• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

¿Cómplice necesario?

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El cómplice necesario se define en derecho penal como aquel quien, sin ser el autor, tiene participación indispensable para que se cometa un delito. Cuando el gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos, decidió soberanamente la deportación de los jóvenes Saleh y Valles, a pesar de tratarse de activistas de organizaciones de derechos humanos y estar bajo regímenes de presentación en procesos penales instaurados como consecuencia de su participación en manifestaciones y actos de protesta en contra del gobierno venezolano (ejercicio del derecho a la disidencia política), se configuró una actuación sin la cual hoy estos no estarían sometidos a la violación de sus derechos humanos, crimen de lesa humanidad, pues es práctica común en Venezuela la persecución judicial contra la población civil que manifiesta su disconformidad con la instauración de un sistema socialista contrario a la Constitución, así como la destrucción de las instituciones que componen el Estado de Derecho en ella diseñado.

Las denuncias de violación de los derechos humanos del joven Saleh ya se habían producido antes de su deportación, y fueron difundidas en los medios de comunicación, en los que expresaba que el mismo había sido “brutalmente golpeado” o “fuertemente agredido” por funcionarios policiales en el estado Barinas, cuando se encontraba realizando una protesta pacífica al encadenarse frente a la sede del circuito judicial de esta entidad, acompañada tal noticia de las fotos correspondientes. 

Ahora, después de la deportación, se está denunciando el maltrato que se le estaría aplicando a estos dos y a otro de apellido Carrero, al estar detenidos en unas celdas (2 x 3) ubicadas en los sótanos del Sebin, cuerpo de policía política, conocidas como “la Tumba” y serles aplicadas tácticas de tortura psicológica, mediante, entre otros, el denominado aislamiento celular.

El aislamiento celular es un viejo sistema penitenciario, aplicado también con fines religiosos y políticos, constituye un método de castigo en el cual la reclusión se caracteriza por el aislamiento del reo, evitando el contacto con otros internos o visita exterior reducida, celdas de pequeña área, el control de los bienes de los reclusos procurando excluir aquellos les permitan conexión con el mundo exterior e incluso impidiendo lecturas que ocupen sus mentes (salvo la Biblia), pues de lo que se trata es de que no piensen en otra cosa distinta a las causas de su reclusión y la situación de privación que padecen, lo cual califica en la modernidad como una forma de tortura. No se pierda de vista que estos jóvenes no son reos sino procesados, lo cual hace aún más grave la posible aplicación de estas tácticas de castigo para la reflexión y arrepentimiento del crimen cometido, circunstancia que en este caso no ha sido establecida.

El defensor del pueblo, en este mundo al revés que hoy nos caracteriza, ha destacado lo que no les hacen a estos presos, al indicar que reciben su comida, la visita de sus abogados y que no han sido físicamente torturados, para luego reconocer, lo que ha debido en la lógica del ejercicio de sus funciones hacer al principio, como es que existen condiciones en las que se encuentran que pueden mejorarse (sin especificar cuáles son estas condiciones susceptibles de mejora) y que son víctimas del retardo procesal. Conveniente sería que el defensor reflexionara en el sentido de que recibir comida no es necesariamente signo de buen trato, como tampoco lo es que se permita la visita de sus abogados, pues la calidad y cantidad de la comida y las condiciones de su ingesta, así como la sola visita de abogados y familiares, si esta es muy limitada, son signos de una reclusión de aislamiento celular, que es una forma de tortura. Además la ausencia de tortura física, no excluye la psicológica, entre las que el aislamiento es una manifestación de ella, pero a la que pueden sumarse otras muchas tácticas que bien valdría la pena constatar si en efecto se estarían produciendo.

El gobierno colombiano justificó su decisión de deportación en una normativa interna, el decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, N° 4000 de 2004, cuyo artículo 105 da competencia al director del DAS para expulsar extranjeros: (i) que, a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten o representen un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o (ii) cuando se haya comunicado por autoridad extranjera que existe providencia condenatoria u orden de captura por delitos comunes.

