• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

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María Amparo Grau

Boicot y otros tipos penales para controlar el mercado

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El artículo 299 de la Constitución permite al Estado la planificación estratégica en materia económica con el objeto de garantizar la soberanía económica del país y la justa distribución de la riqueza. Ello no implica que el Estado pueda a estos efectos criminalizar la actividad económica privada.

Llevar a declarar en el Sebin, cuerpo de policía política, a empresarios, directivos, gerentes y empleados de empresas y dejarlos detenidos bajo la imputación de delitos de boicot y desestabilización económica por irregularidades en la atención al público no es una actividad de programación de la economía, sino de persecución a la empresa privada y a la actividad privada que en su seno se desenvuelve.

La tipificación del delito de boicot es tan amplia que viola el principio de tipicidad en materia penal, conforme al cual el hecho delictivo (el tipo) debe ser precisado en la norma de modo que se describa la conducta a ser sancionada de forma clara, inequívoca y exhaustiva. La Ley de Precios Justos lo define de forma amplia, ambigua y poco precisa, en los siguientes términos: “Quienes conjunta o separadamente, desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios regulados por la Sundde, serán sancionados por vía judicial con prisión de diez (10) a  doce (12) años”.

El boicot y otros delitos conexos pueden agravarse a la aplicación de su límite máximo conforme a la misma ley mencionada, cuando estos procuren la desestabilización de la economía, la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la nación, caso en el cual procederá además la confiscación de los bienes.

La conducta típica (el tipo) debe contener todas las características de la acción prohibida, de modo que la subsunción de la conducta en el supuesto de la norma (tipicidad) sea objetiva y no dependa de la discrecionalidad del sujeto que la aplique.

Las normas antes indicadas incumplen el requisito del tipo, desde que no definen la conducta prohibida, pues el boicot se refiere en general a “acciones u omisiones”, lo cual es cualquier conducta que pueda considerarse subjetivamente enderezada al fin no deseado, “que se impida de manera directa o indirecta las actividades allí contempladas”.

La desproporcionada sanción establecida en esta norma penal, que aunque no en sentido propio, podría considerarse del tipo prohibido “en blanco”, porque permite su aplicación a quien ningún delito ha cometido, apunta a que bien sabe el que la ha dictado que su aplicación permitirá actuar como verdugo a una administración y un sistema de justicia que solo pretende el castigo inclemente aunque no haya culpables, de quienes a modo de escarmiento sirven a la propaganda de un sistema político que atribuye todos los males del pueblo al pueblo mismo y nunca a los errores y malas ejecutorias de su dirigencia.

Basados en esta írrita disposición, violatoria del principio de legalidad penal, el Estado ha privado de su libertad y sometido a enjuiciamiento penal a empresarios, empleados y representantes de empresas en los más variados ámbitos de la actividad económica. Esta criminalización de la actividad privada es totalmente inconstitucional y acarrea responsabilidad del Estado por los daños causados.

La inseguridad jurídica es total, quien desarrolle una actividad económica en Venezuela, o forme parte de una organización que la realice, está en riesgo de ser detenido, imputado, enjuiciado y encarcelado, cuando el juzgador de turno considere que sus acciones u omisiones afectan en cualquier medida la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, o la prestación de servicios, es decir, las distintas manifestaciones de la actividad económica, que por demás están sujetas a reglas del mercado que  no dependen de la voluntad de ninguno de estos sujetos.

El tema es, en definitiva, que por un lado, la Constitución proclama la libertad de empresa, la libre iniciativa privada, el libre desenvolvimiento de la personalidad, la libertad de los particulares a dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia, pero todos estos enunciados constitucionales son violentados por una legislación, una administración y un sistema de justicia en los que a la actividad privada no se reconoce la libertad como derecho individual inalienable.