• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Miedo al supremo

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Una de las características del Estado de Derecho es la seguridad jurídica que se basa, entre otros elementos, en la confiabilidad de sus instituciones, confianza que se construye con un constante accionar acorde a derecho. El miedo del ciudadano ante el actuar de las organizaciones oficiales es sin duda muestra de que no existe un Estado de Derecho.

El temor a las sentencias del supremo tribunal que se ha venido gestando por tantas decisiones que en los últimos tiempos han sido dictadas para anular la actuación del órgano parlamentario frente al poder presidencial, o cualquier forma de disidencia política, puede ser la explicación del rumor que se corrió por Twitter y otras redes sociales, así como en los medios de comunicación, en cuanto a que la Sala Constitucional habría dictado una sentencia para desestimar los cuestionamientos a la legitimidad, esta vez de origen, del presidente de la república.  

Ya es bastante anómalo que ante la denuncia del hecho de que el presidente tiene una condición que lo inhabilita para ocupar el cargo no se haya desarrollado un procedimiento tendente a establecer o desestimar su veracidad, pero de aun más profunda gravedad es que se tema una actuación de complicidad institucional para evitarlo.

El rumor resultó incierto, aunque en el ámbito de las intenciones oscuras no es de académicos opinar, hay que decir que el texto del fallo en cuestión no produce, en derecho, el efecto que se le había asignado. No es verdad que el Tribunal Supremo haya establecido con carácter vinculante que la doble nacionalidad no afecta a quien ostentando la venezolana hubiese sido electo para uno de los cargos contemplados en el artículo 41 de la Constitución, entre ellos el de presidente de la república.

La norma en referencia dispone que solo los venezolanos por nacimiento, y sin otra nacionalidad, podrán ejercer además del cargo de presidente de la república, el de vicepresidente ejecutivo, presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, presidente del Consejo Nacional Electoral, procurador, contralor y fiscal general de la república, defensor del pueblo, así como los ministros de los despachos relacionados con la seguridad de la nación, finanzas, energía y minas, educación; y los gobernadores y alcaldes de los estados y municipios fronterizos; finalmente, aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.

A diferencia de la Constitución de 1961, se ha reconocido en el texto de 1999 el derecho a la doble nacionalidad, “siguiendo las orientaciones de los ordenamientos constitucionales contemporáneos, (…) todo ello con el objeto de facilitar a la República la suscripción de tratados internacionales en la materia”. (Exposición de motivos de la Constitución). También se contempla en el texto fundamental el derecho a renunciar a la nacionalidad venezolana originaria (artículo 36).

Pero el artículo 41 precisamente dispone que el reconocimiento de esta doble nacionalidad plantea una limitación política al venezolano por nacimiento que se halle en este supuesto, en cuanto a que por esta razón (tener doble nacionalidad) queda inhabilitado para optar a los cargos antes indicados.

No existe posibilidad alguna de entender lo contrario, es decir, el límite aplica para quien ostente la doble nacionalidad de la forma que sea, por nacimiento, por naturalización, ejercida o no, e independientemente del orden de prelación. No distingue el constituyente cuando establece este requisito objetivo de inhabilitación: quien tenga doble nacionalidad no podrá ser, entre otros, presidente de la república.

La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en el expediente 15-0235, de fecha 27 de abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N° 40909 de fecha 23 de mayo de 2016) que dio lugar al señalado rumor, no se refiere en lo absoluto al supuesto previsto en esta disposición ni al caso del presidente en funciones.

Decide el asunto de una menor con múltiple nacionalidad, entre ellas la venezolana por nacimiento, y de allí que le restablece su derecho a realizar los trámites pertinentes para la obtención de su pasaporte ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

El carácter vinculante de la decisión es en referencia a la protección que se otorga por virtud del análisis de las normas constitucionales y el derecho a la nacionalidad venezolana, en cuanto a que independientemente de las otras, esta le hace estar a la persona sometida al ordenamiento jurídico nacional.

Por ello la interpretación de la sentencia más que relajar la norma constitucional del artículo 41, que no analiza en modo alguno, sirve para aplicarla con todo rigor. En efecto, según la sentencia si la persona ostenta la nacionalidad venezolana está sometida al derecho nacional y por tanto debe colegirse que si esta tiene además otra nacionalidad, conforme a ese derecho nacional (en este caso constitucional) no puede optar a ocupar los cargos mencionados en el artículo 41 de la Constitución el cual se le aplica. De allí que la elección de un presidente de la república con doble nacionalidad sea absolutamente nula porque viola la referida norma constitucional.

La aplicación del derecho por parte de la justicia no debe responder a temores ni rumores, los cuales proliferan cuando no hay confianza en las instituciones. La materia de la inhabilitación de una persona para uno de los cargos previstos en el artículo 41 de la Constitución es asunto que debe investigarse y esclarecerse con objetividad, al menos, en un Estado de Derecho.