• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

Error material

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En derecho, el error material se define como una equivocación numérica o gramatical contenida en un acto, para cuya corrección no es necesaria ningún razonamiento o juicio de valor, por lo cual se permite hacerla mediante un nuevo acto sin procedimiento alguno. Este nuevo acto sustituye al original en su texto, pero se mantienen los efectos en el tiempo desde la primera vez que fue publicado, ello porque nada de fondo se ha cambiado. El error material es, por tanto, eso, un defecto ostensible que amerita corrección, para lo cual no se requiere ningún tipo de labor de interpretación ni de hermenéutica jurídica. Para los actos administrativos, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dispone que la administración podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo.

Respecto de la ley, el tema es un poco distinto, la Ley de Publicaciones Oficiales establece que la misma podrá corregirse y volverse a publicar cuando haya evidente discrepancia entre el original y la impresión. Obsérvese que no se trata siquiera de la posibilidad de corregir errores materiales, sino de remendar las discrepancias entre el texto original y el que resulte impreso, para lo cual la ley exige que se acompañe a la nueva publicación “…un Aviso Oficial firmado por el Ministro a cuyo ramo corresponda la materia de la Ley indicando en qué consistió el error de la publicación primitiva (artículo 4)”.  Precisa esa norma que la Ley se tendrá por promulgada desde su primera publicación, pero no podrá darse efecto retroactivo a la corrección.”

En síntesis, que la técnica de corrección por error material en ningún caso implica la posibilidad de hacer adiciones o cambios de fondo al acto original, y en el supuesto de la ley, ni siquiera es posible enmendar errores del texto que se ha mandado a imprimir.

Pues bien, el uso indebido de la técnica de corrección de errores materiales se une a la malsana práctica de anunciar en la Gaceta Oficial Ordinaria del último día del plazo de la Habilitante, 49 decretos leyes que hasta el día de hoy siguen apareciendo, muchos días después de vencido el mismo, burlándose el límite temporal y haciéndolas todas ellas inconstitucionales.

Dos ejemplos del uso indebido de la corrección ya han ocurrido en esta  desbocada arremetida normativa, respecto de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos y la Ley Antimonopolio, aparecidas en Gacetas Extraordinarias de supuesta fecha anterior al 19 de noviembre (18-11), pero ya reimpresas las dos en Gaceta Oficial N° 40.548 del 25 de noviembre de 2014.

La primera de las leyes (LSTA) cambió totalmente en su reimpresión el artículo 55, dejando en evidencia que no fue la simple corrección de una discrepancia, pues se eliminó una comisión presidencial que debería crear el presidente de la República, lo relativo a su organización y competencias. Las normas son totalmente distintas, la modificación es de fondo. Adicionalmente, se cambia la vigencia de la ley, la primera publicación decía que la ley entraba en vigencia desde la fecha de la Gaceta, esto es, el 18 de noviembre pasado, la reimpresión dice que entra en vigencia el 1 de enero de 2015. O sea que por la reimpresión modificaron la vigencia de la ley, que lo habría estado desde el 17 de noviembre al 24, fecha de la susodicha reimpresión para por virtud de esta suspender la vigencia hasta la nueva fecha.

No queremos hacer en esta oportunidad consideraciones de fondo, pero no podemos dejar de observar que la referida Ley crea un ente burocrático sin sentido, el Instituto Nacional para la Gestión Eficiente de Trámites y Permisos, nada más ineficiente que crear una organización para la eficiencia.  Además a éste se le asigna como parte de su presupuesto un porcentaje de las tasas que por servicios cobren los entes nacionales, estadales y municipales, lo cual viola no solo la unidad del Tesoro y sus excepciones, sino la autonomía municipal y estadal presupuestaria.

La segunda ley corregida, la antimonopolio, se debió a que se omitió toda una norma derogando la Ley de Competencia a la cual ésta sustituye. Tampoco ello califica como error de impresión.

No hay manera de que una legislación acometida a la carrera por el Ejecutivo quien no está llamado a ejercer esta competencia, salvo en casos muy excepcionales y puntuales, no de lugar a leyes erradas y con deficiencias técnicas y de fondo.

Pero que se utilicen estos métodos para burlar los límites que a su competencia se aplican por el propio ordenamiento legal plantea un problema no solo ético-jurídico, sino también desde el punto de vista social, la producción normativa sin respeto a los procedimientos ni a la técnica legislativa, inunda a la sociedad de regulaciones incoherentes, plagadas de errores que en definitiva merman la seguridad jurídica y producen una sensación de desorden generalizado, que en lugar de favorecer las iniciativas de los particulares las cohíben y los condenan a una sensación de incertidumbre que impide el libre desenvolvimiento de la personalidad.

Con esta grave crisis de los poderes públicos de los últimos tiempos, ya más que falta de un Estado de derecho, puede decirse que en Venezuela prácticamente se ha dado al traste con la noción misma de Estado, como forma de organización política de la sociedad.