• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Sicariato

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Aunque la palabra no aparece en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se usa para designar el fenómeno delictual del homicidio por encargo. Sicario, que sí se encuentra en el referido diccionario, significa asesino asalariado.

En Venezuela, su reciente aparición es otro sinónimo del deterioro institucional de un Estado que no garantiza la mínima seguridad ciudadana, y que ha fomentado una deformación de los valores humanos fundamentales. Casi podría asegurarse que Venezuela ha dejado de ser un Estado. Chávez, el gran destructor, como lo calificó uno de sus intelectuales compañeros de revolución, dio paso, no a la reconstrucción del país que este auguraba, sino al saqueo institucional y a la anarquía social.

El Estado como comunidad política requiere de una organización y de la sujeción al poder de una autoridad de acción y coerción (Malberg). Justamente de lo que se carece en Venezuela, pues en ella impera la desorganización, la inacción del poder o el accionar desviado de la ley, y la coerción se ha sustituido por la represión.

En este ambiente, no es de extrañar que la vida de un ser humano no sea valorada como derecho absoluto, y por tanto pueda tener un precio. Es común en nuestra realidad actual leer en las noticias que han matado a una persona, y que el crimen se cometió por otra que la interceptó y, sin más, sin mediar palabra ni acción alguna, procedió a descargar su arma o unas cuantas de sus balas en contra de la otra, para luego huir rápidamente del sitio, una vez cumplida la deplorable misión de dar muerte a la víctima.

Incluso ha ocurrido que, por error, el sicario ha causado la muerte de la víctima equivocada, como el caso de una maestra en Ciudad Bolívar, siendo el blanco por el que se habría pagado al asesino, una hermana abogada.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, este tipo de homicidios sucede donde no se respetan las leyes y no existe castigo. Ciertamente, no es suficiente que la ley lo contemple como delito, es necesario que exista un Estado que actúe dentro de los cauces de la legalidad para que se cumpla la norma. 

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo lo establece en su artículo 44 cuando dispone que “quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada, será penado con prisión de 25 a 30 años. Con igual pena será castigado quien encargue el homicidio”.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido en sus sentencias que: “Los Estados deben adoptar las medidas necesarias, no solo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones”.

La norma por sí sola no es suficiente. El Estado tiene una obligación positiva para, primero, impedir, y luego, de no haber sido posible hacerlo, castigar eficientemente a estos delincuentes para quienes la vida del prójimo puede ser tasada.

Pero es no solo la actuación de los poderes públicos lo que se exige para erradicar este tipo de delincuencia, es necesario que sea una respuesta cohesionada, el repudio a que la vida de una persona pueda ser comerciada. Para ello es indispensable que el valor de la vida humana forme parte de la conciencia colectiva.

El sicariato es otra de las malas cosechas de un clima de violencia como el que existe hoy en Venezuela, donde a la autoridad le complace la represión desproporcionada de la protesta, y sus funcionarios se sienten habilitados para disparar contra ciudadanos desarmados, acabar con la vida de jóvenes inocentes con tiros a la cabeza, y donde la población no tiene capacidad de reacción, en unos casos porque se sabe víctima de una mayor represión y de la posibilidad real de más inocentes sacrificados en sus vidas o integridad física, en otros, porque no interesa aquello que no atañe directamente.

La violencia que se ha instalado en la sociedad venezolana ha dado paso al sicariato, un mal que destruye a la víctima, corroe al delincuente y a quien lo financia y merma la tranquilidad que se requiere para una convivencia pacífica, a lo cual debe propender la acción estatal y la actuación ética de sus autoridades, es la razón de ser del Estado.