• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

Súbditos o ciudadanos

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Este martes 1° de julio, Rafael Badell Madrid se incorporó como individuo de número en el sillón 17 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.  En su trabajo de incorporación sobre responsabilidad del Estado señaló: “Dejaríamos de ser ciudadanos para convertirnos en súbditos si un sistema de responsabilidad por los daños que causa el Estado no existiera”.

Un Estado que se siente irresponsable frente a sus actuaciones, en cualquiera de sus funciones: administrativa, legislativa y judicial, es, sin dudas, un Estado de súbditos, pues se equipara al Estado absolutista, en el cual este no reconoce que puede errar y menos aún que deba responder por las consecuencias dañosas de sus ejecutorias. Es el reino de la impunidad, pero de la “impunidad del Estado”, que es la más grave de las impunidades porque éste detenta el poder que se impone a los individuos, aun en contra de su voluntad.

En el Estado de Derecho la responsabilidad del Estado –expuso el académico– actúa como un mecanismo de control del ejercicio del poder y se verifica en la obligación de reparación del daño causado por sus órganos. En los Estados de Derecho, esos que sí son tales en el mundo moderno, el Estado debe pagar por los daños que causa, y a ello está obligado respecto de todas y cada una de las funciones que cumple. El Estado administrador, el Estado juez, el Estado legislador, todos los órganos del poder, sin excepción, son condenados a pagar por los daños, si en el ejercicio de la función pública los causan, con o sin culpa; cuando actúan de forma ilegal e incluso cuando lo hagan legalmente.

El Estado de Derecho moderno no concibe el sacrificio patrimonial ni moral del ciudadano por la acción estatal. El Estado absolutista en cambio parte de la idea medieval de que el súbdito debe soportar todo aquello que provenga de la voluntad real. En un Estado de Derecho se condena al Estado a pagar, a título de ejemplo, por los daños causados por el mal estado de las carreteras, o el déficit de los servicios públicos, por la muerte, lesiones y daños a los reclusos en los centros carcelarios, por los daños sufridos por los enfermos por el mal funcionamiento del servicio de salud o la falta de medicinas, el daño causado a los condenados por sentencias injustas, o los daños causados por las leyes inconstitucionales o por las leyes constitucionales pero expropiatorias.

Un Estado sometido a responsabilidad se ve obligado a controlar sus actos, debe cuidar que sus acciones se ajusten a la ley, y debe a toda costa evitar causar daños a sus ciudadanos, y en ese control se perfecciona el Estado de Derecho. Un Estado irresponsable tiende a la arbitrariedad y convierte a sus ciudadanos en súbditos.

El gran profesor español Eduardo García de Enterría afirmó que un Estado es de Derecho no solo cuando reconoce a sus ciudadanos los derechos humanos fundamentales, lo es, en verdad, cuando sus ciudadanos son conscientes de que tales derechos les pertenecen. Cuando se agradece al gobierno por haber reparado una vía, por haber dotado un hospital, por haber firmado un contrato colectivo, por haber liberado a inocentes, es claro que no estamos en un Estado de ciudadanos sino de súbditos.

En la Venezuela de hoy la población está compuesta por quienes, la más de la veces sin consciencia de ello, son meros súbditos, y por quienes, creyéndose ciudadanos, se atreven a reclamar sus derechos; ante estos, el Estado ha venido actuando como monarca cuando por tal reclamo ejerce la acción represora. Estamos frente a un Estado en el que todos sus órganos, sin excepción, tratan a los individuos como súbditos. La acción del Estado demuestra que no se reconoce en la práctica a los miembros de la comunidad su cualidad de titulares de los derechos que en la teoría el ordenamiento jurídico postula. Cuando logremos que estos realmente se cumplan, dejaremos de ser súbditos y recuperaremos nuestra libertad y nuestra condición de verdaderos ciudadanos, y ahí estarán dadas las condiciones para la instauración definitiva de un sistema de responsabilidad del Estado como el que se proclama en los Estados de Derecho, en el cual exista el deber de reparación integral del daño causado y se genere por virtud de su aplicación un mecanismo de control de la arbitrariedad, ante la ausencia de la impunidad de quienes ejercen el poder público.