• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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Constituyente o diálogo constitucional

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El editorial del diario español El País en su edición del día 8 de julio de 2015 planteaba el debate constitucional hacia una nueva ley fundamental como la mejor vía para lograr la legitimación política en España. Las iniciativas presentadas para reformar la Constitución –se señalaba– pueden servir no sólo para realizar las necesarias adaptaciones a los nuevos tiempos, sino como una forma para crear consensos que permitan relegitimar a los partidos políticos y a las instituciones que han sufrido desprestigio.

Este planteamiento cabe en un país en el que el orden constitucional se respeta por todos los actores de la contienda política, y de allí que los cambios que se propongan partirán de la aceptación de la validez de la norma vigente.

¿Podría considerarse la vía de un diálogo constitucional para legitimar a los partidos políticos y rescatar la institucionalidad en Venezuela? Es sin duda una posibilidad, sobre todo si luego del evento de la elección de las nuevas autoridades parlamentarias que se avecina queda en el colectivo la convicción de un proceso electoral transparente y de adecuación real a la voluntad del electorado, sean cuales sean los resultados.

Es una posibilidad sólo en la medida en que todos admitan que el mismo habría de partir del texto constituyente en vigencia. Allí estribaría el primer signo de la intención de un diálogo real. Con independencia de los elementos jurídicos a favor y en contra de la legitimidad de los procesos constituyentes, es lo cierto que la Constituyente de1999 fue el primer paso, tomando las palabras de Laureano Márquez (Tal Cual, 10/07/2015), para desmontar democráticamente la democracia. So pretexto de legitimar los poderes constituidos se destruyó la institucionalidad existente o lo que de una institucionalidad en crisis quedaba, y además tomando el poder en todas las instancias se procedió con un modelo político y social contrario al previsto en el texto constitucional.

Lo cierto es que la legitimación de los poderes constituidos no requiere de su eliminación sino de todo lo contrario, dotarlos del necesario consenso y sobre todo de un pacto político que pase por reconocer los principios constitucionales que dan sustento a un Estado de Derecho, principios todos que se encuentran contenidos en la Constitución de 1999. Y que este consenso genere a su vez un pacto de gobernabilidad, el cual presupone la libertad inmediata de todos los presos políticos y el fin de los procesos judiciales a la disidencia.

Sería el fin de una revolución que se ejecuta a través de la desaplicación constitucional continuada de sus principios e instituciones para dar paso a la reconstrucción de un país en base a la aceptación de la Constitución que ella misma se dio.  La reforma constitucional que se proponga debe implicar el reconocimiento del texto a modificar.

El primer paso es identificar precisamente los principios de una norma fundamental cuyo único problema ha sido la tendencia del poder a su inobservancia y la falla de los órganos de control para restablecer las violaciones y reconducir la arbitrariedad a los canales del respeto a la ley.

La separación de los poderes contenida en la Constitución de1961 es la misma que la regulada en la de1999, el problema no es normativo, la falla es de acatamiento y por ende de madurez del sistema político en cuanto a la necesaria sumisión del poder a la Ley. La legalidad, principio contenido en la Constitución de 1961 (artículo 117) y en iguales términos en la de1999 (artículo 136) tampoco necesita modificación alguna, se trata de nuevo de un problema de acatamiento. La Ley limita el ejercicio del poder, la norma de competencia es indispensable para que una autoridad pueda incidir en la esfera jurídica de sus ciudadanos. La reserva legal es la clave de seguridad de un ordenamiento que garantice la interdicción de la arbitrariedad.

Su aplicación no requiere de mayor esfuerzo interpretativo, lo que no está previsto en la ley no es dado al funcionario realizar. Son los mandamientos del Estado de Derecho, esos que no admiten modificación en base a las ideologías, porque son la columna vertebral de un Estado sometido a la ley. El diálogo constitucional debe pasar por la reflexión e identificación de la aplicación real de estos principios, y las propuestas para afianzar su acatamiento, el cual se logra dotando a los poderes constituidos de mecanismos que garanticen la independencia en el ejercicio de sus funciones.

Un diálogo constitucional que en lugar de responder a las ideologías tenga en cuenta al pueblo, como lo sugería el Papa en días recientes al señalar que “Las ideologías terminan mal, no tienen en cuenta al pueblo. Fíjense lo que ocurrió con las ideologías del siglo pasado, terminaron siempre en dictaduras.” Tener en cuenta al pueblo significa admitir que el problema en Venezuela no es de regulaciones sino de sujeción del poder al derecho y para ello deben debatirse propuestas que se encaminen a lograr que exista un control efectivo de los poderes del Gobierno, un poder judicial, electoral y ciudadano verdaderamente independientes. La independencia del poder judicial es fundamental para la interdicción de una generalizada y desbordada arbitrariedad.

Y un orden que rescate el respeto a los derechos humanos fundamentales, que estos sean de todos y no sólo de quienes ejercen el poder o están cercanos a tales círculos o los apoyan. Los derechos de las personas como conceptos inseparables de la condición humana, y por tanto, el reconocimiento de que nadie debe ser sometido a tortura ni a detenciones ilegítimas, nadie debe ser juzgado por delitos que no se hallen previamente establecidos con carácter general y no de forma circunstancial, en la ley, y sancionados a penas igualmente contempladas en la norma, el derecho a manifestar y a expresar el pensamiento según sus propias convicciones y el mandato de sus respectivas conciencias, el derecho a la información plural y otros tantos derechos cuya protección ordena la constitución vigente y los tratados internacionales de la materia.

Que el diálogo constitucional sirva en esta oportunidad para apuntalar el Estado de Derecho, con el reforzamiento de las instituciones que exige un sistema de separación de poderes y el sometimiento del Estado a la Ley. Que pasé por un reconocimiento inicial de aquellos postulados constitucionales que se han venido irrespetando, que se establezca un debate de altura que permita concientizar a parlamentarios, autoridades y pueblo de los principios que aunque contenidos en el texto fundamental son violentados. ¿Hay o no un derecho a la vida y a la dignidad humana en Venezuela, hay o no derecho a la información, libertad de prensa y no censura, hay o no un derecho a la propiedad, hay o no un derecho a la actividad económica privada, acceso a la justicia, a la defensa, a juicio previo y al debido proceso?

Y luego sí, establecer aspectos concretos para una posible reforma, por ejemplo, el rescate de la descentralización territorial, el reforzamiento de la autonomía de estados y municipios en las materias de sus competencias que es otro aspecto de importante consenso porque la autonomía política de los entes territoriales menores también contribuye a la limitación del poder central y a una atención más directa de las necesidades de la población.

En fin, que ha de promoverse un diálogo constitucional porque es necesario iniciar la reconstrucción de la Venezuela de la democracia constitucional, de la Venezuela del reparto territorial del poder, de la Venezuela de la paz y armonía social y la Venezuela del Estado de progreso y bienestar.