• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Servicio eléctrico estatizado

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Mientras en el régimen comunitario europeo el sector eléctrico se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro, calidad y coste de la electricidad no requiere la reserva al Estado de ninguna de sus fases, ni de más intervención estatal que la que la sola regulación específica supone, en Venezuela se ha pasado al otro extremo del control total y absoluto del sector, mediante una legislación que: (i) lo declara como servicio público, (ii) reserva al Estado todas las fases de desarrollo económico de este ámbito, (iii) impone su prestación directa, y (iv) declara la utilidad pública e interés social de todas las obras y bienes vinculados directamente al sistema eléctrico en el territorio nacional.

La tendencia europea es, en efecto, que los servicios públicos económicos de interés general se presten en condiciones de calidad y accesibilidad por parte de todos los ciudadanos, para lo cual no es necesario en modo alguno que estos sean prestados por la empresa pública, aun cuando sí corresponde al Estado la definición de los objetivos del servicio, sus obligaciones y el control de la efectividad de la prestación.

El desarrollo de servicios eficaces se postula con base en los principios de subsidiariedad, libre competencia, calidad, accesibilidad, universalidad y seguridad. Lo importante es la satisfacción del interés general que se concreta en la prestación eficiente del servicio.

¿Qué justificó que en diciembre de 2010 fuera dictada la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico para derogar y sustituir la dictada en 2001 en la que se abría a la libre iniciativa privada la etapa de comercialización? Era simplemente el paso subsecuente a la adquisición por parte del Estado, en 2007, de la Electricidad de Caracas, compañía que en manos de los privados prestaba un servicio de calidad y con una gestión empresarial exitosa.

La concreción  del plan de implantación de un sistema de economía socialista no se satisfacía con la mera estatización de la empresa de electricidad, debía establecerse la reserva al Estado, incluso la reserva a su prestación directa, es decir, sin admitir que este se auxilie por los particulares, pues la premisa que rige hoy en la prestación del servicio eléctrico es: la reserva y dominio del Estado y el modelo de gestión socialista (artículo 4).

Se creó en esta ley un establecimiento público como operador y prestador exclusivo del servicio (Corporación Eléctrica Nacional S.A.) (artículo 8), adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica, que está encargado de la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización en todo el territorio nacional (artículo 28 de la ley), y el cual podrá crear empresas filiales a las cuales podría traspasar algunas de las actividades encomendadas.

La reserva al Estado combinado con un expreso modelo de gestión socialista previsto en el artículo 9 y de acuerdo con lo previsto en el Plan de la Nación que excluye todo acceso a la iniciativa empresarial privada, pone de manifiesto que se trata no solo de una estatización del servicio en los términos de la noción clásica del servicio en un modelo de economía de mercado con el objeto de cubrir sus deficiencias en un área de interés general, antes bien, es un reconocimiento de que el servicio público en este caso excluye la libertad de empresa porque esta regulación es la manifestación de un objetivo político de cambio de un sistema económico por otro, aun a costa de lo que más convenga a los usuarios en cuanto a la calidad, accesibilidad y seguridad en la prestación de un servicio esencial, como es el suministro eléctrico.

El resultado está a la vista, servicio de poca calidad y confiabilidad, deterioro de la infraestructura de generación y distribución y racionamiento, como ocurre con la mayoría de los otros bienes y servicios de consumo, en un país en el que contrariamente a lo que sucede en el mundo desarrollado, el Estado se empeña en pretender convertirse en la actividad económica privada.