• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

Desaparición forzada

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La desaparición forzada de las personas es un delito que se concreta cuando agentes del Estado o grupos particulares apoyados por este privan de la libertad o secuestran a una persona para hacerla desaparecer; normalmente el hecho va acompañado de torturas, y la consecuente muerte del sujeto.

Este crimen, que no es exclusivo de los regímenes dictatoriales, sí lo es, sin embargo, más común a ellos, sobre todo a los de índole militar, caracterizados como están por el irrespeto al ordenamiento jurídico, y a la permanencia en el poder a todo costo. Pero el delito de la desaparición forzada de personas podría presentarse en regímenes de apariencia democrática e incluso de ideología política de izquierdas. La desaparición forzada de personas se vincula más al tema del mantenimiento del poder a toda costa que al de una ideología política, y puede ser practicado indistintamente por quienes detentan el poder y no piensan desprenderse de este.

Ocurre en Estados con débiles sistemas de derecho y una muy pobre concepción del respeto a los derechos humanos, incluido el de la libre información, que es, en este caso, una herramienta de denuncia muy importante y por tanto instrumento de control de tan aberrante delito.

En América Latina han sido ciertamente los regímenes militares de la zona, quienes destacaron por el uso de esta deleznable práctica de la desaparición forzada, pues se consideraba que la eliminación de los opositores daría lugar a la finalización del problema que para ellos representaba la disidencia. Los casos de Argentina, Chile, Guatemala y Honduras son los que apuntalan la doctrina del estudio del delito de la desaparición forzada.

La Constitución de 1999 se ha considerado un texto de avanzada en la protección de los derechos humanos, y quizás influenciada por la convención adoptada en esta materia en Brasil en el año 94, incluyó una norma inexistente en la del 61, que prohíbe la desaparición forzada de personas, reconociéndose que ella ocurre tanto cuando el autor es una autoridad pública, sea civil o militar, como cuando sean personas distintas, y la práctica haya sido permitida o tolerada por esta (artículo 45). Es un delito que se ejecuta de tal forma que los autores permanecen en el anonimato y el Estado niega su participación.

La participación del Estado puede ser directa o indirecta, y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la participación estatal en esos hechos puede ser demostrada con indicios, tales como que las personas se hubieren encontrado previamente detenidas o vistas por última vez al ser arrestadas o interrogadas por agentes policiales o del Estado o que los secuestradores empleen armas o herramientas de uso exclusivo del Estado, o que los mismos puedan andar libremente al identificarse ante los agentes del orden público.

Las noticias sobre la desaparición de jóvenes en protestas o vinculados a grupos de estudiantes organizados para realizar protesta pacífica en contra del gobierno, y la posterior aparición de los mismos maniatados y ejecutados, prenden todas las alarmas en cuanto a la práctica de la desaparición forzada de personas en Venezuela. Si esto se llegare a comprobar sería otra manifestación de que la revolución en los hechos dista mucho de las proclamas de derecho, contenidas en el texto constituyente nacido de su seno.

Recuerdo mi año en la cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford, cuando estudiantes, profesores y en general amigos de la comunidad oxoniana colombiana se referían con tristeza a los males que afectaban a su querida nación, contaban los casos de narcotráfico, guerrilla, secuestro, sicariato, y otros temas que obligaban a cientos de ciudadanos a buscar mejor futuro fuera de su querido país, y nosotros les consolábamos, ajenos como estábamos de todas estas graves situaciones en la Venezuela de aquellos tiempos, que otros eran los problemas, pero nunca estas atrocidades que comentaban los hermanos de la vecina república.

Hoy, padecemos muchos de esos males y el hecho de que hasta se asome la posibilidad de la desaparición forzada de personas indica que estamos en situación bastante peor que la que ellos sufrían y nosotros compadecíamos.

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, no es un tema que se resuelva con diálogo, es un crimen en el que el Estado mismo es el delincuente, y por ello ha de responder ante la justicia internacional.