• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Linchamiento

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El Estado de Derecho se caracteriza porque el “iuspunendi” pertenece a las competencias de los órganos del poder público. Solo el Estado, a través de sus instituciones legítimamente constituidas, puede aplicar las sanciones que la violación al ordenamiento jurídico acarrean. Solo el Estado puede usar la coacción para imponer castigo a los particulares que violentan la ley.

Cuando el Estado no garantiza el orden, cuando sus instituciones carecen de legitimidad, cuando sus autoridades no tienen credibilidad, cuando no cumple con las tareas básicas que le corresponden, entre ellas, seguridad y justicia, se produce la desviación social que configura el que sean los ciudadanos quienes apliquen el uso de la fuerza para reprimir o para imponer el castigo a quienes sospecha como delincuentes.

El linchamiento consiste en la ejecución de un sospechoso de un crimen o de un hecho o hasta de una condición (racial, política, religiosa, social, sexual, etc.) no aprobada por una mayoría, que puede ser circunstancial, la cual convertida en una multitud incontrolada acude al uso excesivo de la fuerza para aniquilarlo, sin que el afectado tenga derecho alguno a la defensa, ni a un proceso legal para determinar su posible responsabilidad. El linchamiento por una condición es sin embargo tan abominable como aquel que se ejecuta contra quien en efecto ha delinquido, o pretende hacerlo, porque en definitiva responde a una agresión irracional de un grupo contra un ser humano, a quien con la mayor crueldad se le quita la vida.

¿Puede afirmarse que la revolución socialista venezolana ha también cosechado este anómalo fenómeno social? Ciertamente en la prensa, en los últimos tiempos, se leen noticias de casos de linchamiento o al menos de su intento. Así, en Lomas del Ávila, donde vecinos del sector golpearon a dos presuntos delincuentes que habrían robado a una señora con su hijo (El Nacional, 1° de junio de 2015); o el caso de la calle María Auxiliadora de Los Ruices, donde la comunidad desnudó a un supuesto delincuente que intentaba robar a unos vecinos (La Razón, 15 de mayo de 2015), o el caso de los denominados “motochoros” también en Los Ruices (La Patilla, 19 de abril de 2015).

Y es que en un Estado en el que se propician los cuerpos paramilitares o parapoliciales (milicias y colectivos armados), donde se criminaliza la protesta, donde la seguridad se concibe como “tarea de todos” y no como una responsabilidad estatal, donde campean la criminalidad y la impunidad, no es de extrañar que el ciudadano se sienta empoderado para asumir la justicia por mano propia.

Un estudio sobre la materia de 2005 de la Universidad Autónoma Metropolitana de México señala que la ineptitud del aparato judicial y su complicidad con los delincuentes son caldo de cultivo para los actos de justicia por propia mano, pues es parte del “imaginario común la certeza de que policías, jueces y delincuentes son cara de la misma moneda, de ahí la inmediata indignación ante los abusos de autoridad”. También se alerta que una sociedad empobrecida cambia los límites de su tolerancia con suma facilidad y tiene disposición a la violencia.

En Venezuela se suman las dos causas antes expresadas, se percibe en efecto la ineficiencia del sistema de justicia, tanto en materia de prevención como de reprensión, y la sociedad está sin duda inmersa en un proceso de empobrecimiento continuado, si a esto se añade el clima de violencia e inestabilidad política (presos políticos, censura, torturas, represión y corrupción generalizada), hay más que razones para que la indignación colectiva  se potencie frente a la sospecha de la criminalidad impune, dando lugar a esta deleznable, irracional e ilegítima práctica.

Una sociedad con estas características no califica como Estado de Derecho, ni se ajusta a los parámetros mínimos de respeto a los derechos humanos que impone la pertenencia a organizaciones internacionales en las que los tratados de constitución presuponen tal mínimo estándar de conducta. Un Estado que no es de Derecho no tiene legitimidad para ser parte de estas organizaciones, y al serlo, ellas mismas se afectan en cuanto a su propia legitimidad.