En este caso ninguno de los dos supuestos se cumplían cabalmente, lo cual para la aplicación de una acción de naturaleza sancionatoria era requisito indispensable. El supuesto (ii) podría estimarse parcialmente cierto, porque aparentemente existían las órdenes de captura, que no la sentencia condenatoria, pero los delitos imputados a ese momento no eran comunes sino de naturaleza evidentemente política: “Instigación e intimidación del orden público, incertidumbre pública y divulgación de información falsa”, todos ellos relacionados con su activismo en pro de los derechos humanos y en conexión con la protesta y manifestación en contra del gobierno venezolano. No eran delitos comunes y no procedía con base en esta norma la deportación.

Adicionalmente, el supuesto (i) que podría haber validado la deportación tampoco existió, y solo mezquinas razones relacionadas con la política fueron las que en verdad primaron en esta decisión. Así se deduce del informe de la Cancillería de ese país en el que se informó que Saleh, a quien calificaban de dirigente político, reconociendo por tanto dicho estatus, fue expulsado porque se encontraba realizando actividades proselitistas. Si a ello se aúna que era conocida su vinculación con el señor Álvaro Uribe, declarado enemigo político del presidente Santos, queda desvelada la verdadera razón de la devolución. En efecto, de estos hechos se deduce que el gobierno colombiano sabía que: (1) Saleh era un activista en derechos humanos y que había sido víctima de su violación;  (2) Saleh era un dirigente político y líder de las protestas y manifestaciones contra el gobierno venezolano; (3) la orden de captura en su contra estaba vinculada con su activismo político y en materia de derechos humanos, luego no se trataba de juicios por delitos comunes; (4) sus actividades en Colombia, aunque pudieran considerarse proselitistas, incómodas para el presidente Santos por su vinculación con Uribe, incorrectas ciertamente para un extranjero, nunca podrían haber sido calificadas como contrarias a la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública; (5) existía el riesgo cierto de que los jóvenes deportados fuera sometidos a tortura o juicio sin garantías.

El artículo 33 de la Convención relativa al estatus de refugiado, que califica quién es perseguido por sus opiniones políticas, establece la prohibición de expulsión o retorno de un perseguido si existe riesgo de su vida o libertad por sus opiniones políticas. Independientemente de la condición formal de refugiado, esta norma contiene un principio general del derecho, porque es de justicia no poner a una persona en una situación de riesgo para su vida o dignidad humana, por una infracción menor o situación de irregularidad en el estatus migratorio.

Había desde el punto del derecho interno y del derecho internacional la posibilidad de dar protección a estos jóvenes, sin embargo, se decidió como en tiempos de monarquía, y con base en la razón de Estado, que en verdad fue en este caso, la razón del gobernante de turno y de sus intereses políticos, optar por sacrificarlos.

Parece que nada ha variado desde los tiempos de los reyes absolutos, en los que de las intrigas de palacio dependía la decisión del monarca, quien en nombre de su pueblo y, por supuesto, por la gracia de Dios, admitía la ejecución de adversarios y de gentes inocentes, pactaban matrimonios de los hijos como mera mercancía para el logro de mayor poder y convocaban a los nobles para a cambio de apoyo respetarles su propiedad y vidas. Y es que hasta la muy católica Isabel, quien a cuenta de su fe permitió un tribunal de la inquisición, que torturaba y quemaba a los infieles y de quien se dice comentó frente a la posibilidad de ordenar la muerte de un niño, hijo del emir de Granada si éste no capitulaba, que a pesar de la monstruosidad que ello implicaba “sería capaz de ordenar su muerte por la vida de Castilla y de los míos” y se preguntaba: “Dios mío ¿en que me he convertido?”.

¿En qué se han convertido quienes permitieron la devolución de estos jóvenes?, cuando menos en cómplices necesarios del crimen que se estaría configurando, si en efecto las condiciones que según el defensor del pueblo a mejorar en este caso fueran las de evitar el aislamiento celular y otras prácticas de maltrato psicológico al que estarían siendo sometidos los jóvenes Saleh y Valles, otros, como tantos, víctimas de la persecución judicial de la disidencia en Venezuela.