• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

Derechos constitucionales no absolutos

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En materia de derechos humanos se suele distinguir entre derechos absolutos y derechos relativos, en el sentido de que en los primeros no se admite limitación alguna por ley, en tanto que en los segundos solo por ley puede admitirse su regulación. Así, en efecto, y a título de ejemplo, nadie discute que son absolutos el derecho a la vida y el derecho al respeto de la integridad física, en ambos casos no hay limitación posible, ni siquiera por ley.

En el elenco de derechos relativos se encuentra el denominado derecho a la protesta, pues, ciertamente, conforme a la previsión constitucional (artículo 68), este derecho político puede estar sometido a los requisitos fijados en la ley.
Sin embargo, es también principio del derecho constitucional que la regulación legal de estos derechos relativos debe hacerse de modo que se favorezca su pleno ejercicio, y queda prohibida cualquier limitación que los vacíe de contenido, es decir, que de ningún modo es constitucionalmente aceptable que la limitación legal afecte el núcleo esencial del derecho.

La exigencia del requisito de la autorización para el ejercicio del derecho a la protesta es un elemento de limitación que ni siquiera podría admitirse por ley, pues se enervaría con ello la esencia misma del derecho si su ejercicio estuviere supeditado al permiso de un órgano o ente cuya orientación política pudiera diferir de aquella que motiva precisamente a los que desean ejercer el derecho a la protesta. No tiene lógica alguna someter el derecho de protestar al permiso de aquel contra quien se protesta.

Es aleccionadora en este sentido la interpretación constitucional del derecho de reunión realizada por el Tribunal Constitucional español en la sentencia 36/1982, en la cual específicamente se decidió dejar sin efecto el requisito de la solicitud de autorización a estos fines y sustituirlo por una simple comunicación previa, precisando que dicha notificación no otorga un poder omnímodo a la administración, sino que por el contrario debe entenderse como un mecanismo que tiene por misión permitir a la autoridad administrativa cumplir con su obligación de proteger “las reuniones y manifestaciones frente a quienes traten de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio del derecho a reunión”.

También se indica que en ningún caso puede admitirse la actuación arbitraria de la autoridad. Si bien esta tiene competencia para evitar las alteraciones del orden público, la interpretación constitucional debe servir para precisar que tal competencia debe ser ejercida en conciliación con el máximo favorecimiento del derecho a la protesta y con respeto a todos los otros derechos constitucionales, como la vida, la integridad física, la libertad, etc.

Puede concluirse de lo anterior que son elementos constitucionales del derecho a la protesta: 1) que la misma no puede estar supeditada a una autorización del Estado; 2) que el requisito de la comunicación previa puede preverse por ley, pero solo como mecanismo para que la administración pueda cumplir su misión de favorecimiento y protección de la protesta pacífica; 3) que la obligación de la administración de brindar seguridad a la protesta incluye evitar su perturbación por parte de terceros; y 4) que las competencias de orden público de la autoridad administrativa y sus cuerpos policiales deben ejercerse de acuerdo con la ley y con respeto de los derechos fundamentales.

La labor de la interpretación constitucional es hacer énfasis en el respeto de los derechos fundamentales y en la garantía de su ejercicio pleno. El ejercicio pleno del derecho a la protesta implica negar que la misma pueda ser impedida por una autoridad administrativa y someter a esa autoridad a derecho, imponiéndole su obligación de proteger a quienes a través de la protesta no hacen otra cosa sino ejercer un derecho constitucional, y haciendo responsables a quienes amparados en la función pública permiten su perturbación por terceros o reprimen la protesta violando la ley y los derechos humanos.

Así se interpreta el derecho constitucional la protesta en un Estado democrático de derecho.