• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Escasez: mal de una inconstitucional economía socialista

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Las experiencias del sistema comunista, basado en la propiedad colectiva terminó “con el empobrecimiento progresivo de esa sociedad, hasta llegar a carecer de los productos y servicios más elementales para su supervivencia”, así lo reconoció Gorbachov en su discurso de dimisión y disolución de la Unión Soviética.

O sea, la escasez es consecuencia de la sustitución de un modelo de economía de mercado por uno de mercado controlado, de planificación central o, lo que es lo mismo, así se le pretenda llamar socialismo del siglo XXI, no otra cosa que el fracasado modelo comunista.

La escasez en Venezuela tiene su causa directa en las erradas políticas económicas de un gobierno que actúa en contra de las normas que lo rigen y que se ha empeñado en destruir la empresa privada.

Esta sustitución de sistemas económicos fue planteada en la propuesta de reforma constitucional del año 2007, que llevada a referéndum fue rechazada por el pueblo. De manera que no era, ni es posible, jurídicamente, implantar en Venezuela el fallido modelo de economía socialista. El pueblo votó por mantener un régimen de mercado. A pesar de ello, el Estado venezolano ha venido imponiendo, por medio de leyes inconstitucionales, la economía socialista de la escasez y el fracaso.

Este plan inconstitucional de convertir a Venezuela en una economía de tipo  comunista ha sido así reconocido en un documento de planificación presentado por el presidente de la República ante la Asamblea Nacional (2007) en el cual se declaró como objetivo expreso: la imposición de un “modelo productivo socialista”. El mismo fue renovado mediante el segundo Plan de la Patria (2013-2019), en el cual también se afirma como objetivo: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo”. De allí que todas las leyes últimamente dictadas también se empeñen en imponer este modelo.

Destructivas y salvajes, sin embargo, han resultado estas políticas económicas del retroceso y la degradación humana del gobierno y los poderes públicos que a su antojo este controla, ante las cuales su consecuencia más evidente: la escasez, y el denominado “bachaqueo”. Esa es la misma escasez que reconocía Gorbachov y atribuía al fallido modelo económico que hoy en Venezuela se empeñan en aplicar.

Cuba rectifica. Hoy se abre a la inversión privada. Mientras en Venezuela se destruye la empresa privada, en Cuba se corrige y se establecen condiciones para reactivar el instrumento del progreso económico: la empresa privada.

Y la base fundamental de esa política de éxito económico es precisamente el respeto a la propiedad privada. El reputado economista Alchian indicaba que “en un sistema económico de mercado, uno de los requisitos imprescindibles es establecer un sistema claro y efectivo de derecho de propiedad…”. La libertad de empresa está asociada al derecho de propiedad individual y la economía de mercado a la libre competencia.

En Venezuela, el desprecio a la propiedad privada y todos estos inconstitucionales controles de costos, precios y ganancias ha impuesto esta mentalidad de bachaqueo en la que han sumido a la sociedad venezolana, degradándola y condenándola a la falta de solidaridad que impone la insatisfacción de las necesidades básicas, ello unido a la generalizada inseguridad ha minado el sentimiento natural de la solidaridad que solía caracterizar al venezolano.

La cláusula social, esa que obliga al Estado a brindar al ciudadano el verdadero disfrute de los derechos que se proclaman como fundamentales, esa cláusula que da lugar al Estado social del derecho, que propone la solidaridad como valor individual de cohesión social se ha desdibujado con estas ejecutorias de quienes ignoran que no es conceptual ni moralmente correcta, en economía ni en derecho, la doctrina de que el fin justifica los medios, pues con su aplicación se terminan destruyendo los objetivos mismos que se plantean, así sean estos válidos y loables.

La reconstrucción del país parte de la aplicación efectiva de la norma fundamental que constituye la base de su ordenamiento. Han pisoteado la Constitución que ellos mismos se dieron y sus postulados fundamentales, hay que recuperar la civilidad que pasa por la aceptación de los límites que tal normativa impone al ejercicio del poder y a la aceptación de que el mismo no pertenece a un hombre sino que su titularidad se asigna a un funcionario, concepto en el que la temporalidad es esencial, su conducta sometida a la ley y su responsabilidad personal ineludible.

Si Estado Unidos rectificó, como se afirma, Cuba también lo está haciendo. Hay que rectificar pero no solo en materia económica, también en la recuperación del orden institucional, separación de poderes, sistema de justicia real, rescate de la seguridad pública, respeto de los derechos humanos y liberación de los presos políticos. Que Venezuela se merece un orden político, económico y social que en la práctica respete aquel que en la norma se ha previsto, para que el pueblo alcance la vida común de paz, tranquilidad y seguridad que ha sido secuestrada por una dirigencia política, que así como irrespeta flagrantemente el ordenamiento jurídico, sirve sin reparo a sus intereses personales y partidistas y no al interés general.