• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

Guerra económica o la concepción militar de la economía

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La misma concepción militarista del poder político y de las relaciones del poder con los ciudadanos se plantea en Venezuela en el ámbito económico.  La alusión a una guerra económica es la demostración de que lo militar invade también este aspecto de la vida civil, como es el funcionamiento económico de la sociedad.

Bajo este régimen de gobierno de la llamada revolución, la propiedad y libre empresa, como derechos de las personas que son, no se respetan, a pesar de que el marco constitucional expresamente los reconozca. Estamos en una revolución que no termina, porque el ordenamiento jurídico constitucional para los órganos del poder es solo una forma inerte que cede frente a los deseos de la clase gobernante, los cuales se imponen, de ser necesario, mediante el uso de la fuerza militar.

Los ciudadanos son propietarios o son empresarios en la medida en que el Estado se los permita y a riesgo de que si no sirven a los intereses políticos del gobierno, puedan considerárseles enemigos en el sentido militar, y víctimas de toda táctica o ejecutoria dirigida a su destrucción.

Por ello, desde propietarios, hasta directivos y empleados de la empresa privada son susceptibles de procesos políticos-penales, interrogatorios y encarcelamiento en instituciones de la policía política o militar. Tal cual ocurría en el régimen monárquico del estado absoluto en el que propiedad y empresa existían condicionados a su sujeción y correspondencia con los intereses de la monarquía, y el rey decidía a su solo deseo o capricho sobre la titularidad de bienes, negocios y riquezas de sus súbditos, y los desposeía cuando a bien lo tuviese, pudiendo incluso enviarlos al cadalso para que ello sirviese de escarmiento.

En el artículo 7 de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) se declaran de utilidad pública todos “los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios”. Se ha utilizado un concepto del procedimiento expropiatorio, el de la “utilidad pública”, de forma totalmente desnaturalizada, para convertir a la empresa privada y a la propiedad de sus activos en derechos precarios.

Bajo esta norma todo lo privado en el ámbito económico es de utilidad pública, lo cual significa que todo lo privado en esta área es apropiable por el Estado, nada más lejos del concepto de utilidad pública en la expropiación, en la que esta es una institución destinada a proteger la propiedad privada y no a suprimirla. La declaratoria de utilidad pública se refiere a una obra, nunca al bien que será expropiado. La utilidad pública define la necesidad de ejecutar una obra para satisfacer el interés general, ejemplos de utilidad pública son: la construcción de una autopista u otras vías de comunicación, la de un hospital, realizar instalaciones para el servicio eléctrico, vías de tren, represas, etc., y para ello se permite afectar ciertos y determinados bienes, aquellos estrictamente indispensables para su ejecución.

La LOPJ usa este concepto de forma errada porque no se refiere a una obra, sino que pretende avalar la afectación de toda la propiedad relacionada con el ejercicio de toda la actividad económica. La LOPJ concreta la eliminación de la propiedad privada en relación con la libertad de empresa, uno de los aspectos perseguidos con la propuesta de reforma constitucional del año 2007 rechazada por el pueblo de Venezuela en el referéndum realizado a estos efectos.

Además de este uso desviado del concepto de utilidad pública para acabar con la noción de propiedad privada en el ámbito económico, la mencionada ley desvirtúa la institución de la expropiación, al contemplarla como una sanción frente a ilícitos económicos y administrativos. La expropiación no es una sanción, es una garantía al derecho de propiedad frente a la arbitrariedad del Estado.

Por ello es disparatado contemplar en una ley que la expropiación será aplicada como sanción al incumplimiento de la misma. En la expropiación, como institución del Estado de Derecho, lo que ocurre es que se permite cambiar el bien por su valor justo para compensar al propietario porque el mismo es requerido para realizar una obra específica y concreta calificada de utilidad pública.

Basado en este inadecuado uso del término expropiación, el mismo artículo 7 citado establece, también erradamente, la incautación u ocupación temporal de bienes mientras dure el procedimiento de expropiación. La incautación es una medida cautelar propia de los procesos penales, y se refiere a cosas vinculadas a la comisión de un delito, bienes de ilícito comercio, así se incautan, por ejemplo, las drogas. 

La ocupación temporal en la expropiación, en el sentido de permitir la toma de posesión del bien antes de que culmine el proceso expropiatorio y de que el propietario reciba la indemnización, se denomina ocupación previa y existe como medida cautelar que solo un juez puede acordar en caso de urgencia en la realización de la obra.

A más de lo anterior, la LOPJ también contempla la ocupación temporal como sanción (artículo 45) por un plazo de 180 días, ahora aquí sin proceso expropiatorio sino como castigo autónomo, lo cual viola también flagrantemente la Constitución, pues se permite la desposesión temporal del propietario sin garantías, y sin indemnización alguna, porque la propiedad privada simplemente no existe para el Estado venezolano.

Estos artículos son todo un desaguisado pleno de ignorancia jurídica pero pleno también de la búsqueda de un poder totalmente arbitrario. Esta norma por sí sola es suficiente para evidenciar que en Venezuela no se respetan los derechos de propiedad privada y libre empresa. Si a esta se unen las ejecutorias oficiales que exponen a propietarios, empleados y empresarios como enemigos de guerra a los que se combate militarmente, algún sentido tiene la afirmación del Banco Mundial al señalar que Venezuela es uno de los peores países para hacer negocios, y nos permite agregar, desde la perspectiva de los derechos humanos, que es uno de los países en los que el riesgo de su violación es peligrosamente elevada.

Si el Estado no admite la empresa privada y su propiedad como concepto jurídico constitucional del modelo económico, es este el único responsable de que los consumidores y usuarios no reciban bienes y servicios en la cantidad y calidad deseada. Así que la única guerra económica que hay es la que el Estado promueve y aplica al desconocer el marco constitucional vigente respecto de dicha materia.