• Caracas (Venezuela)

María Amparo Grau

Al instante

La Asamblea sí está para cambiar al gobierno

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El papel del Poder Legislativo en el estado democrático de derecho es, precisamente, cambiar al gobierno. No solo es en el estado parlamentario, en el cual la responsabilidad política del gobierno la controla el Parlamento al punto de poder decidir el fin del mandato. En el sistema presidencialista, como el venezolano, también la Asamblea tiene poderes para limitar y controlar al gobierno, y forzar cambios en sus políticas, ejecutorias e incluso en su composición.

Estos cambios deben producirse, eso sí, mediante el ejercicio de las competencias constitucionales por parte de la Asamblea Nacional, competencias que, como tales, son de obligatorio cumplimiento para quienes integran el órgano de legislación. Si el Parlamento abdica en tales potestades, como lo ha venido haciendo, no se darán los cambios necesarios para que el gobierno actúe dentro de los límites de la legalidad y en función de la satisfacción del interés general.

Estos cambios que la Asamblea debe promover se verifican mediante:

1.- El ejercicio de la función legislativa. La Asamblea tiene que dictar las leyes que sirven de marco de actuación al gobierno. El artículo 187 de la Constitución establece las competencias de la Asamblea Nacional y la primera de ellas es dictar las leyes. El principio de legalidad y la responsabilidad del Estado por los daños que este cause se hacen efectivos si la Asamblea dicta las leyes que obliguen al Estado a someterse a derecho.

La Constitución dispone que la ley define las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público (artículo 137), que toda autoridad usurpada es ineficaz, que el ejercicio de este poder acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder (artículo 139) y que el Estado responde por lo daños imputables al funcionamiento de la administración pública.

Si el gobierno actúa con arbitrariedad, la Asamblea puede cambiar esa situación regulando en la ley el límite y la sanción al abuso del poder. Por ejemplo, si el gobierno desconoce la propiedad privada, como ha ocurrido sistemáticamente en los últimos años a pesar de su consagración expresa constitucional en el texto vigente y desde la Constitución de 1811 y en una ley especial que regula y pone límites en la materia, la Asamblea podría modificar la Ley de Expropiación para sancionar esa conducta inconstitucional de forma específica y más grave, estableciendo la responsabilidad personal del funcionario que procede mediante las vías de hecho. 

Sin embargo, una Asamblea que ha delegado en el presidente de la República su facultad de dictar las normas legales mediante leyes habilitantes inconstitucionales, porque contienen delegaciones de plenos poderes, obviamente no cambia gobierno porque renuncia a sus competencias y se pierde la oportunidad de fijar el límite que la ley ha de imponerle.

2.- El ejercicio de la función contralora. Corresponde a la Asamblea Nacional “ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional (artículo 187, 2 de la Constitución). La Asamblea cambia al gobierno en sus políticas y ejecutorias si ejerce estas facultades de control como corresponde. En materia de presupuesto, crédito público y tributaria, es la Asamblea la que tiene que dictar las leyes y controlar al Ejecutivo (artículo 187, 6 y 7 de la Constitución). También en la aprobación de las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación que le presenta el Ejecutivo, y que ella debe controlar (artículo 187, 8 de la Constitución) y en la autorización de los contratos de interés general, así como de los tratados internacionales (artículo 187, 9 y 18).

Pero si la Asamblea no controla el presupuesto ni controla los contratos y acuerdos internacionales que celebra el Ejecutivo, condonando deudas, negociando créditos, suministrando petróleo a precios preferenciales, obviamente que esta Asamblea no será capaz de cambiar lo que el gobierno realice sin limitación alguna en estas materias y en perjuicio del interés nacional.

3.- Mediante el control de las ausencias del presidente de la República del territorio nacional (artículo 187, 17 de la Constitución) cuando sea por un plazo superior a cinco días consecutivos, pudiendo negarla cuando considere que el viaje propuesto en nada beneficia al país o al interés general o cuando estime que las condiciones internas exigen la presencia del máximo jerarca de la administración pública nacional. El ejercicio responsable de esta facultad cambia al gobierno, pues le obliga a adecuarse al juicio político de la Asamblea sobre la conveniencia de las ausencias presidenciales.

4.- Mediante el voto de censura. Y es que la Asamblea tiene la facultad específica de cambiar el gobierno en su composición fundamental, pues está dentro de sus competencias dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo y a los ministros, lo que implica su destitución (artículo 187, 10 de la Constitución). Nada más sano y conveniente en un Estado de Derecho que el Parlamento y con este el ciudadano a través de su representación, ejerza potestades de control y corrección de la gestión de gobierno.

Este juicio político, por ejemplo, bien podría plantearse respecto de la materia de seguridad ciudadana, sobre la cual el Parlamento podría interpelar a los ministros del área para un control riguroso de estos operativos policiales que han generado enfrentamientos con alto número de fallecidos, supuestos delincuentes, que no por tales están excluidos de la obligación del Estado al respeto de sus derechos humanos. También, por ejemplo, cuando se dictó la resolución que permitía el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones públicas, ocasión propicia para que la Asamblea hubiere realizado interpelaciones para obligar a un cambio en esta ejecutoria abiertamente contraria a la letra de la Constitución y a los tratados en materia de derechos humanos.

De forma que el rol de la Asamblea es precisamente el de provocar cambios en el gobierno, en sus ejecutorias, en sus políticas públicas internas e internacionales; en definitiva, es tarea de ella limitar y controlar al gobierno, ello, claro está, en un Estado constitucional de derecho y en el entendido obvio de que no hay gobierno que no cometa errores y deba enfrentar fracasos. Después de todo, aunque dotados de un poder transitorio, los titulares de los cargos públicos son también seres humanos.