• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Pasividad estatal ante la violencia y llamado presidencial a la rebelión

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Bochornoso espectáculo las agresiones infligidas al dirigente opositor “Chúo” Torrealba, cuando se encontraba en una protesta pacífica por el tema de los cortes eléctricos frente a la sede de Corpoelec. Más deleznable aún presenciar la incitación que hacía el agresor, quien en repetidas ocasiones vociferaba: “Échale plomo”. Plomo en el lenguaje coloquial alude a las “balas de un arma”, por ello pedir que se le eche plomo a alguien puede implicar que se querría procurar que este sea objeto de heridas provenientes del uso ilícito de un arma de fuego.

Terrible la agresividad y violencia que encierra caerle a golpes a una persona sin que haya existido provocación y más aún que se la ponga ante la amenaza del posible uso de la acción criminal que implica ser víctima de la herida causada por un arma.

El imperio de la ley y el orden repugnan que ante esta agresividad y violencia el aparato del Estado se paralice, quizá porque ella envuelve una situación política en la que el agredido es un personaje de la oposición y el agresor presuntamente partidario del gobierno. Que entiendan los ciudadanos que el respaldo político pueda canalizarse con la violencia al cobijo de la impunidad, si esta parte de quienes apoyan al gobierno, desdice de la existencia de un Estado de Derecho. La pancarta observada en el grupo concentrado a las afueras del Palacio de Miraflores durante el discurso del presidente en el marco de la celebración del Día del Trabajador, en la que aparece el jefe del Estado golpeando a un ensangrentado presidente de la Asamblea Nacional (El Nacional, 3 de mayo de 2016) denota que se percibe que el poder se ejerce desde la acción violenta y no conforme a un ordenamiento jurídico y de acuerdo con los valores de la paz, el respeto mutuo y la tolerancia.

Es persecución e intolerancia política tanto la pasividad gubernamental ante un hecho de violencia directa contra los manifestantes pacíficos o sus dirigentes, como aquella que al contrario produce un accionar irracional, desproporcionado e ilegal con el objeto de atribuirle responsabilidad penal por hechos violentos que no le son atribuibles al dirigente que con su arenga exhorta a sus seguidores a manifestar pacíficamente en contra del gobierno al que hace oposición (caso Leopoldo López).

Si el discurso para convocar a la protesta ciudadana es delito (caso Leopoldo López), cómo se calificará el de la autoridad que hace un llamamiento a la rebeldía frente al marco jurídico que lo ata. En proceso una iniciativa para la realización de un referéndum revocatorio del mandato presidencial, el presidente se expresa de la siguiente manera: “Si la oligarquía hiciera algo contra mí y lograra tomar este palacio, les ordeno declararse en rebelión y declarar una huelga general” (El Nacional, 2 de mayo de 2016). La autoridad sujeta a un proceso revocatorio no puede ver como agresión personal la posibilidad que brinda el texto constitucional de controlar el ejercicio del mandato que se ha otorgado por la misma vía del pronunciamiento del cuerpo electoral que lo habría elegido.

Tampoco puede utilizar las competencias del cargo con el objetivo de impedir que el Poder Electoral ejerza con la independencia que corresponde sus funciones en la concreción del mecanismo constitucional previsto en artículo 72, con carácter general para todos los cargos de elección popular.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, el presidente puede crear comisiones presidenciales para la consideración de las materias que se determinen en el decreto de creación. No se refiere la ley a los asuntos personales del máximo jerarca de la administración pública nacional, sino al cumplimiento de las competencias que al Poder Ejecutivo corresponden. Tampoco se conciben estas comisiones como una posibilidad de que esta vía de organización administrativa sea usada para interferir en las competencias de los otros poderes del Estado, violando su ámbito de actuación y la independencia en el ejercicio de sus funciones propias (artículo 136 de la Constitución). Por ello la anunciada comisión para revisar las firmas recogidas por la oposición para convocar a un referéndum revocatorio es totalmente inconstitucional, ilegal y contraria a la ética de un ejercicio democrático del poder.

Ni rebelión ni comisión, pues ambos son instrumentos desviados para eludir la aplicación de un control constitucional. De otra parte, la agresión sufrida por el dirigente opositor merece la condena no solo de las personas que ocupan posiciones de poder –cuestión de humanidad lo impone– sino que también exige la condena de los cargos e instituciones que al amparo de un Estado de Derecho han sido creadas (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y hasta el propio Corpoelec).

Del mismo modo que debe proscribirse la violencia contra la libertad del pensamiento político, debe ponerse fin a la prisión política de la disidencia democrática y de sus dirigentes por el solo hecho de  conducirla. La rebeldía –que no rebelión– debe ser contra la rebelión que existe o se convoca ante las normas, principios y valores humanos de la sociedad y la que se ejecuta contra estos mismos principios, normas y valores democráticos del Estado que la cobija.