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María Amparo Grau

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María Amparo Grau

Heridos de bala y perdigones en protestas: el Estado es responsable

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“Seis heridos, uno de bala, dejan las protestas contra cazahuellas en Táchira”. La noticia se complementa con lo siguiente: “…Otros heridos por perdigones, en protestas repelida por las fuerzas del orden”.
Si hay conectividad entre el daño y el ejercicio de un funcionario del Estado, éste es responsable (sentencia número 2818, dictada el 19 de noviembre de 2002).

Las fuerzas del orden son el instrumento del Estado para garantizar la vida en paz y tranquilidad. La noción de orden público que sustenta la actividad de policía del Estado de Derecho exige que los métodos para lograr ese control del orden estén previstos en el ordenamiento jurídico, tienen como límite los derechos fundamentales del ser humano y deben ser proporcionales.

Así, de una parte debe definirse qué son actos contrarios al orden público y cuáles son los medios autorizados para mantenerlo. Orden público significa, tradicionalmente, paz, tranquilidad, seguridad y salubridad; hoy, el concepto se extiende a otros ámbitos, ordenación urbanística, protección ambiental y en general cualquier materia en la que se prevean limitaciones al actuar particular en beneficio del interés general.

La definición de actos contrarios al orden público supone a su vez que quien los ejecute no lo haga en ejercicio de un derecho o de una potestad. La protesta es un derecho constitucional; por ello, quien protesta no puede ser reprimido por las fuerzas del orden y menos aun reprimido con métodos desproporcionados. Quienes así proceden no son fuerzas del orden, son, antes bien, fuerzas del mal, instrumentos de la arbitrariedad, mecanismos del antiderecho, ejecutores de prácticas totalmente inadecuadas para el mantenimiento de la paz.

Aun partiendo de que se presente una situación de alteración ilegítima del orden público, la proporcionalidad surge como mecanismo de ponderación y control del uso abusivo de la fuerza.

Basta ver las fotos de esas caras y cuerpos jóvenes llenos de huecos por perdigones para constatar que en Venezuela hay un uso abusivo de la fuerza.  Que además se verifiquen heridos o muertos por balas, y que la situación se repita en cada una de las protestas, pone en evidencia que el uso abusivo de la fuerza es totalmente impune.  Es parte de una política de seguridad estatal arbitraria, inconstitucional e inhumana.

No es un tema de ideologías, sino de humanidad y legitimidad. El poder y la violencia potencian el daño e imponen el miedo. El sufrimiento y el miedo impiden la paz, de allí que las fuerzas del orden que así proceden no contribuyen en modo alguno al establecimiento de la paz, y, por ende, no propenden al orden público que es la noción que justifica el ejercicio de la autoridad que la ley les confía.

Cuando las fuerzas del orden se exceden pierden legitimidad e incurren en responsabilidad.  Es tarea de la justicia hacerla efectiva. Cuando la justicia falla y surge la impunidad se derrumba el Estado de Derecho y sus conceptos justificantes: libertad, paz y prosperidad.

Que se acaben los heridos de bala y los lesionados por perdigones en las protestas es una exigencia ciudadana, jurídica y humana.

La exigencia jurídica puede concretarse en una acción de responsabilidad del Estado por los daños causados a los manifestantes, bien directamente por la acción de sus funcionarios, bien por la omisión, al fallar en la custodia y seguridad de la manifestación. La acción de responsabilidad puede incluso ser colectiva, porque son numerosos los afectados, y la Constitución garantiza el acceso a la justicia de ese colectivo afectado, cuando en el artículo 26 prevé la protección de los intereses o derechos colectivos y en los cuales hay abundante jurisprudencia de la propia Sala Constitucional.

El Estado responde patrimonialmente por los daños causados por sus órganos policiales, es un principio de derecho, es una norma constitucional y es jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.