• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

Al instante

Sueldos indignos

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

La educación es herramienta necesaria para el desarrollo y el progreso del individuo y consecuentemente de la sociedad. Pero también es la enemiga más importante de la arbitrariedad. Ello explica que su satisfacción se proclame como un derecho humano fundamental en el texto constituyente del Estado social de derecho, y ello también explica por qué a su destrucción propenden los regímenes autoritarios, populistas, corruptos, no democráticos o, en todo caso, aquellos en los que sus autoridades carecen de legitimidad de origen o la pierden por el ejercicio desviado del poder.

Así en Venezuela la consagración constitucional de este derecho se halla entre otros, en:

(i)Su preámbulo, junto con el derecho a vida, trabajo, cultura, justicia social e igualdad;

(ii) el artículo 3, que la define, unida al trabajo, como proceso fundamental para alcanzar el desarrollo de la persona y su dignidad;

(iii) el artículo 102 que la proclama como un derecho humano y un deber social, y que señala que como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico está al servicio de la sociedad;

(iv) el artículo 103 que la contempla como una función indeclinable del Estado, con respeto a todas las corrientes del pensamiento; y

(v) el artículo 104 que atribuye su impartición a personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica.

Y con el objetivo de que se cumpla este último postulado, la Constitución también consideró fundamental contemplar como obligación del Estado estimular la actualización permanente del profesorado y garantizar su estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, “en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión”.

La destrucción de la educación opera en Venezuela, desde una política de descrédito institucional, al uso de la restricción presupuestaria, el fomento de organizaciones paralelas carentes de los más mínimos estándares de calidad, hasta el incumplimiento total de este postulado constitucional, negando a los docentes ese “régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión”.

Fue claro para la mente constituyente que negar el régimen de trabajo y vida que la elevada misión de los educadores supone es igual a negar el derecho a los individuos a su educación y consecuentemente a su desarrollo personal, al pleno ejercicio de la personalidad y de la dignidad humana, así como el derecho de la sociedad al progreso y la vida en los valores de libertad, justicia y los demás valores democráticos que basan el Estado de bienestar.

El sueldo del profesor universitario, en 4 de las 9 escalas, está por debajo del salario mínimo, a un altísimo porcentaje de profesores y maestros se les paga por debajo del salario mínimo. Esto no es acorde en lo absoluto al significado de la palabra “elevada”. La misión del profesor se ve afectada por las paupérrimas condiciones a las que se le somete con este tipo de salario que le impide no solo el “elevado” nivel de vida que ordena la Constitución en virtud de su “elevada misión”, sino que le condena a una vida indigna, la misma a la que se condena a otros sectores de trabajadores públicos, a los que tampoco es justo que se les impida un nivel de vida digno en vista a los insuficientes salarios que perciben, sin contar con la carencia de los beneficios de seguridad social mínimos requeridos para la vida digna que todo ser humano merece.

Pero el tema del profesor en general, y el del profesor universitario en particular, se inserta en un política estatal que no es de un simple menosprecio a la educación, sino que parece tener como objetivo su destrucción, porque se la somete a un ataque permanente, cuando se lee que “para 2015, a las universidades nacionales les aprobaron, en promedio, entre 26% y 30% del presupuesto que solicitaron, lo que se tradujo en una asignación deficiente para los gastos de funcionamiento, (…) que alcanzarán hasta mayo, en su mayoría…” (El Nacional, 09/10/15).

La universidad no tiene doliente en un gobierno que combate la educación porque la ve como enemiga de sus objetivos políticos, que requieren la sumisión de la población a un modelo que no se ha escogido por ella, sino que es necesario imponer desde el poder y para el mantenimiento del poder de un grupo que de este se ha apropiado.

La casa que vence la sombra, esa frase del himno de la UCV es extensiva a toda la actividad de la enseñanza, porque la educación es el medio para generar la luz del entendimiento. No teme al conocimiento del otro quien respeta su independencia y libertad, no así quien abusa de ella.