• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Perspectivas de una crisis humanitaria

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Dos distintas perspectivas de la crisis humanitaria que afecta a Venezuela se manifiestan en las recientes intervenciones de los secretarios generales de la OEA y de Unasur, las cuales contrastan, pues el primero, Almagro, se concentra en la importancia del reconocimiento de la ausencia de democracia y la violación sistemática de los derechos humanos por parte de agentes del Estado, el segundo, Samper, está ocupado en la importancia de diseñar un plan de recuperación económica para el país.

Si la crisis humanitaria es una situación de emergencia que precisa ayuda en forma superior a la habitual para evitar una catástrofe humanitaria, puede decirse con propiedad que el tema en Venezuela no es solamente de carácter económico.

La pregunta que se plantea es si basta que exista un plan de recuperación económica para que se acepte la inexistencia de valores democráticos y la violación constante de los derechos humanos. ¿Cuál es el orden de prelación de estos dos ámbitos? Debe haber un orden de prevalencia?

La cultura ciudadana impone precisamente reconocer que no existe entre estos aspectos relación de alternatividad, ninguna de las perspectivas excluye a la otra. En Venezuela no hay Estado de derecho, no hay democracia y no se respetan los derechos humanos fundamentales. El ejercicio del poder público no se limita a la ejecución de la norma. La autoridad procede generalizadamente mediante las vías de hecho y se ha instaurado un régimen de promoción y tolerancia a la violencia respecto de la delincuencia común y organizada y en relación al ejercicio de la disidencia de cualquier tipo que ésta sea.

Se ha instalado además una técnica de sabotaje institucional a las iniciativas opositoras en lo político, y con la distorsión más descarada del ordenamiento constitucional, gobierno, poder judicial y órganos del poder al servicio del primero se inscriben en un fenómeno que ha denominado el secretario de la mesa de la unidad democrática con el nombre de “violencia constitucional”.

Poner la Constitución al servicio del plan de gobierno es sin duda un acto de violencia constitucional.  La  interpretación constitucional enderazada sólo a dar una apariencia de legitimidad a las actuaciones contrarias a derecho es violencia constitucional. La interpretación de las normas fundamentales enderezada a desconocer los derechos humanos de los individuos es violencia constitucional.

 

En esta violencia se inscribe la reciente declaración de la canciller venezolana al indicar la aberrante teoría de que cumplida la mitad del período surgiría la carga en el solicitante del referéndum revocatorio del mandato presidencial de iniciar el trámite, y que por tanto al no haberse hecho esto el mismo día 11 de enero de 2016, el referéndum revocatorio no puede ser llevado a cabo este año. Convertir en cargas los derechos es violencia constitucional. Además es primario el conocimiento y el sentido común que se requiere para entender que el inicio del plazo para el ejercicio de un derecho no implica la carga de hacerlo el primer día del mismo, por eso tan descabellada afirmación por parte de una autoridad pública es otra de las tantas manifestaciones de violencia constitucional.

Pero la violencia en Venezuela no es sólo normativa o institucional, es física, incontrolada, y ejecutada de forma impune por los agentes estatales o particulares sin que la acción gubernamental se produzca para su condena moral por parte de funcionarios, que antes bien y por el contrario se caracterizan también por una violencia verbal sin parangón (con tímidas excepciones) y la acción punitiva del Estado no se pone en movimiento para evitar estas conductas delictivas.

La acción del Estado para garantizar la seguridad pública tiene que ser real, no con la apariencia de legitimidad que ha acostumbrado esta revolución que acciona dictando un desbocado, desordenado e inadecuado  ordenamiento jurídico para luego en la práctica comportarse con una insólita inacción de complicidad, caldo de cultivo del incremento de unos niveles de delincuencia nunca vistos en el país, que le ponen a la cabeza de uno de los sitios más peligrosos del planeta. 

En el estudio realizado por el profesor de derecho procesal penal de la Universidad Católica Andrés Bello, Daniel Badell Porras, se observa como se ha potenciado la reglamentación de tipos penales al punto de que están previstos en las leyes un total de 953 diferentes delitos, “cifra record para cualquier ordenamiento jurídico en el mundo.”

Contradictoriamente, señala el mencionado profesor, “no existe la volunta política, ni la posibilidad material de confrontar, juzgar y sancionarlos”, aunado a ello a que “exhibimos también la cifra record de impunidad; arededor del 92% de los delitos comunes y 98% de los delitos cometidos en materia de derechos humanos” (información del Observatorio Venezolano de Prisiones), todo lo cual conduce a concluir que la crisis humanitaria en Venezuela no se resuelve con una propuesta económica, señor Samper, sino con un cambio político que rescate los valores democráticos y el Estado de Derecho y ponga fin a un Estado fraudulento que desde la pretendida legitimidad normativa viola todo el ordenamiento jurídico y los principios generales del derecho constitucional de un texto escrito que aunque existente es letra muerta.

Violencia, violencia y más violencia es lo que prolifera en la Venezuela a la que agobia una crisis humanitaria más allá de lo económico.