• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

Al instante

María Amparo Grau

¿Lobby? No, tráfico de influencias

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El lobby, también conocido como “política de vestíbulo”, es un término vinculado al parlamentarismo británico del siglo XVIII, el cual se originó para calificar a los grupos de personas que a las puertas de las cámaras intentaban influir en los miembros del parlamento en cuanto a las leyes a ser dictadas por este cuerpo.

Hoy el lobby se extiende a las decisiones a tomar no solo por el congreso, sino también aquellas que corresponden a las autoridades administrativas. Se define entonces el lobby como la actividad desarrollada por grupos de personas, y hasta empresas fundadas con tal objetivo, para intentar influir en las decisiones de un órgano del poder, en favor de sus intereses.

El lobby, sin embargo, pasa a ser ilegal, cuando se recurre al tráfico de influencias o al uso de información privilegiada y no procede legalmente cuando no existe un margen de discrecionalidad en la decisión, porque si el acto está reglado por la ley, el que el funcionario se desvíe para favorecer un interés distinto al que la ley sirve, conllevaría una actuación igualmente ilícita.

Tal es el caso de la contratación administrativa, la cual está sometida a procedimientos de selección del contratista reglados. Se regula en normas, las cuales disponen la información que los aspirantes deben aportar, los trámites a seguir, y las evaluaciones que desde el punto de vista estrictamente legal, económico y financiero deben realizarse, para en un plano de igualdad e imparcialidad garantizar que la administración escogerá al contratista más favorable a sus intereses y con ello al del interés general.

Por tanto, puede afirmarse que el lobby en materia de contratación administrativa es ilícito, ya que el mismo al final lo que persigue es traficar con la influencia del “lobbysta” a fin de que la buena pro sea otorgada a quien lo contrata, independientemente de los resultados objetivos de la licitación.

Un extracto del informe de a Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, servicio ejecutivo español, en relación con las cuentas de Banco Madrid, desvela comisiones millonarias pagadas por empresas españolas con el expreso objetivo de conseguir en  el otorgamiento de contratos de obras públicas en Venezuela. Comisiones entre 4% y 6 % del monto de las contrataciones en relación con obras del sector eléctrico y de transporte público se habrían pactado con empresas relacionadas con personas que, antes o después, ocuparon importantes cargos en el gobierno.

Estos exorbitantes pagos, bajo la forma de contratos de consultoría, incluso de carácter puramente verbal, no son solo un tema de blanqueo de capitales, sino de corrupción administrativa que atañe a empresas españolas y que suma a tantos casos que parecen haber puesto a la sociedad de ese país a cuestionar sus instituciones y su régimen político basado en la alternancia en el poder de los dos grandes partidos que integran su sistema democrático, según demuestra el ascenso de Podemos, un partido que se dice surgido del movimiento de los llamados “indignados”.

En Venezuela sabemos que la crisis de las instituciones por su ineficiente reacción para combatir el flagelo de la corrupción puede ciertamente dar al traste con el régimen político de un Estado, y con el régimen jurídico del mismo y su estabilidad social, si con ello se propende no a corregir las deficiencias sino a su destrucción. Se cuelan en estas crisis falsos líderes del cambio, que amparados bajo la rabia de un pueblo indignado, ofrecen discursos radicales de odio y revancha, pero que en el fondo no proponen nada distinto para el mejoramiento del modelo y terminan en su función de destrucción convirtiéndose en una mayor manifestación de los males que el pueblo pretendió corregir al darles su apoyo.

La corrupción siempre tiene dos caras, en este caso, esas dos caras se ven en países distintos, España y Venezuela, en el segundo bien podría todo este escándalo terminar en una no menos escandalosa declaración de un alto funcionario de esos que ocupan los cargos del Poder Moral, diciendo que esto no se investiga porque es solo una calumnia, en el primero, bien podría esto abonar a un cambio sin buen augurio, sobre todo si se tiene en cuenta que quienes proponen ese cambio han sido financiados ilegalmente desde Venezuela y por tanto están también involucrados en su propio caso de corrupción, aun antes de hacerse con el poder que ansían.