• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

Al instante

Justicia electoral parcial e inmoral

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La columna vertebral de la organización del poder público en un Estado de

Derecho es la separación e independencia de las ramas que lo ejercen

(cuando menos, las funciones de legislación, justicia y administración deben

ser desarrolladas por autoridad autónomas entre sí).

La Constitución no solo proclama este principio de separación de poderes al

prever que este se distribuye mediante la asignación de sus funciones propias

(artículo 136 de la Constitución), sino que a la par se contemplan

mecanismos para evitar que un poder pueda impedir el funcionamiento del

otro y además obliga a la colaboración entre los distintos poderes para que

las labores que corresponde a cada uno de ellos queden ejecutadas de

manera eficiente.

De forma que los actos de cualquiera de una de estas ramas dirigidos a

obstaculizar, impedir o mermar el debido funcionamiento, o el desempeño

pleno de las competencias que a otra de ellas corresponden, serán contrarios

a la Constitución y por ende nulos de nulidad absoluta.

Así, el Poder Legislativo es y debe ser un poder independiente y, por tanto,

los actos de otros poderes tendentes a impedir su debido funcionamiento son

contrarios a la Constitución y al interés de todos quienes bajo este estatuto se

organizan para vivir en armonía y paz, de acuerdo con sus postulados y

normas.

La sentencia de la Sala Electoral suspendiendo, por vía de una medida

cautelar de amparo, los efectos del acto electoral de elección y proclamación

de unos diputados es un acto írrito, pues tiene como efecto interferir en el

normal desempeño del órgano parlamentario, desde que destruye la

posibilidad de su constitución de acuerdo con los parámetros del

ordenamiento jurídico y a la decisión soberana del cuerpo electoral.

El diputado, una vez proclamado por la autoridad electoral, ostenta la

condición de miembro del parlamento y por ello desde ese mismo momento

le arropa la inmunidad parlamentaria (artículo 200 de la Constitución), que

impide su procesamiento penal sin la autorización de la Asamblea,

protegiéndolo este mecanismo del uso de la justicia para constreñir su

voluntad y acabar con la necesaria independencia que sus delicadas

funciones imponen. Este privilegio se establece en protección del

funcionamiento del órgano y no del propio parlamentario (exposición de

motivos de la Constitución). A partir de la proclamación solo es función

privativa de la Asamblea calificar a sus integrantes, conocer de su renuncia y

aprobar su separación temporal (artículo 187, 20 de la Constitución).

La proclamación equivale a la designación, de manera que, proclamados los

cargos de elección popular, no puede otro poder del Estado impedirle el

ejercicio de sus funciones, salvo que se declare la nulidad (decisión de

fondo) de la elección y nunca mediante una medida cautelar judicial. La

juramentación es un trámite para iniciar el ejercicio de las funciones, en el

caso de la Asamblea Nacional esto es de orden constitucional y debe ocurrir

en una fecha precisa: el 5 de enero del inicio del período (artículo 219 de la

Constitución).

En general, es de lógica elemental que designado o proclamado el

funcionario, no puede el juez de forma cautelar suspender la efectiva

realización de sus funciones, pues ello no solo afectaría al individuo sino que

impediría el funcionamiento del órgano mismo y si este es nada más y nada

menos que la organización de una de las ramas del poder público, hacerlo

implicaría la gravísima consecuencia de producir la suspensión del Estado

de Derecho de forma indefinida.

Esto explica que toda la jurisprudencia de la justicia electoral niegue la

cautela en materia de cargos proclamados para suspender su ejercicio, y más

aún que de resultar nula la elección se declaran válidos los actos cumplidos,

la seguridad jurídica así lo exige. Además, el acto cuyos efectos se han

cumplido no puede ser suspendido, por tanto, los diputados proclamados

diputados son y, salvo una decisión anulatoria, esto ha de ser respetado hasta

por el propio máximo tribunal de la República.

Debe también tenerse en cuenta que las medidas judiciales cautelares tienen

límites, no pertenecen al ámbito de una discrecionalidad absoluta y personal

del juzgador, deben cumplirse ciertos extremos para su procedencia. La

prueba del buen derecho y de que ella evitará consecuencias dañosas

irreparables o de difícil reparación. Y esta prueba tiene que ser

evidentemente legal.  La grabación de una conversación privada es

totalmente ilícita.

Asombra entonces que el único sustento para despojar a estos diputados de

sus curules haya sido una prueba obtenida de manera inconstitucional e

ilegal, que nunca ha debido ser tomada en cuenta por el sentenciador. Pero

es que este sentenciador es a su vez producto de una designación con

violación del procedimiento, realizada con el claro objetivo de que tal

decisión pudiera tomarla el grupo político (oficialista) que perdería la

mayoría y la posibilidad de hacerlo con sus solos votos al instalarse el nuevo

congreso.

La parcialidad en este caso también se deduce desde que la sentencia

electoral cuestionada ha recaído solo en uno de varios juicios impugnatorios

de resultados electorales contrarios a ese grupo político, pues es

precisamente en el caso que aparentemente le produciría la pérdida del

número mágico para la mayoría calificada (111) al grupo parlamentario de

oposición, pues al suspenderse 3 diputados de la unidad, estos solo contarían

con 109 diputados. No se ha tenido en cuenta, sin embargo, que la

suspensión de la toma de posesión del cargo, al impedirse la juramentación,

trae aparejado que la Asamblea no tiene, por el tiempo que dure el juicio,

167 diputados sino 163, porque se suspendieron los escaños de 4 de sus

integrantes (3 de la oposición y 1 del sector oficialista), con lo cual la

mayoría calificada de 111 diputados habría pasado a ser de 109 diputados y

la oposición seguiría teniendo las 2/3 partes.

Lo más grave que aquí se denuncia es el uso de la justicia, de nuevo, como

mecanismo para dar apariencia de legalidad a lo elementalmente ilegítimo.

En este caso: es el uso de la justicia electoral para impedir el funcionamiento

de un órgano constitucional, el más importante en un Estado de Derecho, el

que dicta las leyes, el que ha de producir las normas limitativas de los

derechos fundamentales y además el que ejerce el control político del Poder

Ejecutivo.