• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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El bochornoso incidente

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Por segunda vez, al defensor del pueblo venezolano le interrogan funcionarios de inmigración, primero en México y ahora en Panamá. Denuncia el Defensor de los derechos humanos la violación de los suyos propios, cuando ha sido retenido este domingo en Panamá y antes, el 3 de octubre en Méjico, lo cual según indica constituye una “agresión migratoria”. Las lesiones que ha sufrido el Defensor van desde la “retención de su pasaporte” hasta el hecho de que los funcionarios de inmigración, hayan “procedido a interrogarlo”. Se califica estas situaciones de acoso, violación al libre derecho de movimiento y situación bochornosa.

También ha señalado que la “acción policial indigna” tiene relación con la revocatoria de su visado de entrada a Estados Unidos en 2001 cuando presidía como diputado afín a la gestión del presidente Chávez, la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional.

El defensor denuncia que con estas acciones se pretende interrumpir las labores inherentes al cargo y “obstaculizar” sus “traslados a otros países del mundo", afirmando que “continuará con su asistencia a foros en el extranjero y la defensa de los intereses de Venezuela.” (El Nacional, edición del lunes 8 de noviembre de 2015).

Varios comentarios caben ante esta noticia:

1.- El defensor del pueblo es una persona, y como tal, tiene derecho a que se respeten sus derechos humanos.

2.- La libertad es un derecho humano fundamental, y la libertad de movimiento es una de sus tantas manifestaciones.

3.- El defensor del pueblo se encontraba viajando en su condición de funcionario del Estado venezolano.

4.- Corresponde al defensor del pueblo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos (artículo 280 de la Constitución) y en este sentido debe velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos en el país y para ello ejercer las acciones pertinentes (artículo 281, 1 y 3 de la Constitución).

5.- Las competencias del defensor del pueblo se refieren a la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos.

Ante la grave situación de violación de los derechos humanos que se vive actualmente en Venezuela, cabe bien preguntarse si no servirá mejor a la causa que da razón de ser a la institución que representa, que el defensor se dedique a ejercer dicha defensa en el propio territorio nacional y respecto de los ciudadanos a los que sirve su cargo, puesto que es público y notorio que se presentan a diario casos de gravísimas y sistemáticas agresiones a los derechos humanos fundamentales, que van mas allá de un mero retardo migratorio, el cual por sí solo no configura lesión alguna y que se concretan en afectaciones a la vida, dignidad humana, integridad personal, propiedad y libertad, en todas sus manifestaciones.

Bochornosa es la situación de violación a los derechos humanos que se planteó con la emisión de una resolución por parte del ministro de la Defensa, permitiendo el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones, respecto de la cual estaría el defensor de los derechos humanos obligado a intentar las acciones necesarias para evitar su aplicación.

Bochornosa es la violación de los derechos humanos de los presos políticos, y no acordes las declaraciones del defensor de los derechos humanos desestimando la confesión del fiscal acusador del líder opositor Leopoldo López, al calificarlas de extemporáneas e impertinentes por no constar en el expediente, cuando es lo cierto que por el contrario caben aquí urgentes acciones de la Defensoría para que se investiguen estas denuncias y se proceda a anular todas las actuaciones de un juicio ilegal, basado en pruebas falsas y se ordene la libertad inmediata de quien ha sido ilegítimamente privado de la misma.

Bochornosa es la consideración de que ante las denuncias de los estudiantes presos en la llamada “Tumba” del Sebin, se alegue que ellos han manifestado preferir este sitio de reclusión al de las cárceles de presos comunes, para evitar tomar medidas que deben ir desde condiciones de reclusión dignas hasta acciones tendentes a la liberación inmediata de quienes se apresan por ejercer la libertad de pensamiento.

Bochornosos los crímenes, torturas y agresiones cometidos por autoridades y grupos parapoliciales al amparo de la autoridad contra civiles en manifestaciones, con agresiones a la propiedad privada, a la inviolabilidad del hogar y a la integridad física y emocional de participantes y vecinos.

Bochornoso el trato a la libertad de industria y comercio, las ejecutorias dirigidas a la destrucción de la iniciativa privada, a la libertad de expresión e información, al uso de la justicia para coaccionar, el desconocimiento de la propiedad y de la vida privada, y a que no se cuente con la acción efectiva  por parte del órgano defensor de los derechos humanos.

Bochorno es que se realicen grabaciones ilegales por parte de ciudadanos y autoridades de actos y conversaciones privadas y más aún que se difundan, violándose los derechos humanos y normas constitucionales expresas y no haya en este sentido un pronunciamiento categórico del defensor de los derechos humanos, aun cuando estén involucrados afectos a la gestión de un partido del que éste se confiesa afín en sus funciones previas como diputado.

En fin, que el interrogatorio por autoridades migratorias es asunto al que se somete diariamente a la mayoría de los viajeros, según el destino y situación personal, claro que es una desviación cuando la misma se usa para intimidar, como en los muchos casos que han denunciado líderes opositores y personalidades de los medios o representantes de organizaciones veedoras de derechos humanos en nuestro país. 

Aquí también correspondía a la Defensoría del Pueblo ponerse del lado de la defensa de los derechos humanos mediante una actuación efectiva como la que ahora reclama el propio titular del cargo para su persona, porque ciertamente indigna el uso de una situación de poder para maltratar a otro ser, y también indignante es la omisión ante situaciones en las que dicho maltrato escala en gravedad cuando se pone en riesgo o se afecta la vida e integridad personal del ciudadano común al que la vía institucional nacional y menos aún la diplomática defiende.