forma ilegítima y fuera del cauce de la regla jurídica que lo soporta.

Ese mismo fenómeno de la destrucción del Estado explica que el Parlamento tropiece en su actuar ajustado a sus competencias constitucionales con el bloqueo que las instituciones de este Estado inexistente le aplican, desde una confusión total de las funciones estatales, y en detrimento de la garantía que la separación de poderes, hoy también inexistente, procura en un Estado de Derecho para enfrentar la arbitrariedad del Poder incontrolado.

Como en su oportunidad se dijo respecto del saqueo incitado en 2012 por un Alcalde andaluz, es la “utopía comunista basada en el saqueo y la coacción”, pisoteando el derecho, destruyendo la economía para que el ciudadano dependa del gobierno, instaurando el clientelismo político, y destruyendo la cultura del esfuerzo y el trabajo.