• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

Al instante

Golpe a la constitución ¡de nuevo!

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El artículo 279 de la Constitución establece que corresponde a la Asamblea Nacional, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escoger a los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, estos son: Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo y Contralor General de la República. La selección se hará de ternas presentadas por un comité de evaluaciones designado por el Consejo Moral Republicano.

Si el Consejo Moral Republicano no convoca el comité de evaluaciones, la Asamblea Nacional procederá a hacer la designación directamente. Aunque la norma no lo dice es incontestable que esta designación deberá hacerse por la mayoría exigida en la norma, al punto que el artículo 279 contempla que en caso de no haber acuerdo en la Asamblea, el Poder Electoral someterá la selección del titular a la consulta popular.

Conclusión irrebatible: fiscal, contralor y defensor del pueblo requieren el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Si no se logra este acuerdo, los elige el pueblo mediante consulta realizada por el Poder Electoral.

La importancia de sus funciones requieren el mayor consenso en su selección, a estos competen atribuciones de control de la legalidad y actuación ética de los funcionarios públicos, control del uso legal y ético del dinero y de los bienes del Estado, la protección de los derechos humanos, la buena marcha de la justicia y la investigación y acción penal.  Debe evitarse su dependencia política, de allí el necesario consenso para garantizar que este Poder sea un muro de contención a la arbitrariedad, a la corrupción y a la delincuencia.

En la conformación actual de la Asamblea, las dos terceras partes de los votos requieren el acuerdo entre el partido de gobierno y los de oposición, ello sería lo ideal, pero si esto no se logró, entonces la diversidad en la elección y la necesaria independencia de estos cargos debía lograrse mediante el voto proferido en la consulta popular.

Sin embargo, la Asamblea Nacional ha decidido escoger a los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, mediante el solo voto de los parlamentarios oficialistas, con la abstención de la oposición, y por tanto, con la mayoría simple de los integrantes de la Asamblea. Es decir, que los designados no lo fueron por el voto favorable de la mayoría señalada en la norma constitucional antes citada.

Parecen querer interpretar que cuando la norma dice que de no haber la designación del Comité de Postulaciones por parte del Consejo Moral entonces la designación de la Asamblea podría hacerla por cualquier mayoría y no la especial calificada que expresamente exige la norma.

Y la validez de esta tesis contraria a la letra de la Constitución dependerá de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, último interprete de la Constitución, pero al que no le está dado dictar sentencias contrarias al requisito que el texto, claro, diáfano y meridiano de la Constitución expresa, aunque el partido de gobierno confía que la solución del tema saldrá de la sabia decisión de este órgano judicial. 

Se ha planteado mucho en los últimos tiempos la diferencia entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, para distinguir el supuesto de quienes se empoderan ilegalmente de los cargos de aquellos que habiendo llegado a la posición por las vías legales, se desvían en el ejercicio de sus atribuciones.

Pues bien, en este caso, si la elección de los cargos se ha hecho de forma contraria a lo que ordena expresamente la Constitución, la ilegitimidad será de origen, independientemente del desempeño, tales funcionarios lo serán de hecho, nunca de derecho.

La teoría del funcionario de hecho se ha desarrollado en el derecho a fin de dar solución jurídica a los actos producidos por una persona que ejerce funciones públicas sin haber sido designada válidamente para ello.  Se basa en el principio de buena fe y confianza legítima y sirve para proteger a los ciudadanos que ante la apariencia de veracidad de la titularidad ejercida por el falso funcionario, se han beneficiado de sus actuaciones.

En este caso, obviamente tal doctrina no aplica, porque si algo  no existe es buena fe en el proceder de una Asamblea que violenta de forma flagrante el procedimiento de selección de estas autoridades para imponer a los candidatos de su preferencia, sin pasar por el necesario acuerdo parlamentario con los representantes de otras tendencias políticas y sin someterse si quiera a la voluntad popular, que es la que en última instancia ha debido resolver, a falta de acuerdo sobre quienes han debido pasar a ocupar las principales posiciones de los órganos del Poder que integran el Consejo Moral Republicano.

A unos días de haber celebrado oficialmente los 15 años de la Constitución, vuelven a violarla con descaro, pero esta vez pasando por encima incluso de la competencia atribuida por esta al propio soberano.  Los cargos así designados están viciados por una ilegitimidad de origen que los convierte en funcionarios de facto. Estamos en un régimen caracterizado por la hipernormatividad y el discurso, pero en el que el valor de la norma, incluida la constitucional, no existe.