• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Secuestro institucional

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La periodista española Salud Hernández Mora, secuestrada por el grupo irregular colombiano ELN en la zona del Catatumbo, y liberada una semana después, declaró que durante su cautiverio hubo una serie de juegos por parte de las autoridades que no entendió. Se refería a las declaraciones oficiales que negaban su secuestro. El presidente Santos había en efecto manifestado tener “dudas sobre la situación de Hernández” y que “creía que no había sido secuestrada”.

El secuestro es un tema de profundo rechazo en la sociedad colombiana, por lo cual las dudas oficiales sobre la calificación como tal de la privación ilegítima de la libertad es cosa que, como indicara la periodista afectada, cuando menos llama la atención. 

La privación ilegítima de la libertad constituye el elemento más importante de la definición jurídica del secuestro. El fin de lucro, la venganza, las motivaciones económicas, personales o políticas son un elemento accesorio, que caracteriza los distintos tipos que de este pueden producirse.

Así las cosas, la detención ilegítima a la que están sometidos los presos políticos en Venezuela es también un tipo de secuestro, porque hay una privación totalmente arbitraria de la libertad, que responde a motivaciones políticas. Como quiera que los agentes de la retención son las instituciones del Estado, actuando al margen de la ley, a este secuestro lo podríamos denominar: secuestro institucional. 

La periodista señala que los secuestradores en su caso fueron correctos y le dieron buen trato, lo que no ocurre con los presos políticos en Venezuela, pues muchos se hallan en condiciones infrahumanas, en celdas mínimas, sin luz, sin derecho a la atención médica o en cárceles, recibiendo el trato de delincuentes comunes, un maltrato adicional al que supone la privación de libertad.

Así como lo de la periodista fue un secuestro y el presidente Santos no lo entendió al principio, también lo es en el caso de los jóvenes que el mismo presidente Santos entregó a las autoridades venezolanas, aún a sabiendas de que eran perseguidos por sus ideas políticas y que serían sometidos a la violación de sus derechos humanos fundamentales. Allí se ha configurado una acción de secuestro institucional con la complicidad del Estado colombiano, esos jóvenes están secuestrados, y a la gravedad de que al igual que el ELN es difícil la posibilidad de negociar su libertad, se une que por la esencia de los secuestradores la idea misma de una negociación repugna, pues son los involucrados quienes detentan el poder público y lo ejercen con la arbitrariedad de disponer de la libertad de las personas sin fórmula de juicio y con motivaciones ajenas a la aplicación del ordenamiento jurídico.

Como señalara la periodista en referencia al ELN sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz: “Es un grupo muy complicado, que tiene una manera de pensar que es muy difícil de cambiar. Son ideas preconcebidas que no tienen un sustento real” resaltando la dificultad del diálogo y la negociación y mencionando en este aspecto también al presidente venezolano al indicar: “Es como hablar con  Maduro. Vaya usted a negociar con Maduro”. Los presos políticos son secuestrados institucionales, y la negociación de su libertad como parte del diálogo es lamentablemente una imposición que se genera por la violencia que se ejerce con este proceder y la necesidad de rescatar a las víctimas.

La evidencia de que Leopoldo López es también víctima de un secuestro institucional se proyecta a nivel internacional por el hecho de que la visita que le hiciera el presidente Zapatero haya requerido la autorización presidencial. Ya antes también se demostraba abiertamente esta circunstancia cuando el fiscal acusador huía al exterior confesando la manipulación del expediente y de las pruebas en connivencia con autoridades militares, policiales y judiciales.

El tema desde la perspectiva jurídica es que quienes desde el poder han privado o facilitado la privación de la libertad arbitrariamente a todos los presos políticos son sin distinción copartícipes de un secuestro y son responsables ante la ley. En lo político, el diálogo es un instrumento de paz y de recuperación de la libertad a la que estos tienen derecho.

Parece reeditarse en cierta medida ahora con el comisario Ángel Coromoto Rodríguez, por jefe de seguridad del parlamento opositor, el caso de los comisarios Forero, Vivas y otros, a quienes se implicó y condenó por hechos en los que en videos se constataban atribuibles a pistoleros colectivos del gobierno, apresados en primera instancia y liberados posteriormente como héroes de guerra. Aparentemente otro secuestro se produce cuando ordenada su libertad, se reapresa al mencionado y se le recluye junto a otros manifestantes en el servicio bolivariano de inteligencia (Sebin).

Las víctimas de estos secuestros institucionales son muchas, unas conocidas otras anónimas, la justicia y la reparación debe abarcar a todos por igual, como lo expresó gallardamente el dirigente Leopoldo López al ex presidente Zapatero en la visita que le dispensara, con la autorización de sus captores.