• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

Al instante

Prueba falsa por instrucciones: usurpación y juicio nulo

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Las declaraciones del fiscal 41 nacional en el sentido de que recibía presiones de sus superiores y del Ejecutivo nacional para “continuar defendiendo las pruebas falsas con que (sic) se había condenado al ciudadano Leopoldo López” es otra demostración de la ausencia de separación de los poderes en Venezuela, así como de la distorsión de la función judicial para la persecución política y la violación gubernamental de los derechos humanos. En dicho juicio se condenó al líder opositor a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión, y también con base en esas mismas pruebas que se confiesan falsas y con la presión aludida, se sentenció a los estudiantes Damián Martín y Ángel Álvarez (4 años y 6 meses) y Christian Holdack (10 años, 6 meses y 12 días) por su participación en una acción de protesta.

Plantean estas declaraciones de  nuevo el tema de la ausencia de la independencia del Poder Judicial y el uso de la justicia para perseguir la disidencia e imponer castigos selectivos (algún convocante y algunos manifestantes) y por tanto la inexistencia de democracia y Estado de Derecho en Venezuela. La sumisión de la justicia a los dictados del Ejecutivo implica la posibilidad de que por este medio se persiga no solo a la oposición democrática sino también, como ha ocurrido, a todos quienes sean molestos al régimen o quienes detentan el poder, por su profesión o industria (periodistas, editores, medios, empresarios, etc.) dejando abierta la posibilidad de que algunos puedan o lo hagan por razones meramente personales. Lo cierto es que en Venezuela toda persona está expuesta a los excesos de un poder sin límites.

La Constitución dispone que la autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos (artículo 138). Si el fiscal actuaba, como ha expresado, cumpliendo instrucciones del Ejecutivo, e incluso de sus superiores, no ejercía la competencia que solo a él correspondía en el juicio penal, se habría convertido en instrumento de usurpadores de su autoridad, y por tanto los actos así cumplidos son nulos y nulo es todo el juicio que en tal condición este prosiguió contra los mencionados ciudadanos.

Asimismo, la Constitución prevé la nulidad de las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso (artículo 49, 1), con lo cual es nula tanto la prueba falsa como aquella que se ha obtenido ilegítimamente. En este caso, el fiscal se refiere a pruebas falsas lo que significa que se habría condenado con base en pruebas prefabricadas, es decir, que no se corresponden con la realidad de lo ocurrido y que por tanto imponen la nulidad de lo sentenciado.

Se violentó el derecho a juicio justo, debido proceso, defensa, y otros muchos derechos y garantías constitucionales, por lo cual, como reza el artículo 25, estas actuaciones que menoscabaron los derechos garantizados por la Constitución y la ley son nulos, pero más aún los funcionarios públicos que los ordenaron y aquellos que los ejecutaron deben responder penal, civil y administrativamente, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores (artículo 25).

También en el marco de estas posibles desviaciones judiciales se lee en la edición de El Nacional de 26 de octubre de 2015 la noticia sobre la existencia de una comunicación de un ex magistrado, ex presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se afirma que por órdenes presidenciales se les instruía impulsar una investigación contra el líder opositor Manuel Rosales y “atender órdenes de la Fiscalía”. Estos señalamientos plantean de nuevo la ausencia de separación de poderes por la sumisión del Poder Judicial a otros poderes del Estado y el uso de la justicia con fines políticos.

Todas estas informaciones justifican la duda colectiva acerca de la legitimidad de los juicios en los que se involucra la opinión pública por su incidencia en los asuntos del poder, desde la perspectiva política, económica o personal, incrementada por la falta de respuesta inmediata y efectiva de las instituciones de control.

Los afectados por la arbitrariedad del poder han sido víctimas de un “esquema de jueces investidos de maldad, o sometidos a la maldad” (Duque Corredor, Román José, en: El Nacional 26/10/15), de un esquema de ejercicio del poder de forma antijurídica, antiética y antidemocrática, avalada por buena parte de la comunidad internacional, en sus organizaciones y sistemas de justicia, al negarse, como ha afirmado el académico Allan Brewer Carías, “a juzgar y apreciar la probada ausencia total de autonomía e independencia de los jueces y fiscales, y en cambio, proceder a proteger al Estado, avalando el desempeño del Poder Judicial venezolano”. Han sido muchos los injustamente lesionados por el desempeño ilegítimo de las autoridades venezolanas que no se condenan en el mundo internacional, bajo la excusa de un principio de no inherencia, el cual sin embargo no debe ser admitido como límite ante la violación generalizada de los derechos humanos que en estos últimos años ha ocurrido y sigue ocurriendo en Venezuela.